IHS, especializada en consultoría electrónica y de medios y antes IMS Research, ha señalado en un comunicado que en los próximos cuatro años el mercado global de cámaras de videovigilancia aplicadas a la seguridad urbana se duplicará en 2017, según los datos recabados en estudios y análisis de mercado.
En este sentido, este incremento de sistemas de videovigilancia en las calles de las ciudades se debe no sólo a una política de mayor proyección ciudadana, sino también a los avances tecnológicos en infraestructura de redes inalámbricas y a los sofisticados sistemas de vídeo globales, que la compañía estima que moverán más de 3.200 millones de dólares.
Según las estimaciones de los analistas de mercado, las necesidades de sistemas de videovigilancia se están transformando en ambos aspectos: por una parte la seguridad en instalaciones públicas y privadas se ha incrementado significativamente con la colocación estratégica de este tipo de dispositivos para disminuir robos, incidentes y mejorar la labor de las fuerzas de seguridad.
Por otra parte, los sistemas de videovigilancia instalados en centros comerciales, instituciones públicas, tiendas, hospitales, centros educativos, etc. han pasado de ser en su mayoría fijos a sistemas en red con una mayor cobertura y con visualización en tiempo real a través de dispositivos móviles en cualquier momento y lugar.
Esta videovigilancia móvil se extenderá cada vez más, según IHS, al entorno de seguridad urbana para registrar cualquier incidente, reducir el delito y ofrecer un control más eficaz a las fuerzas de seguridad a nivel mundial, a tenor de los últimos incidentes desarrollados en Turquía, Siria, Egipto o Brasil, y a la amenaza terrorista.
Como señala Paul Bremner, analista de mercado para ciudades seguras y servicios de seguridad de IHS, “los sistemas de videovigilancia urbana deben proveer imágenes claras y utilizables para que los departamentos de policía puedan conducir investigaciones de forma efectiva cuando sea necesario”.
Uno de los retos y debates de todo ello es la privacidad del ciudadano, que quedaría prácticamente relegada a su propio hogar, tal y como señalan otros analistas y también organizaciones a nivel mundial, que denuncian que no se trata de protección sino de control social con fines políticos.
Fuente: Digital AV Magazine
La Agencia Española de Protección de Datos ha sancionado con 6.500 euros a un bar de la capital onubense por la instalación de videocámaras en el local sin informar a los clientes de la existencia de las mismas y sin inscribir un fichero con la finalidad de 'Videovigilancia" en el registro de dicha agencia.
En la resolución de la AEPD, a la que ha tenido acceso Efe, consta que se abrió en primer momento un expediente de Actuaciones Previas de Investigación para constatar y comprobar la veracidad de la denuncia presentada.
En este sentido, en fecha 27 de septiembre de 2012 se solicitó la colaboración de la Policía Local de Huelva que en su escrito de respuesta confirmó la existencia de las cámaras sin cartel informativo.
Con fecha 17 de enero de 2013 se adjunta al expediente diligencia de la Inspección de Datos en la que se hace constar que no existe inscripción de fichero con finalidad de videovigilancia en el Registro General de la Agencia Española de Protección de Datos cuyo titular sea el imputado en el presente procedimiento.
Tras eso se le requirió al propietario del local, sin éxito, la remisión de fotografías que acreditaran tener en el establecimiento dichos carteles informando de la presencia de las cámaras y en los que se especifique a la persona o entidad ante la cual ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, y su inscripción en dicho registro.
El artículo 44 de la LOPD considera que es infracción grave "no atender los requerimientos o apercibimientos de la Agencia Española de Protección de Datos o no proporcionar a aquélla cuantos documentos e informaciones sean solicitados por la misma".
En el presente caso, quedó acreditado que no se atendió el requerimiento efectuado en la resolución de apercibimiento notificada al denunciado.
El hecho constatado de la falta de atención al requerimiento del la AEPD al imputado en este procedimiento, establece la base de facto para fundamentar la imputación de una infracción tipificada como grave por la Ley Orgánica de Protección de Datos, por lo que se acuerda imponerle una multa de 6.500 euros.
Fuente: Andalucía Información
El Ayuntamiento de Madrid se plantea utilizar como mínimo unas 1.250 cámaras para identificar a los grafiteros, según ha señalado este lunes el delegado de Medio Ambiente y Movilidad del Consistorio madrileño, Diego Sanjuanbenito.
El edil ha especificado que para este fin el Área de Seguridad y Emergencias aportaría cien cámaras y su área facilitaría 1.150 aparatos (250 cámaras de control de acceso a las áreas de prioridad residencial y cámaras de vigilancia de tráfico en superficie, más 900 cámaras de los túneles de la ciudad).
Así lo ha indicado Sanjuanbenito tras presentar las obras de infraestructura para la conducción de Agua Regenerada hasta el Parque Forestal de Villaverde y después de que el delegado de Seguridad y Emergencias, Enrique Núñez, haya señalado que el Consistorio trabaja en un informe jurídico sobre el uso de cámaras para facilitar la identificación y sanción de las personas que realizan 'pintadas'.
De hecho, el delegado de Medio Ambiente y Movilidad ha condicionado este proyecto de su Área a que el informe considere "valido" el uso de las cámaras del Consistorio para luchar contra las 'pintadas'. Su limpieza cuesta a las arcas municipales unos 9 millones de euros al año, que según ha destacado, "podrían emplearse en muchas otras cosas constructivas para la ciudad".
"Utilizaremos todas las cámaras que tiene el Ayuntamiento desplegadas en la ciudad, siempre y cuando tengamos el respaldo jurídico para hacerlo", ha señalado Sanjuanbenito, quien ha concretado que el Consistorio se plantea el uso tanto de las cámaras de seguridad ciudadana, como las cámaras de control de acceso a las áreas de prioridad residencial o las cámaras de vigilancia de tráfico. Sobre estas últimas, Sanjuanbenito ha reconocido que son "menos efectivas porque están a más distancia".
Preguntado sobre el número de cámaras que se emplearía, el delegado ha especificado que el Área de Medio Ambiente y Movilidad aportaría, entre cámaras de control de acceso a las áreas de prioridad residencial y cámaras de vigilancia de tráfico en superficie, unas 250. A estas cámaras habría que sumar las 900 de los túneles de la ciudad y que también dependen del Área de Sanjuanbenito.
Además, el Área de Seguridad y Movilidad aportaría las cien cámaras con las que cuenta en el distrito Centro. Todo ello supondría unas 1.250 cámaras a las que, según ha apuntado Sanjuanbenito, "podrían sumarse las cámaras de vigilancia exterior de los edificios municipales".
En definitiva, un número "importante" de cámaras que, según ha destacado el delegado, serviría para analizar imágenes de las 'pintadas' e identificar a las personas que las ejecutan, especialmente en casos de reincidencia.
SANCIONES CON LAS QUE SE RECAUDA 10 VECES MÁS
El delegado ha defendido el refuerzo de la cuantía de sanciones a pagar por este tipo de prácticas que ha llevado a cabo el Consistorio madrileño en los últimos años. De hecho, Sanjuanbenito ha apuntado que "al mismo número de sanciones, prácticamente, ahora (el Ayuntamiento) recauda diez veces más" que hace unos años y ha destacado que su Gobierno "no renuncia a ningún método" para combatir esta práctica.
"Yo desde luego no renuncio a que utilicemos cualquier herramienta que esté a nuestra disposición para identificar a quienes son estos vándalos y poder perseguir sus agresiones y multarlas como es debido", ha destacado el delegado, quien ha apuntado también que las cámaras del Ayuntamiento son "recursos propios".
Por último, el delegado ha hecho un llamamiento a los vecinos para que sean "conscientes" de que realizar grafitis es una práctica "agresiva contra Madrid" y, por ello, ha abogado por que la gente pueda decir a aquel que "esté protagonizando uno de estos actos vandálicos" que no lo haga de una manera "preventiva" para no tener que actuar "tanto contra las consecuencias".
Fuente: Lainformacion.com
Diez cámaras que han sido instaladas en diferentes sitios del municipio ayudarán a dar seguridad a la población, luego que ayer fuera inaugurado el proyecto de videovigilancia por parte de la comuna santaneca.
Sin embargo, para que este proyecto comenzara a funcionar debieron transcurrir cerca de 14 meses desde que lo ofreció el alcalde, entonces recién electo, Alfredo Peñate.
El edil prometió que las cámaras iban a estar funcionando al término de la administración pasada, cuando él finalizó como alcalde interino.
Uno de los principales atrasos fue el poco interés que tuvieron las empresas en participar en el proceso de licitación.
El alcalde dijo que el proyecto "varias veces se declaró desierto en algunas cosas", sin especificar una cifra exacta.
Sin embargo, la Oficina de Información y Respuesta (OIR) de la alcaldía informó, el 19 de junio, que "la primera convocatoria se declaró desierta, por lo que hubo necesidad de hacer una segunda convocatoria".
Peñate dijo que la inversión en las cámaras fue de 65 mil dólares. A eso se suman $2,000 que usaron para la compra de páneles solares, que fueron instalados en el cerro Santa Lucía donde funciona la antena que capta la señal de las cámaras a través de una frecuencia que adquirió la alcaldía para tal fin.
El alcalde expresó que los páneles solares garantizarán que el sistema de videovigilancia funcione las 24 horas.
Estas cámaras son parte de una primera fase. Fueron instaladas en sitios donde la Policía Nacional Civil (PNC) registra más casos de asaltos.
Entre dichos sitios están los mercados, la terminal municipal y el parque Colón, entre otros.
Son 12 técnicos los que estarán a cargo del centro de monitoreo, que fue instalado en las instalaciones de la municipalidad.
En el centro de monitoreo no habrá personal de la Policía o del Ejército, sino que habrá un enlace con un miembro del Cuerpo de Agentes Municipales (CAM) para que éste dé aviso a la PNC cuando ocurra algún delito y lo haya captado la cámara.
El director del CAM, Carlos Granillo, expresó que la segunda fase se prevé iniciar en septiembre próximo.
Instalarán otros 12 aparatos, principalmente en algunos centros educativos y universidades.
Una tercera etapa, antes de finalizar el año, será la colocación de otras 10 cámaras, para tener en total en el 2013, 32 aparatos en diferentes puntos de la ciudad.
El director del CAM expresó que cada cámara tiene un alcance de 280 metros y pueden rotar 360 grados.
Además tiene una visión a través de infrarrojo, que permite captar adentro de un vehículo, aunque tenga sus vidrios polarizados.
El jefe de informática de la alcaldía, Walter Aguilar, expresó que las cámaras que están instaladas cuentan con la mejor tecnología para la videovigilancia.
Agregó que también pueden resistir impactos con objetos contundentes, en caso de que los delincuentes quieran hurtarlas o sacarlas de funcionamiento.
El centro de monitoreo tiene la capacidad de almacenar durante 30 días lo que cada cámara capte.
Sin embargo, dijo que eso puede ser más tiempo de acuerdo con las necesidades del centro de monitoreo.
Fuente: El Diario de Hoy
Los polígonos industriales de la Comunitat Valenciana afrontan el agosto más peligroso que recuerdan. Tienen todos los factores para sufrir una larga lista de butrones y robos mientras que las medidas para evitarlos no existen. La caída de la actividad industrial es el origen de esta situación, ya que se prevé que una gran parte de las naves se cierren durante el mes de agosto. «La primera y la última semana de agosto puede haber algo de actividad pero la mayoría de las naves estarán cerradas en las semanas centrales», explica Diegó Romá, gerente de Fepeval (Federación de polígonos industriales de la Comunitat Valenciana).
Santiago Salvador, presidente de Fepeval, sentencia: «Los polígonos industriales tememos una oleada de robos durante el mes de agosto. No hay seguridad privada, los polígonos tienen muchas naves vacías. Si sumamos las que cerrarán, tenemos que existe un alto riesgo».
La crisis económica ha llevado a que en todos los polígonos existan una gran número de naves abandonadas y, las que siguen abiertas, tengan menos actividad, por lo que cierran en verano. Esto convierte a las áreas industriales en zonas más abandonadas, lo que, según Fepeval, supone un aumento del riesgo de actos vandálicos. Esta circunstancia se agrava especialmente por la falta de seguridad privada que existe en la mayoría de polígonos.
Pese a que estas dos causas son las que justifican el temor a la oleada de robos, desde Fepeval se puntualiza que la falta de un registro y control de los polígonos industriales de la Comunitat es el factor determinante. El único dato que tiene Fepeval, que es la única asociación que aglutina los polígonos de la región, es que existen en la Comunitat 715 áreas industriales de las que sólo el 15% tienen algún tipo de asociación que une a los empresrios. Esto significa que en más de 600 polígonos de Valencia, Alicante y Castellón no se sabrá en septiembre qué número de robos han ocurrido. No hay ningún control.
«La mayoría de áreas industriales carece de una asociación que las una y eso significa que no tienen ningún servicio. Por supuesto, no cuentan con seguridad ni hay nadie que vele por lo que ocurre. Si hay robos, el empresario se callará y no lo contará porque no tiene a nadie a quién hacerlo, por lo que desde Fepeval no podemos hacer nada», explica Santiago Salvador.
El presidente de esta asociación lamenta que los polígonos industriales sean «los barrios olvidados». «Pese a ser los que más impuestos pagan, son los que menos reciben», denuncia. De hecho, la única forma de lograr seguridad es contratarla de manera privada.
Fortín en Fuente del Jarro
Joaquín Ballester, gerente de Asivalco, asociación a la que están afiliados obligatoriamente todos los industriales de Fuente del Jarro, se muestra tranquilo ante el mes de agosto. «Nos hemos convertido en un fortín. No creo que los ladrones nos elijan», asegura. Desde la semana que viene ya está operativo en Fuente del Jarro de Paterna un sistema de cámara de videovigilancia conectadas por wifi con la Policía Local. «Este sistema lee las matrículas de los coches que entran en el polígono y las coteja inmediatamente con la base de datos de Policía Nacional haciendo saltar una alarma», explica Ballester.
Esta falta de asociacionismo es la que provoca que desde Fepeval no puedan preparar un plan que reduzca la violencia esperada en los polígonos. «Lo único que podemos hacer es pedir que todas las áreas industriales creen su asociación», sugiere Santiago Salvador.
Diego Romá, gerente de Fepeval y que anteriormente gestionaba el polígono de Moncada, puntualiza que, además del asociacionismo, es importante la fórmula que se elige para la misma. «En Moncada es voluntario por lo que hay empresas que se han dado de baja para ahorrar costes. Esto hace que el servicio de seguridad se tenga que pagar entre menos socios, lo que eleva la cuota. Esto es injusto ya que es un servicio del que se benefician todos los miembros del polígono».
Fuente: Las Provincias