Ala creación de un registro de violadores sólo le faltaba el voto de una de las cámaras para ser ley, pero en diciembre el proyecto perdió estado parlamentario. El mismo destino podría correr a este ritmo el régimen penal juvenil que aprobó el Senado en el 2009, en caso de que el kirchnerismo logre su objetivo de “plancharlo” hasta fin de año.
Ni ese ni otro asunto que apunte a combatir la ola de delitos está dispuesto a tratar el oficialismo en el Parlamento, para evitar que las diferencias que genera en sus filas impacten en la campaña electoral. A pesar de que las encuestas colocan a la inseguridad al tope de las preocupaciones de la población. La ausencia de la ministra Nilda Garré en el plenario de comisiones al que había sido citada el martes en la Cámara alta, para analizar una propuesta para declarar la emergencia en seguridad, es un reflejo de la estrategia K. Fue la segunda vez en 40 días que la funcionaria pegó el faltazo en el Congreso.
La baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años , como votaron todos los bloques en el Senado, es el punto de discordia para abordar los delitos de menores. En setiembre, la bancada K firmó en Diputados un dictamen contrario a la reducción que impulsaron sus pares del Senado.
Reunieron 16 firmas con ayuda del centroizquierda, contra 15 de radicales, PJ disidentes, PRO y Coalición Cívica, que coinciden en bajar la edad. Falta el “filtro” de la Comisión de Presupuesto. Su titular, el K Gustavo Marconato, lo cajoneó. Y la oposición no se atreve a hacer cumplir la cláusula que permite llevar al recinto un proyecto relegado por una comisión por más de 30 días.
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