El incremento continuado de los robos en propiedades privadas durante estos últimos años ha llevado consigo un aumento paralelo de instalaciones de sistemas de videovigilancia, un recurso que, por otra parte, levanta dudas respecto al tratamiento de las imágenes grabadas. En este sentido la última Conferencia Internacional de Autoridades de Protección de Datos giró en torno a la necesidad de adecuar la videovigilancia a las exigencias del derecho fundamental a la protección de datos.
El marco en que se mueve  la Instrucción 1/2006 de la Agencia Española de Protección de Datos es claro y conlleva a adecuar los tratamientos de imágenes con fines de vigilancia y garantizar los derechos de las personas cuyas imágenes son tratadas por medio de tal procedimiento.
En relación a los sistemas de videocámaras, éstas deben respetar el principio de proporcionalidad, lo que supone, siempre que resulte posible, adoptar otros medios menos intrusivos a la intimidad de las personas, con el fin de prevenir interferencias en derechos y libertades fundamentales.
La AEPD establece que sólo se considera admisible la colocación de cámaras o videocámaras cuando la finalidad de vigilancia no pueda obtenerse mediante otros medios que, sin exigir esfuerzos desproporcionados, resulten menos intrusivos para la intimidad de las personas. Asimismo, las videocámaras instaladas en espacios privados no podrán obtener imágenes de espacios públicos salvo que resulte imprescindible para la finalidad que se pretende o resulte imposible evitarlo por su ubicación.

Fuente: La Tribuna de Albacete

La mujer del presidente de la Generalitat, Cristina Fontanet, acudió ayer a la Ciudad de la Justicia de Castelló para prestar declaración en un juicio de faltas, por una denuncia que interpuso a dos jóvenes a raíz de unos supuestos altercados en su casa. Según informaron desde el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), la vista se suspendió "porque faltaban citaciones de testigos" y quedó "pendiente de nuevo señalamiento". El abogado de la defensa explicó que los policías que supuestamente vieron los hechos no fueron citados, "por un error de forma".
Las mismas fuentes apuntaron que la denuncia se interpuso después de que, durante una manifestación, los acusados manipularan y dañaran, supuestamente, las cámaras de vigilancia de la casa en la que el día de los hechos residían Alberto Fabra y su mujer. El altercado se produjo el 11 de septiembre durante un acto de protesta convocado por el Consell d'Estudiantat de la Universidad Jaume I (UJI) en protesta por la actuación policial que hubo en la UJI en el acto de inauguración del curso que acaba de finalizar. En la ceremonia inaugural, los estudiantes lanzaron huevos al presidente y la policía retuvo a varios universitarios por estos hechos. Los jóvenes denunciados fueron acompañados por varios miembros de la asociación Caixa de Resistència (surgida contra lo que ellos llaman los "abusos de este sistema explotador, injusto y cada día más autoritario") quienes mandaron un comunicado asegurando que el juicio transcurrió "en medio de una serie de incoherencias que hacen pensar que estamos delante de una actuación policial encaminada a criminalizar la lucha política".
La Caixa de Resistència de Castelló consideró que se debería absolver a los dos denunciados y, de nuevo, criticó que la policía no se personara en el juicio, "probablemente debido a la imposibilidad de mantener la acusación". Asimismo, aseguraron que Cristina Fontanet "llegó tarde" y "desconocía los motivos del juicio", además de criticar que la sala fuera desalojada cuando los juicios son públicos. Desde el TSJ informaron que la sala se desalojó, "incluida la denunciante", para "valorar con las partes si se podía celebrar teniendo en cuenta que los testigos no habían sido citados. Esas deliberaciones son a puerta cerrada". Desde la agrupación consideraron "lamentable" el "papel jugado" por la esposa de Fabra "por prestarse a participar en unos hechos como estos". Por último, la agrupación volvió a denunciar la actuación de la policial que, según dicen, "pretende impedir que los jóvenes se movilicen".

Fuente: levante.emv.com

Las obras de la nueva comisaría de la Guardia Urbana de Tarragona avanzan a buen ritmo y el próximo mes de septiembre ya podría entrar en funcionamiento en la zona de Joan XXIII, tras mil y un problemas con las constructoras responsables del proyecto, básicamente por dificultades de financiación y algún que otro desacuerdo con el Ayuntamiento. El traslado a las nuevas dependencias siempre fue condición sine qua non para tirar adelante otra ambiciosa actuación que hace años que el gobierno municipal tiene entre manos: la instalación de cámaras de videovigilancia en las calles y plazas de la Part Baixa de la ciudad, una de las zonas más afectadas por el pequeño vandalismo nocturno, especialmente los fines de semana. El consistorio ya ha concretado las ubicaciones de los dispositivos, una treintena en total.

La Part Baixa será la primera zona de Tarragona que contará con cámaras de videovigilancia para frenar los actos incívicos y que se suelen cebar con el mobiliario urbano -especialmente a través de la quema de contenedores, papeleras o daños en bancos- y contra los coches y motos que están aparcados en las calles y que durante los fines de semana sufren robos o desperfectos en retrovisores u otros elementos. Las urbanizaciones de Llevant hace tiempo que también reclaman esta medida para frenar los robos en viviendas que padecen puntualmente pero el proyecto no está tan maduro como el de la Part Baixa, reivindicación histórica de sus residentes.

Según el presidente de la Asociación de Vecinos del Barrio del Port, José Ruiz, “el gamberrismo es el pan de cada día y necesitamos soluciones eficaces para ahuyentar a los individuos que hacen estas salvajadas”. El líder vecinal valora positivamente que este mismo año se instalen los aparatos en calles como Apodaca, Unió, Pau del Protectorat, Rebolledo y plaza dels Carros, los puntos más sensibles porque se trata de vías de paso para la gente que sale de juerga los jueves, viernes y sábados, y vigilias de festivos, los días más “conflictivos” en la zona, que concentra un 10% del total de denuncias que se registran en un año en la capital.

Las cámaras funcionarán esos mismos días, en un horario de diez de la noche a siete de la mañana. El teniente de alcalde de Seguridad Ciudadana, Carles Castillo, ha explicado que los dispositivos se controlarán de forma centralizada desde la nueva comisaría de la Guardia Urbana, “condición indispensable porque en las actuales instalaciones es imposible y no habría sido lógico hacer la inversión para trasladar el sistema en poco tiempo a las nuevas dependencias”. El presupuesto de las cámaras de videovigilancia será finalmente de 150.000 euros, después de que se revisara a la baja reduciéndolo prácticamente a la mitad.

Ubicaciones estratégicas

El Ayuntamiento de Tarragona ya ha establecido los 24 puntos donde se ubicarán las cámaras y el ángulo de visión que tendrán. Se instalarán a una altura de entre tres y siete metros, en fachadas o farolas, y siempre de acuerdo con los vecinos, a la vez que se colocarán carteles que avisarán de la existencia de los aparatos. Además de los 24 puntos en calles y plazas habrá cámaras en el paso subterráneo de la plaza dels Carros –muy afectado por los actos vandálicos– y en las inmediaciones de las escaleras mecánicas del Palau de Congressos.

Fuente: La Vanguardia

La calle Maior de Verín, situada en pleno casco viejo, será dotada de cámaras de vigilancia para identificar a los gamberros que durante el fin de semana destrozan el mobiliario público, jardineras y bancos.

Así lo aseguró ayer el alcalde, Juan Manuel Jiménez Morán, que ya tramitó la solicitud ante la Subdelegación del Gobierno para instalar los aparatos a la mayor brevedad posible.

El regidor tomó esta decisión tras los destrozos registrados durante este pasado fin de semana. 'Estou indignado, porque aínda que todos os fines de semana se rexistran estragos, nunca se chegou ata este nivel, é bochornoso que vándalos e desvergonzados derriben xardineiras, rompan prantas ou árbores como magnolios ou camelias, non para roubalas senón para destruílas e arroxalas ao lado dos colectores do lixo', indicó.

Las plantas y jardineras ornamentales ya habían sido repuestas en la mañana de ayer y el regidor recordaba que 'se as persoas que fan esto son de Verín que saiban que eles o están pagando, porque a reparación destes desperfectos sae o do orzamento xeral do Concello, é dicir, do peto de todos os verinenses', lamentó.

El grupo de gobierno, además de la instalación del sistema de videovigilancia, solicitaba la colaboración ciudadana para poder identificar a los autores de los desperfectos. 'Teño por seguro que a única solución para acabar con esta situación e rascándolles o bolsillo, pagando os danos', añadió Jiménez Morán.

La calle Maior, que enlaza la plaza de García Barbón con la travesía que forma la carretera N-525, está incluida dentro del proyecto de peatonalización del casco viejo. Hace más de un año, fue dotada de amplias jardineras de acero forjado en las que crecen camelias y magnolios, mezclados con numerosas plantas como petunias, geranios y pensamientos con el objetivo de embelleces del casco antiguo. 

Ayer varios vecinos condenaban los destrozos al tiempo que solicitaban medidas para evitar nuevos daños. 'Sabemos que la Policía Local no puede atender a todo, pero algo habrá que hacer', explicaba un comerciante, culpando de la situación a la movida nocturna. 'Hay gente que se emborracha y después solamente le da para hace daño', añadió.

La Policía Local tenía ayer instrucción de incrementar la vigilancia en la zona durante los fines de semana. El grupo de gobierno también solicitó la colaboración de la Guardia Civil.

En la actualidad, el Concello ya tiene cámaras en otras zonas del casco viejo para evitar el acceso de vehículos.

Fuente: La Región Internacional