Un soldado francés fue agredido con arma blanca muy cerca de la carótida.

Se intensifica la búsqueda de un hombre de unos 30 años, un metro 90 de estatura y rasgos norafricanos que el sábado por la tarde atacó con un arma blanca a un soldado francés en el barrio parisino de La Defense, y le provocó una herida en el cuello a dos centímetros de la carótida.

El episodio ha sido relacionado de inmediato con lo ocurrido el miércoles en Londres, cuando un soldado británico fue atropellado y luego degollado por fanáticos islamista que afirmaron actuar “en nombre de Alá”.

El ministro del Interior, Manuel Valls, dijo en el canal de televisión TV5 que hay “elementos” que pueden conducir a pensar que el ataque fue un acto terrorista. Pero pidió prudencia y esperar los resultados de la investigación.

El soldado herido se llama Cédric Cordier, tiene 23 años –dos menos de los que se dijo en principio-, y se recupera de sus heridas en un hospital militar.

El ataque se produjo cuando el militar patrullaba en el intercambiador de La Defense, un sitio donde confluyen varios medios de transporte, hay numerosas tiendas y es muy concurrido los fines de semana. Y el patrullaje se hacía en el marco del plan de prevención del terrorismo Vigipirate.

El sábado por la noche, el fiscal de Nanterre (oeste) Robert Gelli indicó que la Fiscalía antiterrorista de París se hacía cargo del caso. El fiscal dijo que el militar fue agredido por detrás y que además recibió un golpe en la nuca.

Las autoridades francesas revisan exhautivamente las numerosas cámaras de videovigilancia que hay en la zona para tratar de tener más información sobre el agresor y lograr su captura .

El presidente francés, François Hollande, declaró que “hasta ahora” no se han establecido vínculos con el asesinato de Londres, pero que hay que tomar en cuenta “todas las hipótesis”, así que “no descartamos ninguna”.

Esta es la primera agresión de este tipo contra un militar en Francia desde el asesinato, en marzo del 2012, de tres paracaidistas en Toulouse, en el sur de Francia, asesinados por Mohamed Merah, un joven adepto del islam radical, quien asesinó también a tres niños y a un profesor judío.

En cuanto a la investigación por el asesinato del soldado británico, un hombre de 22 años fue arrestado ayer en el norte de Londres por agentes antiterroristas. Y ya son cuatro los arrestados por este caso.

Fuente: ElTiempo.com

La Agencia Española de Protección de Datos considera que las cámaras de videovigilancia instaladas por el Ayuntamiento de Alicante en los parques y en el exterior de colegios como arma contra el vandalismo carecen de autorización y, por tanto, no disponen de habilitación legal para captar imágenes.

Es por ello que la agencia ha abierto un expediente al consistorio en el que advierte de que podría estar cometiendo una infracción de la ley Protección de Datos tipificada como grave y le da 15 días para presentar alegaciones antes de emitir una resolución que podría llevar aparejada la obligación de tomar medidas correctoras.

La maquinaria de la Agencia de Protección de datos se puso en marcha a raíz de unadenuncia presentada hace un año por el Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos (SPPLB) en la que hacían constar la falta de información recibida sobre el contrato que finalizará el próximo octubre, las deficiencias detectadas y las dificultades de acceso a las grabaciones por parte de los agentes pese a que, tal y como constata la entidad pública, las Fuerzas de Seguridad tienen la competencia de controlar estos sistemas de videovigilancia.

Aunque desde el área de Atención Urbana -responsable del contrato- trataron de justificar a petición de la Agencia el cumplimiento de los requisitos para la instalación de estos dispositivos, desde el organismo público han decidido iniciar el expediente de infracción al considerar que el casi medio centenar de cámaras colocadas en los parques de la Ereta, Palmeral, Lo Morant y el exterior de varios colegios carecen de la autorización administrativa necesaria y no tienen la habilitación legal. Este organismo de control no matiza en su escrito qué tipo de autorización se precisa, pero fuentes del sindicato SPPLB sostienen que entre los requisitos están contar con la resolución favorable de la comisión de garantías de la videovigilancia y haberse dado de alta en el fichero de videovigilancia.

En el mismo escrito en el que la entidad pública comunica su decisión de abrir expediente al Ayuntamiento, este organismo sostiene que los hechos podrían ser constitutivos de una infracción grave de la Ley de Protección de Datos y apunta que el tratamiento de los datos de carácter personal debe requerir elconsentimiento de los afectados.

Fuentes de este organismo, confirmaron la existencia de la denuncia contra el Ayuntamiento y explicaron que, con carácter general, cuando hay indicios de que una administración pública puede haber vulnerado la legislación se abre un "procedimiento de declaración de infracción", que es lo que se ha hecho en el caso de Alicante. Una vez que se constata la infracción, desde este organismo indican que la sanción, cuando se trata de una administración pública, no es económica sino que consiste en exigir la adopción de medidas. Desde la Agencia también se comunica al defensor del Pueblo las resoluciones dictadas.

Una vez iniciado el proceso, desde el área de Atención Urbana pueden presentar alegaciones, si bien ayer declinaron realizar declaraciones al respecto al asegurar que todavía no habían recibido el documento de la Agencia de Protección de Datos comunicando el inicio del proceso de infracción.

En un informe previo remitido a la entidad pública, desde el área que dirige Andrés Llorens indicaron que hay 41 cámaras instaladas grabando los accesos y viales de parques y alrededores de dos colegios y que se implantaron para tratar de disuadir a los vándalos. Aunque desde Atención Urbana sostienen en ese informe que las imágenes no se quedan grabadas, desde el SPPLB lo rechazan por la propia finalidad de las cámaras y las declaraciones anteriores realizadas desde el área municipal. Al respecto, denuncian las dificultades de los agentes para acceder a las mismas. Desde el sindicato vienen reclamando el pliego de condiciones del contrato para saber "cuántas cámaras hay, dónde y quién custodia los equipos de grabación". Una información que, a día de hoy, siguen sin recibir. Los agentes inciden también en las deficiencias del sistema, con cámaras que no funcionan.

Fuente: Información

MOBOTIX, el mayor fabricante mundial de sistemas en red de videovigilancia de cámaras megapíxeles, participa en la II jornada de técnicas de seguridad en centros sanitarios.

Se trata de un evento científico que tendrá lugar del 4 al 7 de junio de 2013 en Albacete, que reunirá a todas aquellas personas relacionadas con el mundo de la seguridad en el ámbito hospitalario, y cuyo tema principal en esta ocasión será la emergencia.

MOBOTIX participará, además de con stand por parte de Informática del Este que llevará todos los modelos de cámara del fabricante alemán, con la realización de un taller práctico que impartirá Alfredo Gutiérrez, Responsable técnico de proyectos, y que explicará las diversas soluciones IP que la compañía ha desarrollado, así como sus ventajas y sencillo manejo.

“El tema de la seguridad en los centros sanitarios es algo de vital importancia sobre todo respecto al tema central de las jornadas de este año: las emergencias”, comenta Jesús Garzón, Director para el Sur de Europa de MOBOTIX AG. “En este aspecto MOBOTIX tiene soluciones completas muy punteras que pueden ayudar a los centros sanitarios a ser más eficaces”.

Fuente: sunotadeprensa

Protección de Datos constata que la cámara de Costa d´en Blanes está inactiva.

La Agencia Española de Protección de Datos ha concluido la investigación sobre una cámara de videovigilancia en Costa d´en Blanes a raíz de una petición vecinal. Este organismo ha constatado que el dispositivo está inactivo, por lo que no capta imágenes, si bien ha efectuado un requerimiento para que deje de enfocar a la vía pública. 
La investigación se inició a mediados del año pasado después de que un grupo de vecinos solicitasen una aclaración sobre la situación legal de la cámara, ubicada en la calle principal de esta urbanización en una caseta ocupada por el servicio de seguridad privada.

Sin letrero informativo
Los vecinos había expresado su extrañeza por el hecho de que no hubiese ningún letrero que avisase de la presencia del dispositivo de seguridad, y consideraban que podría estar vulnerándose su derecho a la intimidad. 
La normativa actual obliga a colocar un cartel identificativo en el que quede claro que se trata de una zona videovigilada y en el que se incluya la dirección del responsable de la instalación para ejercitar los derechos contenidos en la Ley Orgánica de Protección de Datos. 
En su página web, la Agencia Española de Protección de Datos recuerda además que la "videovigilancia en la vía pública está reservada a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado". 
En Calvià, el Ayuntamiento ha instalado en los últimos años cámaras en las calles de núcleos turísticos como Magaluf, Santa Ponça y Peguera, unos dispositivos que se supervisan desde una sala de control ubicada en el cuartel de la Policía Local de Calvià, en el polígono de Son Bugadelles.

Fuente: Diario de Mallorca