La Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de la Unión Sindical Obrera (FTSP-USO) y la Federación de Servicios Públicos de la Unión General de Trabajadores (FSP-UGT) denuncian presuntas "irregularidades" en materia de seguridad cometidas en los centros de menores de Canarias con medidas judiciales, en concreto Valle Tabares (en Tenerife) y la Montañeta (en Gran Canaria), que gestiona la Fundación Canaria de Juventud Ideo.

A esta fundación la acusan de carecer de un departamento de seguridad con su correspondiente director, que deberá estar ubicado en el centro de menores, además de no tener planes de emergencias, mantener a sus servicios de seguridad en "malas condiciones", así como de cometer supuestas irregularidades en los cacheos y en la cesión de imágenes de los menores tomadas en el interior del recinto.

En un encuentro con los medios, tanto el secretario de organización de seguridad privada de USO, Basilio Febles, como el responsable por UGT en materia de menores, Sixto Rodríguez, coincidieron a la hora de reclamar responsabilidades ante estos hechos que denuncian y a los que califican de “enorme gravedad”. 

Para ello, anuncian que pondrán en conocimiento de los mismos al Defensor del Menor, para que abra investigaciones al respecto, y no descartan enviar el informe al Fiscal anticorrupción. Tampoco se olvidan de la consejera de Bienestar Social, Inés Rojas, y presidenta de la fundación Ideo, a la que solicitan su “dimisión por todo lo anteriormente referido”.

También reclaman a los órganos judiciales y administrativos competentes, así como a los cuerpos de seguridad, que inicien investigaciones al respecto y, entre tanto, sean separados de forma cautelar de sus cargos el director del centro de Valle Tabares, Marcos Cohen, así como el coordinador de seguridad del mismo, junto al abogado y el gerente de Ideo, por "acceder al visionado de imágenes e incoar expedientes sancionadores a trabajadores" en el primer caso, y por contratar a un director de seguridad "sin existir dicho departamento", en el segundo.

Consideran que desde abril de 2010 “se ha dejado de la mano de dios tanto al más de medio centenar de trabajadores de seguridad de cada uno de estos dos centros de menores, así como a los 80 jóvenes aproximadamente que están afectados por esta situación en Valle Tabares" y, según suponen, "porque las circusntancias son las mismas", en La Montañeta, donde, en caso de incendio, “un camión de bomberos no podría ni alcanzar el centro”.

Este es sólo un ejemplo de las deficiencias de seguridad de ambos recintos cuyas carencias también deberán ser tenidas en cuenta por la comisión de servicios sociales de la Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, que debe, a su juicio, “pedir explicaciones de las irregularidades y por la permisividad con la que se ha llevado este tema”, denuncia el secretario de organización de Servicios Públicos, Víctor Quesada.

Las organizaciones sindicales reiteran la “gravedad” de que los centros carezcan de un departamento de seguridad y de un director en esta materia que esté físicamente presente en los mismos, lo que ya denunciaron en 2009. La Unidad Territorial de Seguridad Privada les dio la razón, pero en diciembre de 2010 se han visto “obligados a repetir la denuncia, dado que no se han instaurado estos cambios exigidos por la ley”.

Por otro lado, de las 157 cámaras de seguridad que hay en el centro de La Laguna, denuncian que sólo funcionan 30 de ellas, además de carecer de “condiciones para efectuar el servicio de seguridad”, con garitas de vigilancia en mal estado. Sin embargo, los aspectos "más graves" son los cacheos y la grabación de imágenes.

CACHEOS

Con respecto a los primeros, las organizaciones sindicales advierten de que en las normas se establecen cuatro cacheos preventivos diarios estipulados entre la empresa de seguridad y la Consejería, aunque matizan que se llega a la veintena. 

Los empleados de seguridad rechazan este hecho porque "estas peticiones no se las han pedido por escrito pese a salirse de lo habitual", aclara Rodríguez. Además, reitera que lo correcto sería que los cacheos en las habitaciones fueran efectuados por los cuidadores en presencia de los vigilantes y no al revés.

Las imágenes grabadas en el interior de estos recintos también son objeto de reclamación por parte de estas organizaciones sindicales. Según la ley de Protección de datos, esas imágenes deberían ser destruidas cada mes si no hay indicios de delitos ni ninguna petición judicial, pero, según denuncian, por medio de un escrito de Ideco se solicitaba a los profesionales de seguridad que se las entregaran a quien las pidiera, cuando sólo debía constar una persona, registrada en el propio Registro de Protección de Datos, con permiso para visionar esas imágenes. Además, rechazan el uso de las mismas “para sancionar a compañeros y despedir a trabajadores”.

“Son situaciones muy graves que no entendemos cómo la Administración pública las permite”, afirma Sixto Rodríguez, quien recordó que existe una reunión pendiente con la Subdelegación del Gobierno para que “obligue a la Consejería o a Ideco a crear estos departamentos de seguridad, un director de seguridad que esté presente en el centro, y corrija todas estas anomalías”.

FUENTE: www.sanborondon.info