El Real Decreto 1628/2009, de 30 de octubre, modifica los artículos 81 y 86 del Reglamento de Seguridad Privada, aprobado por Real Decreto 2364/1994 
, de 9 de diciembre, y los artículos 6 y 124 del Reglamento de Armas, aprobado por Real Decreto 137/1993 , de 29 de enero, para permitir que la prestación de seguridad a bordo de los buques de bandera española, que se encuentren fuera de nuestras aguas territoriales y en situaciones de especial riesgo para personas y bienes, pueda ser prestada por el personal de las empresas de seguridad, mediante la utilización del armamento adecuado para cumplir eficazmente con los cometidos de protección y de prevención.
El artículo primero de dicho real decreto añade, dentro del artículo 81.1.c) del Reglamento de Seguridad Privada, un nuevo apartado 9 que permite prestar servicios de seguridad con armas en los buques mercantes y pesqueros que naveguen bajo bandera española, en aguas en las que exista grave riesgo para la seguridad de las personas o de los bienes, o para ambos. El real decreto también modifica el artículo 86 del referido Reglamento, introduciendo un nuevo apartado 4, en el que se establece que los vigilantes de seguridad privada, en supuestos excepcionales, podrán portar y usar armas de guerra para garantizar la protección de las personas y bienes a los que se ha hecho referencia en el artículo 81, con las características y con las condiciones y requisitos que se determinen de manera conjunta por los Ministerios de Defensa y del Interior.
Dichas condiciones y requisitos se contienen en la Orden PRE/2914/2009, de 30 de octubre, que desarrolla lo dispuesto en el Real Decreto 1628/2009, de 30 de octubre, por el que se modifican determinados preceptos del Reglamento de Seguridad Privada, aprobado por Real Decreto 2364/1994 , de 9 de diciembre, y del Reglamento de Armas, aprobado por Real Decreto 137/1993 , de 29 de enero.
Elena Moreno (San Sebastián, 1959) está cerca de cumplir un año como directora de la Academia de Arkaute. En la primera entrevista que concede a un medio tras acceder al cargo, esta licenciada en Ciencias Químicas, experta en temas de Emergencias y que llegó a ser jugadora de baloncesto con la selección española, se muestra optimista ante el nuevo escenario político en Euskadi e incide en que «el trabajo de un er-tzaina debe ser más el de la prevención que el del castigo».
- ¿Ve posible que la XXII promoción se gradúe sin la amenaza de ETA, como deseó el lehendakari en diciembre pasado cuando se entregaron los despachos a los nuevos ertzainas?
- La XXII promoción estaba iniciada cuando accedí al cargo el pasado año, ya que empezó en marzo y yo entré en abril, y lo llevé adelante hasta que salió a la calle. Ojalá que la próxima graduación sea sin la amenaza de ETA, ya que creo que el alto el fuego va en serio y el escenario que se presenta ahora es muy optimista para todos, dentro de la debida prudencia, lógicamente.
- ¿Cómo va a influir el alto el fuego de ETA en la preparación de los ertzainas? ¿Se dará una menor importancia al tema antiterrorista?
Leer más: «Ojalá la próxima promoción de ertzainas se gradúe sin la violencia de ETA»
La Asociación de Vecinos de chalés de Montecerrao considera «injusto» que la ley impida que la zona cuente con seguridad privada, y destaca la comprensión mostrada por la concejala de Seguridad, Conchita García, y la Policía Nacional. La asociación entiende que la seguridad privada complementaría la presencia policial.
FUENTE: www.lne.es
La noche del 19 de febrero, cuando las fuerzas de la resistencia tomaron el Palacio Al Katiba, feudo de Gadafi en Bengasi, los rebeldes encontraron en una de sus estancias un total de 162 pasaportes de diferentes nacionalidades africanas, y a doce inmigrantes agazapados a los que acusaron de «mercenarios» africanos. Enfurecida por la muerte de cerca de trescientas personas en manos de fuerzas paramilitares del coronel, al tiempo que eufórica por haber liberado Bengasi, una turba de jóvenes arremetió brutalmente con palos y golpes contra ellos, confundiéndolos con sicarios.
Detrás de los muros de este blindado palacio se gestó una de las fuerzas de seguridad privada más temidas por la población, las brigadas africanas leales a Gadafi conocidas como «mercenarios», que sirvieron de refuerzo al régimen para aplastar las revueltas, después de que muchos oficiales desertaran del Ejército al negarse a cumplir órdenes de atacar a civiles con armas.
Los presuntos asesinos a sueldo –tres etíopes y seis guineanos, con papeles de trabajo, dos eritreos y un chadiano, en situación ilegal– fueron llevados al despojado edificio de la Mahkama (juzgados) y puestos a disposición judicial en una fría habitación en el último piso del Tribunal de Justicia de Bengasi, porque la prisión Central de Kuefia, a 15 kilómetros del centro, fue destruida por las fuerzas leales al régimen el 17 de febrero para permitir la huida de 3.000 criminales.
«Los prisioneros de guerra se encuentran bajo investigación policial y se mantiene su presunción de inocencia. Sus derechos son respetados según el Convenio de Ginebra», nos explica en un inglés de andar por casa el fiscal Wael Nayeb, que, tras arduas horas de negociaciones, accedió a mostrarnos a los detenidos. Ante la mirada perpleja de esta periodista al ver las condiciones inhumanas en las que se encuentran los detenidos, el fiscal Nayeb se excusó alegando que se trata de «una medida transitoria».
La Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad aseguró ayer que la reducción del personal de seguridad privada en los edificios de Justicia "no supera el 10 por ciento". Según señala la administración, la reorganización del personal destinado a la seguridad en estas instalaciones se enmarca en las medidas de restricción del gasto público.
Según la Consejería, con esta reorganización del personal destinado a la seguridad de los Edificios Judiciales en Canarias, "que han estado sobredimensionados durante muchos años, se pasa a un nuevo sistema en el que con menos efectivos se mantienen los niveles de seguridad de estas dependencias".
Los nuevos horarios y números de efectivos han sido consensuados por la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia y las empresas prestadoras del servicio.
Esta reducción de efectivos no supera el 10 por ciento en ningún caso y garantiza la seguridad cuando los Juzgados están de Guardia. La diferencia es que cuando en un partido judicial hay menos de 4 Juzgados de Instrucción, las guardias no son presenciales, sino de disponibilidad.
En cuanto a la polémica suscitada por el control del uso del aire acondicionado, el Gobierno de Canarias estableció que la temperatura estuviera a un máximo de 24º durante todo el año, que es la medida estándar de ahorro energético, señaló la Consejería.
Leer más: La Consejería dice que la seguridad solo se redujo en un 10%