El futbolista portugués Miguel, actualmente jugador del Valencia, ha sido acusado por la Fiscalía lusa en un caso de violencia y posesión ilegal de armas, un delito castigado con hasta cinco años de cárcel.
Aunque el ministerio Fiscal no ha divulgado los nombres de las siete personas implicadas en los hechos -en los que la Policía sí identificó a Miguel- un portavoz de la institución confirmó hoy a EFE que han sido acusados formalmente de diferentes delitos, entre ellos secuestro, robo y tenencia de armas.
La prensa portuguesa informó hoy ampliamente de que contra el futbolista pesa el cargo de posesión ilegal de armas y su participación en los incidentes fue confirmada por las autoridades Policía cuando se produjeron, hace más de un año.
Ni el futbolista ni sus representantes legales han comentado los hechos a la prensa lusa y Miguel ha cambiado además de abogado, confirmaron a Efe en su antiguo bufete.
La Fiscalía tampoco ha revelado qué cargos de los tres formulados en el caso -robo, secuestro y posesión de armas- corresponden a cada uno de los implicados, aunque la prensa lusa atribuye sólo este último al lateral derecho del Valencia.
Las empresas públicas de viviendas luchan contra las ocupaciones de pisos protegidos con vigilantes de seguridad. Esto es lo que pasa desde hace muchos meses en el barrio del Gornal, en l'Hospitalet, donde hay seis procesos judiciales abiertos para expulsar a quienes habitan allí de manera ilegal. La historia de estos pisos públicos de la Agència de l'Habitatge de Catalunya, antes Adigsa, y las ocupaciones viene de lejos. Según fuentes del Departament de Territori i Sostenibilitat, a principios del 2010 existían 14 pisos ocupados de los 212 existentes. La situación salió a la luz pública hace unos meses cuando uno de los inquilinos ilegales se suicidó en un parque público tras recibir una orden de desahucio.
Lo cierto es que la usurpación de viviendas en esta promoción de l'Hospitalet ha llegado a tales extremos que hace más de un año Adigsa tuvo que contratar vigilancia privada para evitar el fenómeno denominado “patada en la puerta”, por el que familias sin recursos económicos y sin acceso a una vivienda ocupan los pisos vacíos. Viviendas que, normalmente, están desocupadas a causa de los retrasos en las adjudicaciones o por los problemas de financiación que encuentran los adjudicatarios a la hora de comprar la residencia.
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El Supremo establece que las cámaras de seguridad no pueden filmar «la intimidad de otros».
A partir de hoy, colocar una cámara para descubrir si nuestro vecino nos raya el coche, roba nuestra correspondencia o nos causa algún desperfecto en el jardín no va a ser tan fácil ya que puede que sea usted quien termine pagando una multa por intromisión en la vida privada del posible delincuente que vive a su lado.
El Tribunal Supremo ha condenado a un ciudadano de Santa Cruz de Tenerife a pagar 300 euros a un vecino por instalar unas cámaras de seguridad en su vivienda con las que grababa las entradas y salidas de la casa colindante. Además, para conseguir mejor resolución, Gunter R. instaló unos potentes focos con los que captar a los viandantes nocturnos.
Carmelo G.ya había denunciado a su conciudadano en 2007, pero un Juzgado de Primera Instancia la desestimó porque consideró que no se habían aportado pruebas de que el propósito de Gunter no fuera otro que el de velar por la seguridad de su hogar. Esta negativa no terminó con la lucha de Carmelo que acudió a la Audiencia Provincial para recurrir esta decisión.
Intersindical Canaria (IC), Unión General de Trabajadores (UGT) y Unión Sindical Obrera (USO) han denunciado este martes que la empresa Seguridad Integral Canaria (SIC) ha despedido desde el pasado 31 de diciembre a 112 trabajadores de sus centros en Gran Canaria y Tenerife.
El secretario regional de la sección de seguridad privada de IC, Jacobo Ortega, mostró su “repulsa” por esta decisión que la empresa achaca, según explicó, a una supuesta falta de liquidez motivada por el “retraso” de las administraciones públicas –principal cliente de SIC- en efectuar pagos correspondientes a 2009 y 2010 por valor de 21,1 millones de euros.
Ortega lamentó que al resto de la plantilla, alrededor de 2.000 personas, se haya visto afectada de forma paralela por una reducción salarial del ocho por ciento, es decir, alrededor de 100 euros por mes y trabajador.
Esta medida, que se produjo sin aviso “oficial”, está destinada “a que los propios trabajadores financien” los despidos de sus compañeros, afirmó Ortega, que aseguró que esta estrategia persigue reducir la plantilla “sin que por ello se vean mermadas las arcas de la empresa”.
Hasta el momento unos 60 trabajadores han demandado a la compañía, la primera por volumen del sector en Canarias. Desde IC censuran que exista volumen suficiente de horas extra como para repartir éstas entre la plantilla y no prescindir de ninguno de los empleados.
La posibilidad de que los autobuses urbanos que suban a la barriada Príncipe Alfonso cuenten con seguridad privada y videovigilancia será sometido a la Junta Local de Seguridad.
Así lo solicitó ayer al pleno el presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Vivas, quien contestó en nombre del gabinete a la moción de urgencia que sobre este punto concreto había presentado el Partido Socialista Obrero Español.
Reflejó el jefe del ejecutivo que en esta materia concreta se producía un problema con dos derechos fundamentales. Por un lado, el de los usuarios que han de tener garantizado su servicio hasta la citada barriada y en segundo lugar el de los propios trabajadores que han de contar con una tranquilidad a la hora de desarrollar sus cometidos, sin que se ponga en peligro su seguridad.
Reflejó que a lo largo de los últimos meses había tenido la oportunidad de reunirse con la propia empresa, los representantes de los trabajadores e incluso con la asociación de vecinos, así como con los técnicos especialistas en materia de seguridad.
De las conclusiones que se habían derivado de la misma se entendía que era mejor una solución adoptada con las brigadas cívico-sociales que con la llegada de vigilantes jurados.
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