TEGUCIGALPA, HONDURAS
Honduras incorporará la tecnología en sus operaciones contra la inseguridad.
El secretario de Seguridad, Óscar Álvarez, presentó ayer en Consejo de Ministros el programa "ciudades inteligentes" que se pretende poner en marcha a partir de 2011 con el propósito de fortalecer el combate a la delincuencia en el país.
El programa comprende la instalación de cámaras de seguridad en lugares estratégicos y la conformación de equipos de respuesta que puedan impedir actos delictivos en las principales ciudades del país. El titular de Seguridad no detalló cuáles ciudades.
"Vamos a utilizar tecnología que se ha usado en países como Brasil, México e Israel y eso nos va a ayudar a reducir mucho lo que son ataques violentos y todo tipo de situaciones que han estado afectando al pueblo hondureño", manifestó Álvarez.
Ante el grave problema de inseguridad que se tiene en el Mercado de Abastos y su zona de influencia, se pretende a la brevedad un incremento sustancial en la operación de cámaras de videograbación, de manera que se tenga un instrumento que traiga mayor certidumbre en el control de los accesos a este centro de comercialización y a toda su zona de influencia, que supone unas 700 hectáreas en conjunto.
Así lo anunció el presidente de la Unión de Comerciantes del Mercado de Abastos de Guadalajara (UCMA), Rafael Barrios Dávila, quien puntualizó que las nuevas cámaras se añadirían al equipo de 47 aparatos que ya dispone su organización. Detalló que las nuevas cámaras tendrían una mayor capacidad de grabación, por lo que su número sería sustancialmente menor.
Agregó que la ampliación de la infraestructura de vigilancia a través de las cámaras supone un esquema debidamente coordinado con la Secretaría de Seguridad Pública de Guadalajara, de modo que se contribuya a la cobertura en vigilancia que requiere la ciudad en su conjunto.
El dirigente de los comerciantes expuso que los últimos dos años han sido muy críticos en la incidencia de diversos delitos en la zona del mercado, como robo de autopartes, boquetazos en los locales comerciales y amagos de extorsiones en llamadas telefónicas, lo que se explica por el entorno de violencia que se tiene en todo el país.
Indicó que este año a escala nacional se tuvo un periodo difícil en materia de seguridad para los mercados de abasto, siendo varias plazas del Norte del país las más golpeadas, como el caso de Torreón, donde en un acto originado por la presión en contra de los comerciantes de parte del crimen organizado, se cerró el mercado durante un día en señal de protesta y reclamo de acciones contundentes de parte de las autoridades.
FUENTE: www.informador.com.mx
En un acto en Ciudad Evita, dijo que las fuerzas de seguridad se “ven desanimadas” cuando los magistrados liberan a los detenidos. También defendió que los agentes vayan desarmados a las marchas y, sin nombrarlas, cuestionó a las tomas.
La presidenta Cristina Fernández de Kirchner recurrió ayer a la cadena nacional para anunciar el lanzamiento del “Operativo Centinela”: desde el primero de enero de 2011, seis mil efectivos de Gendarmería Nacional se sumarán a la Policía de la provincia de Buenos Aires para custodiar el conurbano. Pero la sorpresa no vino por el anuncio en sí, que ya había trascendido, sino por el tono de su discurso: la Presidenta criticó a la Justicia y la involucró con la inseguridad. Concretamente, se quejó de la supuesta ineficacia de los jueces para detener delincuentes o liberarlos demasiado rápido.
“¿Qué hago?”, preguntó una Cristina desorientada con el micrófono abierto cuando arrancaba el acto en Ciudad Evita. “Agrupación Centinela, buenos días”, corrigió enseguida. “Buenos días señora Presidenta”, devolvieron los gendarmes. El termómetro marcaba 34 grados y el sol en la Escuela de Oficiales “General Martín Miguel de Güemes” quemaba con furia.
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La inseguridad fue uno de las cuestiones que más movilizó a lo largo de todo el año a los vecinos de Tolosa, donde se mantuvieron diferentes reuniones para atenuar el delito en ese sector de la Ciudad. Y uno de los pedidos más recurrentes fue la instalación de cámaras de vigilancia en puntos claves del distrito, como una medida para enfrentar -con mayor eficacia- la problemática.
Ayer a la tarde, a horas de los festejos por el 139º aniversario de esa localidad, la idea se concretó: el intendente Pablo Bruera inauguró la instalación y puesta en funcionamiento de 22 cámaras de seguridad en Tolosa, como parte del "Plan de Seguridad Ciudadana", según un parte oficial.
Del encuentro, que se llevó a cabo en el Club Mundial, ubicado en Camino General Belgrano entre 529 y 530, participó además el ministro de Justicia y Seguridad de la provincia, Ricardo Casal.
Además, se hicieron presentes representantes de diferentes instituciones locales, así como comerciantes y vecinos caracterizados del barrio.
¿Se contagiarán las otras provincias de las medidas de seguridad que lanzó la Presidenta? Básicamente, son el desarme de las fuerzas encargadas de controlar desbordes sociales; el envío de 6.000 gendarmes al conurbano bonaerense para hacer frente a problemas como las ocupaciones de terrenos similares a la del club porteño Albariño; y la aplicación de un plan que promueve una efectiva conducción civil de la Policía. Esto sumió al país en un debate que, por ahora, se circunscribe a desencuentros políticos. Pero esa controversia encierra la idea de cambiar profundamente el modelo policial de seguridad. Y eso abarca, necesariamente, todo el país. La discusión tendría que llegar a Tucumán.
Un primer gesto
El gesto de crear un ministerio de Seguridad dio la sensación de que había la intención de ocuparse de los problemas derivados de la violencia y del delito, frente a la idea de que el excesivo garantismo contribuyó al crecimiento de la sensación de inseguridad. Pero la decisión de desarmar a la Policía Federal para enfrentar protestas callejeras dejó caras de perplejidad por doquier. Se reanudó otra vez la siempre inconclusa discusión entre garantismo y mano dura.
Sin embargo, estas dos medidas son partes de propuestas más amplias, difundidas en los medios nacionales: la reforma de la Ley Orgánica de la Policía Federal (que tiene varias décadas, al igual que las normas similares de las provincias); el Observatorio Nacional del Delito -que reunirá estadísticas serias sobre la violencia-; asunción de mando civil y toma de decisiones en el análisis de información sobre seguridad y delito, lo cual implica límites a la autarquía policial; y énfasis en las estrategias de prevención, así como una lucha contra la corrupción en las fuerzas de seguridad.