En las propiedades que cuentan con alarma, sistema de monitoreo o cámaras de seguridad se suele observar un cartel que indica que está protegida. Como también figura el nombre de la empresa y el teléfono, algunos municipios consideran que se trata de una publicidad y cobran un monto anual a las compañías por cada uno de estos letreros. Sin embargo, desde la cámara que las agrupa sostienen que se trata de un elemento disuasivo y que constituye un servicio para el usuario y el vecino.
José Marón Abdala, presidente de la Cámara de Empresas de Monitoreo y Seguridad Electrónica de Cuyo (Cemsec), explicó que varias firmas asociadas han recibido notificaciones para pagar por cada uno de los carteles que se encuentran en las casas particulares o negocios que están protegidos por sistemas de circuito cerrado de televisión, alarmas o protección perimetral (entre otros).
El monto varía de acuerdo a la comuna y sostiene que a una empresa le solicitaron 50 mil pesos por 17 carteles, a otra mil pesos por un letrero y que hay una a la que le exigen el desembolso de un millón de pesos. Esto, planteó Marón, varía porque algunas compañías han presentado descargos y luego les ha llegado una nueva boleta, con el monto original más intereses. También ha habido casos de domicilios facturados que no tenían seguridad y de retroactivos de cinco años, cuando no siempre existía desde entonces la instalación.
"Los carteles son disuasorios y parte integrante del sistema de alarma", señaló el titular de la Cemsec. Así, planteó que las propiedades que cuentan con monitoreo tienen muy bajos niveles de siniestralidad, porque el anuncio desalienta los intentos de robo.
Además, comentó que resultan útiles para que la policía encuentre fácilmente el domicilio y pueda identificar la empresa que se encargó de la seguridad. Y que también han servido para que los vecinos llamen cuando la alarma se dispara y los dueños no están en el lugar.
José Marón Abdala manifestó que, por estas razones, han pedido que se los exceptúe de la tarifa por carteles publicitarios, algo que ya ocurrió en San Rafael. Y que también esperan poder reunirse con los intendentes de las comunas que siguen cobrándoles esta tarifa -detalló que eran Guaymallén, Las Heras, Luján y Rivadavia- para explicar los motivos de su solicitud.
Desde el municipio de Guaymallén comentaron que no habían recibido hasta ahora ningún pedido, pero que no es necesario colocar el nombre de la empresa de seguridad para que el cartel sea disuasorio, por lo que sí lo consideran una publicidad.
El director de Inspección General de Las Heras, Daniel Cornejo, señaló que a las empresas les piden que no hagan referencia a la marca comercial, sino que solamente coloquen que se trata de una propiedad protegida y el número de teléfono al que se puede llamar. Esto, indicó, es lo que se está haciendo en el barrio Espejo, donde se están colocando alarmas comunitarias y el comercio que realiza las conexiones ha colocado carteles con estos datos.
En Luján se cobra a las publicidades -como en las otras comunas- por el concepto de ocupación del espacio público y la contaminación visual que producen en los transeúntes. Este canon se factura a todo cartel que se encuentre dentro o fuera de un negocio y que no tenga relación directa con el local (el nombre de la casa está incluido en el fondo de comercio).
Pero desde la Secretaría de Hacienda indicaron que, como el tema de la seguridad es tan sensible, se podría evaluar este caso particular.
Jorge Silva, secretario de Hacienda de Maipú, comentó que en un primer momento se incluyó a los letreros de alarmas en el cobro de derechos por publicidad, pero en 2008 se los excluyó por coincidir en que son elementos disuasivos. El funcionario declaró que puede ser que algunos todavía reciban boletas, pero de montos facturados antes de esta fecha.
FUENTE: www.losandes.com.ar