La reducción de horarios e, incluso, de personal de vigilancia privada de los juzgados canarios es una de las opciones que estudia el Ejecutivo canario para reducir gastos, una medida que provocaría inseguridad en estas dependencias.
El Gobierno de Canarias está estudiando reducir el horario de los agentes de seguridad privada como una de las medidas urgentes que está ejecutando en su política de reducción de gastos. Esta medida podría incluir también la disminución del personal que ejerce estas funciones, lo que, según la Junta de Personal de Justicia, podría llegar a provocar inseguridad en las dependencias judiciales.
Esta posible acción del Ejecutivo canario centra muchas de las conversaciones que tienen lugar en los pasillos del Palacio de Justicia de Santa Cruz de Tenerife, donde el personal de seguridad privada de estas instalaciones muestra su incertidumbre ante este posible recorte.
Por su parte, la Junta de Personal de Justicia señaló a este periódico que de llevarse a cabo se podría llegar a una situación de inseguridad en las sedes de la Justicia.
"Aún desconocemos con exactitud los términos de esta medida, pero si se trata de reducir los turnos, esto implicaría que los profesionales de la seguridad privada trabajarían más horas, y por tanto estarían más cansados para desempeñar sus funciones con eficacia", explican desde la Junta de Personal de Justicia.
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El director adjunto de la patronal SEA, Aitor Otaola, el empresario y presidente de la Cooperativa Vitoriana de la Vivienda (Covivi), José Antonio Gordo, Julio Ereña, director comercial del Diario Noticias de Álava, y Juan Pancorbo, empleado de una empresa de seguridad privada, comparecerán ante la comisión de la Cámara que investiga las presuntas tramas de corrupción y espionaje político en Álava. Todo apunta a que la Cámara les ha elegido porque aparecen citados como informantes en las fichas con datos sobre personalidades alavesas halladas en poder de Aitor Tellería.
En el caso de Otaola, la ficha le atribuye un soplo sobre una supuesta irregularidad en un viaje pagado por del Ayuntamiento de Vitoria que implicaba al asesor del alcalde y ex secretario general de la patronal alavesa, José Manuel Farto. En su declaración ante el juez en calidad de perjudicado, Otaola negó haber facilitado estos datos.La Justicia investiga si estos datos fueron facilitados al ex dirigente del PNV alavés por agentes de la antigua unidad de información y análisis (UIA). Dos, ertzainas están imputados, además de Tellería. También comparecerán dos mandos policiales de la época en que transcurrieron los hechos, el primer semestre de 2008: el ex jefe de la UIA, así como el entonces jefe de División de la Policía de lo Criminal. Ya pasaron por la Cámara el ex director de la Ertzaintza, Jon Uriarte, y otro responsable de la policía vasca. El PNV denunció ayer la "total indefensión" de las personas que han sido llamadas a comparecer. La representante jeltzale en dicha comisión de investigación, María Eugenia Arrizabalaga, entiende, "cuando menos desafortunado, hablar de que algunos han sido llamados en 'su calidad de perjudicados'" y está convencida de que estas personas y el resto de los comparecientes se han visto perjudicados al hacerse pública la solicitud de comparecencia.
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El Palacio de Exposiciones y Congresos acogerá el jueves a partir de las 11.00 horas un acto de la Unión de Asociaciones de Seguridad, que representa a más de 200 empresas de toda Galicia. El jefe superior de Policía de la comunidad autónoma, Luis García Mañá, inaugurará el evento, que será clausurado por el subdelegado del Gobierno en A Coruña, José Manuel Pose Mesura.
En el encuentro, según informa la organización, se analizarán algunas de las cuestiones "fundamentales" relacionadas con el sector de la seguridad privada. La Unión de Asociaciones de Seguridad, que fue creada en 2008, está formada por algunas de las empresas más importantes del sector y representa a profesionales de la vigilancia, planificación y asesoramiento en seguridad, además de a fabricantes e instaladores responsables del mantenimiento de sistemas de alarma.
El objetivo de la entidad, según sus miembros, es "unificar esfuerzos y criterios" en aspectos como la formación, la legislación, la reducción de falsas alarmas o la aprobación de convenios colectivos que supongan una mejora en la competitividad y profesionalidad de las empresas asociadas, así como establecer un código de buenas prácticas que ayude a mejorar los servicios de seguridad privada.
FUENTE: www.laopinioncoruna.es
La Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de la Unión Sindical Obrera (FTSP-USO) y la Federación de Servicios Públicos de la Unión General de Trabajadores (FSP-UGT) denuncian presuntas "irregularidades" en materia de seguridad cometidas en los centros de menores de Canarias con medidas judiciales, en concreto Valle Tabares (en Tenerife) y la Montañeta (en Gran Canaria), que gestiona la Fundación Canaria de Juventud Ideo.
A esta fundación la acusan de carecer de un departamento de seguridad con su correspondiente director, que deberá estar ubicado en el centro de menores, además de no tener planes de emergencias, mantener a sus servicios de seguridad en "malas condiciones", así como de cometer supuestas irregularidades en los cacheos y en la cesión de imágenes de los menores tomadas en el interior del recinto.
En un encuentro con los medios, tanto el secretario de organización de seguridad privada de USO, Basilio Febles, como el responsable por UGT en materia de menores, Sixto Rodríguez, coincidieron a la hora de reclamar responsabilidades ante estos hechos que denuncian y a los que califican de “enorme gravedad”.
Para ello, anuncian que pondrán en conocimiento de los mismos al Defensor del Menor, para que abra investigaciones al respecto, y no descartan enviar el informe al Fiscal anticorrupción. Tampoco se olvidan de la consejera de Bienestar Social, Inés Rojas, y presidenta de la fundación Ideo, a la que solicitan su “dimisión por todo lo anteriormente referido”.
También reclaman a los órganos judiciales y administrativos competentes, así como a los cuerpos de seguridad, que inicien investigaciones al respecto y, entre tanto, sean separados de forma cautelar de sus cargos el director del centro de Valle Tabares, Marcos Cohen, así como el coordinador de seguridad del mismo, junto al abogado y el gerente de Ideo, por "acceder al visionado de imágenes e incoar expedientes sancionadores a trabajadores" en el primer caso, y por contratar a un director de seguridad "sin existir dicho departamento", en el segundo.
Un falso sicario que ofrecía servicios de seguridad privada a través de Internet ha acabado evitando un crimen: el que él mismo debía cometer por encargo de una mujer, que ahora ha sido detenida por los Mossos d'Esquadra. La arrestada, española de 29 años, encontró en la Red la página web de un hombre que ofrecía servicios de vigilancia (todos legales) y destacaba su experiencia en conflictos internacionales. De forma sorprendente, la mujer le tomó por un asesino a sueldo y, ni corta ni perezosa, le ofreció 2.400 euros por liquidar a la esposa de su amante. La cifra, según fuentes policiales, está en la franja alta de lo que se puede llegar a pagar por este tipo de encargos.
Al principio, el hombre tomó a broma la petición. Pero se asustó de veras cuando la mujer le narró detalles de su relación y le concretó en qué circunstancias debía cometer el crimen. El pasado 9 de diciembre, el falso sicario acudió a una comisaría de los Mossos y denunció los hechos, avanzó ayer la Cadena Ser.
La policía autonómica constató la verosimilitud del encargo y dio prioridad al caso. Los agentes suplantaron al falso sicario para descubrir la identidad de la inductora, evitar que contactara con un asesino de verdad y proteger a la víctima. Los investigadores intercambiaron decenas de correos electrónicos con la mujer, que les facilitó infinidad de datos personales de su objetivo. El 12 de enero, los mossos y la mujer concertaron una cita en Barcelona para que ésta hiciera un primer desembolso de 500 euros. "La detuvimos con las manos en la masa", resumió ayer el inspector Ramon Grasa, jefe de investigación de los Mossos en Barcelona.
La presunta inductora del crimen, que ya ha ingresado en prisión provisional, mantenía una relación sentimental con un hombre casado. Ambos, además, eran compañeros de trabajo. Según fuentes del caso, la mujer se obsesionó con su amante y quiso quitarse de encima uno de los vértices de ese triángulo amoroso. Grasa subrayó que el marido de la potencial víctima desconocía el plan urdido por su amante.
FUENTE: www.elpais.com