Se apagaron las luces y aunque no había pochoclos, en la fiscalía de Saavedra se sentaron a ver la función. El avance prometía un policial de aquellos, con malos muy malos apuñalando a uno que fue malo y que ahora dice jestar redimido, todo condimentado con padrinos de peso. Pero durante los 45 minutos que duró la película, nada ocurrió. ¿Qué pasó? Simple, River borró las imágenes que sus cámaras de seguridad tomaron el sábado 30, el día en que Sergio Ferreyra denunció haber sido apuñalado por los capos de la barra oficial al regreso de Avellaneda, tras el partido contra Racing, acusado de haber filtrado el dato de que Los Borrachos se habían reunido días atrás en el club con la Juventud Sindical que lidera Facundo Moyano.
Ante la sorpresa, River comunicó por nota oficial que las imágenes no estaban porque lel protocolo de seguridad interno del club habilita a volver a grabar sobre una misma cinta cada 48 horas, y oh casualidad, a la institución se le informó sobre la denuncia de los hechos 72 horas después, por lo que la actitud de River legalmente no tiene fisuras.
A sabiendas de lo ocurrido, Gendarmería volvió ayer al club (el allanamiento se había hecho el miércoles) para buscar los CPU, las computadoras que guardan toda la memoria. Quieren saber si quedó asentado algún registro de que antes de borrarse, las imágenes fueron traspasadas a un disco externo. Si bien descubrir esto no es una tarea sencilla, un perito informático comenzará a trabajar sobre el tema hoy mismo. Y ante la pregunta a los empleados de cómo puede ser que hayan borrado cintas donde puede haber imágenes de un delito, la respuesta llevó a la indignación: “Ese día River no era local y casi no había movimiento en el club, por eso no se prestó tanta atención”. Insólito.
La causa, además, pasó del juzgado 18 al cuatro, a cargo del juez Cilleruelo, el mismo que entiende en las otras causas abiertas a Los Borrachos del Tablón.
FUENTE: www.ole.com.ar
En el marco de la segunda sesión legislativa que se llevó a cabo en la ciudad de Berisso, REALPOLITIK entrevistó al presidente del bloque Frente Justicialista para la Victoria, Rubén Murdolo, quien se refirió a la jornada especial solicitada por el arco opositor. En ese sentido, el edil confirmó la presencia del oficialismo en dicha reunión.
A continuación, la entrevista completa.
RP.- ¿Por qué ustedes votaron por la afirmativa en el veto que entregó el departamento ejecutivo en el expediente de la tercera edad?
El veto se origina por una mala conformación de una ordenanza. Cuando se hace la ordenanza se agrega un inciso a la creación del centro de la tercera edad, fue un error que cometimos todos los concejales y del cual me hice cargo, al igual que mis compañeros de bloque.
Nosotros aprobamos el veto porque consideramos que la ordenanza está mal hecha. El Consejo de la Tercera Edad tiene la potestad de hacer los convenios con los que ellos quieran a través de entes provinciales, nacionales o privados para conseguir un asesoramiento. Esa ordenanza además de estar mal confeccionada, no era necesaria.
RP.- Respecto al tema de las cámaras de seguridad, no están de acuerdo que se solicite la presencia del secretario de Gobierno.
No estamos de acuerdo en votar la sesión especial para que venga el secretario de Gobierno. Acá teníamos que tener una reunión de la comisión de Seguridad con las personas involucradas, tanto el jefe de operaciones municipal como el secretario de Gobierno y la persona encargada del mantenimiento del sistema de cámaras.
Se podía haber hecho con todos los concejales, como lo hemos hecho muchísimas veces, por ejemplo, cuando recibimos a la gente de Panimex y de la aceitera. Hoy hacer una sesión especial esconde una interpelación que no es necesaria.
Si nosotros tenemos datos de que se están haciendo las reparaciones pertinentes para que las máquinas funcionen, y en un lado del informe dicen que son adrede algunas interferencias, eso tenemos que verlo y cómo podemos solucionar el problema.
Hoy no tenemos la mayoría, ellos decidieron hacer una sesión -nosotros no estamos de acuerdo con esa sesión- para que vengan a dar las explicaciones pertinentes. Pero quiero que se agregue al técnico que hace la reparación e instalación de las cámaras.
RP.- ¿Se van a presentar ustedes a esa sesión?
Por supuesto que sí, no voy a dejar que venga solo el secretario de Gobierno y que las fieras lo devoren.
RP.- Respecto a la oficina municipal de Atención al Cliente (OMIC) que tanto prometió el intendente, se volvió a presentar un expediente, ¿qué va a suceder?, ¿se va a crear o no en la ciudad?
El tema es el siguiente, cuando se presentó un proyecto de ordenanza para la creación de la OMIC -el intendente municipal lo había declarado en las sesiones inaugurales- y el expediente que tenía la concejal Bartolucci, en el dictamen de comisión, dice que sirve a la secretaría de Gobierno para sacar datos tentativos de la ordenanza que creaba el departamento ejecutivo.
FUENTE: www.realpolitik.com.ar
En las propiedades que cuentan con alarma, sistema de monitoreo o cámaras de seguridad se suele observar un cartel que indica que está protegida. Como también figura el nombre de la empresa y el teléfono, algunos municipios consideran que se trata de una publicidad y cobran un monto anual a las compañías por cada uno de estos letreros. Sin embargo, desde la cámara que las agrupa sostienen que se trata de un elemento disuasivo y que constituye un servicio para el usuario y el vecino.
José Marón Abdala, presidente de la Cámara de Empresas de Monitoreo y Seguridad Electrónica de Cuyo (Cemsec), explicó que varias firmas asociadas han recibido notificaciones para pagar por cada uno de los carteles que se encuentran en las casas particulares o negocios que están protegidos por sistemas de circuito cerrado de televisión, alarmas o protección perimetral (entre otros).
El monto varía de acuerdo a la comuna y sostiene que a una empresa le solicitaron 50 mil pesos por 17 carteles, a otra mil pesos por un letrero y que hay una a la que le exigen el desembolso de un millón de pesos. Esto, planteó Marón, varía porque algunas compañías han presentado descargos y luego les ha llegado una nueva boleta, con el monto original más intereses. También ha habido casos de domicilios facturados que no tenían seguridad y de retroactivos de cinco años, cuando no siempre existía desde entonces la instalación.
"Los carteles son disuasorios y parte integrante del sistema de alarma", señaló el titular de la Cemsec. Así, planteó que las propiedades que cuentan con monitoreo tienen muy bajos niveles de siniestralidad, porque el anuncio desalienta los intentos de robo.
Además, comentó que resultan útiles para que la policía encuentre fácilmente el domicilio y pueda identificar la empresa que se encargó de la seguridad. Y que también han servido para que los vecinos llamen cuando la alarma se dispara y los dueños no están en el lugar.
De acuerdo a lo informado desde el municipio, se colocaron cámaras de seguridad fijas en la salida de Dolores Prats de la Autopista del Oeste, tanto del lado sur como del norte, en la localidad de El Palomar.
Esta es la primera acción de una iniciativa que se propone continuar con la instalación de dispositivos en todas las bajadas de la autopista incluidas en el partido de Morón. Se comenzó por este punto, ubicado en el km 18.95 del corredor vial que conecta la Ciudad de Buenos Aires con la zona oeste de la Provincia.
En ese mismo mes se llevó a cabo la colocación de 10 cámaras en la localidad de El Palomar, que se sumaron a las más de 100 que ya funcionan en las zonas comerciales más importantes, como el corredor bancario y el centro de Morón; el área comercial de Haedo; y el corredor nocturno de Villa Sarmiento.
Todas las cámaras y 170 alarmas distribuidas a lo largo del partido se controlan desde la nueva Central de Emergencias, inaugurada el pasado 19 de abril, que nuclea la Central de Monitoreo, las oficinas del SAME, de Defensa Civil y de Seguridad Ciudadana del Municipio. Desde allí, además, se centraliza la atención de las líneas telefónicas 103 (Defensa Civil), 107 (SAME), y realiza el seguimiento –mediante sistema de GPS y AVL- de la flota de patrulleros, vehículos municipales y ambulancias. De este modo, se mejoran los mecanismos de alerta, se minimiza el tiempo de intervención y se optimizan los recursos.
FUENTE: www.infoban.com.ar
Las empresas que ofrecen el servicio de vigilancia privada aceptaron que, en los últimos meses, se multiplicaron los pedidos de presupuestos y por lo tanto también aumentaron las contrataciones de sus servicios. Esto sucede tanto en los comercios como en las casas de familia y también en las quintas de fin de semana.
En forma paralela, las grandes empresas del sector no ocultan su malestar por la falta de control a firmas más pequeñas que no estarían cumpliendo con todas las “reglas”.
“Se necesita un contralor más estricto, que ponga atención en los recibos de sueldo de los trabajadores”, ejemplificó uno de los empresarios.
En el ambiente aseguran que cuando una empresa abarata los costos lo hace en forma general. Algunos explican que “muchas veces no se hacen los estudios psicofísicos o tampoco se piden los certificados de buena conducta”.
Por eso, quizás, proliferan los guardias de empresas ignotas en comercios pequeños, de baja facturación, que no podrían llegar a invertir los 6.000 pesos que cuesta mensualmente en promedio tener una custodia privada.
Entonces, en la fiebre por contratar un refuerzo que brinde mayor seguridad, aparecen los oportunistas. El panorama es tan complejo que una de las grandes empresas estaría mudando su personal a la vecina Santa Fe.
Controles
Con la proliferación de pequeñas empresas, que ofrecen guardias de seguridad privada a precios muy accesibles, la competencia con las que están en regla llega a ser desleal.
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