Ala creación de un registro de violadores sólo le faltaba el voto de una de las cámaras para ser ley, pero en diciembre el proyecto perdió estado parlamentario. El mismo destino podría correr a este ritmo el régimen penal juvenil que aprobó el Senado en el 2009, en caso de que el kirchnerismo logre su objetivo de “plancharlo” hasta fin de año.

Ni ese ni otro asunto que apunte a combatir la ola de delitos está dispuesto a tratar el oficialismo en el Parlamento, para evitar que las diferencias que genera en sus filas impacten en la campaña electoral. A pesar de que las encuestas colocan a la inseguridad al tope de las preocupaciones de la población. La ausencia de la ministra Nilda Garré en el plenario de comisiones al que había sido citada el martes en la Cámara alta, para analizar una propuesta para declarar la emergencia en seguridad, es un reflejo de la estrategia K. Fue la segunda vez en 40 días que la funcionaria pegó el faltazo en el Congreso.

La baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años , como votaron todos los bloques en el Senado, es el punto de discordia para abordar los delitos de menores. En setiembre, la bancada K firmó en Diputados un dictamen contrario a la reducción que impulsaron sus pares del Senado.

Reunieron 16 firmas con ayuda del centroizquierda, contra 15 de radicales, PJ disidentes, PRO y Coalición Cívica, que coinciden en bajar la edad. Falta el “filtro” de la Comisión de Presupuesto. Su titular, el K Gustavo Marconato, lo cajoneó. Y la oposición no se atreve a hacer cumplir la cláusula que permite llevar al recinto un proyecto relegado por una comisión por más de 30 días.

Al titular de la Cámara baja, Eduardo Fellner, no se le escuchó explicación sobre la demora en llevar adelante el debate que prometió al comienzo de las sesiones, bajo el influjo de una frase que pronunció la Presidenta en febrero. “La reducción de 14 a 16 años parece lógico , pero sabiendo que no es una solución y no engañando a nadie”, dijo Cristina acerca de la polémica que había reinstalado Daniel Scioli tras una serie de asesinatos en la Provincia.

“Es una vergüenza que se rehúya el debate” , dice Ricardo Gil Lavedra, jefe del bloque radical. “El proyecto forma parte del nuevo paradigma de seguridad ciudadana que aprobó la OEA”, alega Juan Carlos Vega, el lilito que dirige la Comisión de Justicia Penal. Las espadas K admiten que si habilitan el tema saldrían a luz en campaña las contradicciones entre sus diputados y senadores.