La industria espacial española ha participado en el proyecto del sistema de navegación Galileo de la Agencia Espacial Europea (ESA), que se inicia este jueves con el lanzamiento de los dos primeros satélites operacionales.
Según ha explicado el vicepresidente de la agrupación de empresas Proespacio, José Martí Fluxá, un total de doce empresas españolas del sector espacial han contribuido en este proyecto en alguna de sus fases, lo que supone un 70 por ciento de las compañías del sector y 113 millones de euros en contratos.
Martí Fluxá ha explicado que España es el quinto país europeo con más participación en Galileo aportando un 9 por ciento de la contribución hasta la fecha para el sistema de navegación que, según ha informado la Comisión Europea, es de 5.000 millones de euros desde el año 2000.
Para el vicepresidente de Proespacio, la aportación económica de España en la primera fase de Galileo le sitúa en una "buena posición ante el futuro despliegue de los más de 25 satélites que completará la misión.
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Este proyecto se ha presentado hoy en una Jornada sobre Internet y protección de datos, en la que Alberto Leal Cazorla, director del Instituto de Enseñanza Secundaria Arturo Soria, de Madrid, ha alertado de que la protección de datos es una cuestión que está fuera de los curriculum de los colegios y que es importante que los menores tengan conocimiento de sus derechos.
Leal, también coautor del libro con las Conclusiones de la Investigación, ha señalado que también se han elaborado unos manuales didácticos para ayudar a protegerse en el uso de las tecnologías con las recomendaciones y consejos para hacer un buen uso de internet, en los que se ofrece información tanto para los padres y profesores como para los alumnos, estructurados en tres niveles de edad.
Los manuales están específicamente trabajados para las dudas o preguntas que pueda interesar a cada grupo de usuarios, de 9 a 11 años, 12-14 y 15-17, con información para que los jóvenes usuarios sepan que precauciones deben tomar para proteger su identidad; como no ofrecer los datos personales a cambio de servicios o regalos; no registrarse en páginas inseguras, y como saber identificarlas, o romper los mensajes en cadena y poner contraseñas.
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El Concello de Cee se niega a retirar las tres cámaras de vigilancia instaladas en la casa consistorial para controlar la plaza y las calles próximas y que carecen de la autorización pertinente de la Delegación del Gobierno. La Agencia Española de Protección de Datos le solicitó recientemente la retirada de los aparatos que graban hacia la vía pública o que los enfoque hacia espacios privados, después de una denuncia formulada por el Movimiento por los Derechos Civiles (MpDC).
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El alcalde, el independiente Ramón Vigo, reconoció ayer que está pendiente de algunos trámites burocráticos y que se están tramitando todos los permisos necesarios para legalizarlas. En su opinión, si se cumplen esos requisitos que faltan el Concello no está obligado a retirarlas porque ya estarían dentro de la ley.
Vigo Sambade aclaró que ya se cumple la mayoría de los requisitos para poder tenerlas porque las pantallas están situadas en los locales de la Policía Local y las imágenes se destruyen cada quince días. El regidor lamenta que algunos particulares y entidades se dediquen a prestar más atención a "asuntos sin importancia" como éste que a otras cuestiones más preocupantes para todos los vecinos.
Las cámaras de videovigilancia que el Concello de Cee tiene instaladas en el centro del casco urbano siguen dando vueltas.
Poco después de su instalación, una asociación, el Movemento polos Dereitos Civís, denunció que no cumplían con la normativa ante la Agencia Española de Protección de Datos (AGPD). Ese organismo dio la razón a los denunciantes y emitió una resolución por la que obligaba al Ayuntamiento a redirigir los dispositivos hacia recintos propios -no a la vía pública- o a retirarlos.
En un primer momento, desde el Ayuntamiento se dijo que las cámaras iban a ser eliminadas acatando una resolución que no se compartía. Pero el alcalde, poco después, dejó claro que los objetivos se quedaban donde estaban y que, en todo caso, serían apagadas, sin concretar la fecha, mientras se tramitaba su regularización.
Desde la asociación que presentó la denuncia no entienden esa actitud y han vuelto a rellenar papeles para que el caso no se quede como está.
Leer más: Denuncian a Protección de Datos que el Concello de Cee se niega a retirar sus cámaras
Las cámaras de videovigilancia que el Concello de Cee tiene instaladas en el centro del casco urbano siguen siendo motivo de disputa. Poco después de su instalación, una asociación, el Movemento polos Dereitos Civís, denunció que no cumplían con la normativa ante la Agencia Española de Protección de Datos (AGPD). Ese organismo dio la razón a los denunciantes y emitió una resolución por la que obligaba al Ayuntamiento a redirigir los dispositivos hacia recintos propios -no a la vía pública- o a retirarlos. En un primer momento, desde el Ayuntamiento se dijo que las cámaras iban a ser eliminadas acatando una resolución que no se compartía. Pero el alcalde, poco después, dejó claro que los objetivos se quedaban donde estaban y que, en todo caso, serían apagadas, sin concretar la fecha, mientras se tramitaba su regularización.