sistema informático
La operación Campeón se atasca
La aplicación informática Minerva dejó de funcionar en una declaración de Dorribo.
Minerva, la aplicación informática que utilizan los juzgados gallegos, volvió a fallar en Lugo. La incidencia no constituiría un hecho trascendente si no fuera porque el problema se produjo en plena operación Campeón y porque es la tercera vez que hay problemas graves en esta parcela. La Xunta expresó ayer que no tenía constancia alguna de ningún fallo.
Según explicaron diversas fuentes, el sistema informático dejó de funcionar en el Juzgado de Instrucción número 3 de Lugo en una jornada en la que estaba prestando declaración el empresario Jorge Dorribo, principal cabeza de la presunta trama relacionada con el uso supuestamente fraudulento de subvenciones públicas. Al parecer, en algún momento, faltó algún trozo de la declaración. Sin embargo, no llegó a desaparecer como consecuencia de medidas extraordinarias que adoptan en algunos juzgados porque no hay confianza en la aplicación informática.
Desde el departamento de modernización tecnológica de la Xunta afirmaron ayer no tener constancia de ningún fallo y expresaron que no había sido abierta incidencia alguna al respecto. En el juzgado, sin embargo, quedó constancia de lo sucedido y al parecer tratan de determinar qué fue lo que ocurrió y si del sistema oficial pudo haber faltado información
El hecho de que haya antecedentes de fallos en la aplicación en momentos clave y en investigaciones de gran trascendencia motiva que estén extremadas todas las precauciones para evitar la desaparición de datos claves que, finalmente, no se sabe adónde van a parar.
Mayores pluses de seguridad
Aun cuando es obligatorio trabajar con la aplicación en cuestión, algunos jueces optan por buscar mayores pluses de seguridad empleando otros sistemas a mayores. Hasta ahora hubo fallos informáticos en la operación Carioca y también desaparecieron datos de un ordenador de la Fiscalía. La Agencia Española de Protección de Datos tuvo que intervenir en el primer caso. Acabó reprendiendo a la Xunta y obligándola a cumplir una serie de pautas.
«Espectador interesado»
Por otra parte, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, se declaró ayer un «espectador interesado» en la operación Campeón. Indicó que le gustaría saber quién está detrás «e se algún político cometeu algún delito». También se mostró interesado en conocer el sumario que por el momento permanece en secreto. Cuando se levante el mismo, la Xunta decidirá si se persona en la causa.
Además, con respecto a este mismo tema, Núñez Feijoo lamentó las «incoherencias dos socialistas que defenden que cargos públicos se poidan ver en gasolineiras e logo que non se poidan ter reunións en despachos oficiais». Recordó asimismo que nadie del Gobierno gallego se encuentra acusado, «de forma insidiosa ou non», de recibir dinero, pero dijo que otros, en cambio, sí.
El desarrollo de la normativa sobre protección de datos es una realidad que desde sus inicios tiene una tendencia a globalizarse. Así empezando por Alemania (1977), Francia (1978), Israel (1981), Australia (1988), España y Suiza (1992), Hong Kong (1996), Reino Unido y Suecia (1998), Argentina (2000), Japón (2003), Colombia (2008), México (2010) y hasta más de 50 países que actualmente ya disponen de su propia legislación en materia de protección de datos. Existen dos enfoques principales a la hora de regular la protección de datos en los países: el enfoque “ómnibus” que protege los datos personales de modo general en todas las actividades económicas y la mayoría de entornos y que es el enfoque seguido en Europa; y el enfoque “sectorial” que establece los requisitos para el tratamiento de datos en determinadas actividades económicas y en entornos concretos y que es el enfoque seguido en los Estados Unidos. La mayoría de los países fuera de Europa también siguen el enfoque “ómnibus”.
A pesar de las peculiaridades y las diferencias existentes entre los países, lo cierto es que las distintas legislaciones nacionales comparten un notable grado de estandarización en relación con los principios fundamentales de la protección de datos (consentimiento informado de las personas) y difieren algo más con respecto a las obligaciones básicas a cumplir por los responsables de ficheros, por ejemplo, la inscripción de ficheros en el Registro de las correspondientes Agencias nacionales de Protección de Datos es obligatoria en más de 30 países (Argentina, Mónaco, Túnez, Vietnam), mientras que en otros países (Australia, Brasil, Egipto, Japón) no existe tal obligación o bien se habilita una alternativa a la inscripción de ficheros (Alemania
La globalización de la normativa sobre protección de datos está en constante evolución, lo que se confirma por los continuos desarrollos normativos que se aprueban sea para regular o para actualizar el régimen jurídico en los distintos países. Sólo en Julio 2011, destacamos las siguientes novedades:
- Hungría: nueva Ley No. CXII de 2011 que deroga la anterior Ley No. LXIII de 1992 para introducir novedades en el consentimiento del interesado y en el registro de transferencias internacionales, así como para crear una Agencia de Protección de Datos (en sustitución del anterior Defensor del Pueblo).
- Irlanda: nuevo Reglamento No. 336 que sustituye al anterior Reglamento No. 535 de 2003 para incorporar nuevos requisitos en materia de comunicaciones electrónicas, en particular en relación con el consentimiento para las cookies, notificaciones en casos de pérdida de datos y marketing directo.
- Rusia: nueva Ley federal No. 261-FZ que modifica la Ley federal No. 152-FZ para incluir nuevas previsiones sobre transferencias transfronterizas, permitiéndose las transferencias de datos a países fuera de Rusia que sean miembros de la UE.
- Igualmente destacar México, cuya primera Ley federal sobre protección de datos se publicó en Julio 2010 para ser implementada de forma gradual: designación de personas para el tratamiento de datos y avisos de privacidad (hasta 6 Julio 2011) y ejercicio de los derechos por parte de los titulares (a partir de 6 Enero 2012).
Como consecuencia de la globalización de la normativa sobre protección de datos y de las posibles sanciones no sólo económicas, sino también de prisión, previstas para casos de infracción de tal normativa, la forma de acometer su cumplimiento normativo está igualmente en evolución. Las empresas multinacionales quieren que, con cierta celeridad, todas las empresas del grupo cumplan con la legislación sobre protección de datos en vigor en los países respectivos de sus filiales
Para ello, los programas/proyectos de cumplimiento normativo multi-jurisdicción (regionales / globales) se imponen a los programas nacionales (país a país) porque permiten regularizar o revisar el cumplimiento normativo de forma alineada de todas y cada una de las empresas del grupo, abordando secuencialmente las distintas obligaciones (tales como la inscripción de ficheros, las advertencias de privacidad, la formalización de la relaciones con encargados del tratamiento, las transferencias internacionales de datos, las medidas de seguridad, la implantación de canales internos de denuncia denominados “whistleblowing hotlines” y códigos de conducta) según están previstas en las distintas normativas de los países donde las filiales de la multinacional están presentes.
El Gobierno y el PSOE tienen más que asumido que el 20 de noviembre sufrirán una histórica derrota electoral, que dejará al partido en una situación muy delicada. Por ello, están dedicando los últimos meses en el poder a recolocar y blindar a cuantos más cargos mejor. Secretarios de Estado, jefes de Gabinete, directores y subdirectores generales... todos esos puestos serán renovados tras las elecciones generales y, previsiblemente, será el Partido Popular el encargado de decidir quién ocupa esos cargos de responsabilidad. De manera que, antes de que se queden en la calle, el Gobierno está buscando acomodo a los suyos desde hace meses y lo está haciendo con poco disimulo.
El último recolocamiento fue el de Luis Díez Martín, jefe de Gabinete de la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Elena Salgado, hasta hace poco más de un mes. A mediados de septiembre, el Ejecutivo decidió proponer a Díez –que también había sido jefe de Gabinete de Pedro Solbes de 2004 a 2009– como consejero de la Comisión Nacional de la Competencia, cargo que está blindado y en el que permanecerá los próximos seis años, con independencia de quién gobierne España.
Leer más: El Gobierno recoloca y blinda a una decena de altos cargos ante el batacazo electoral
Hoy se celebra la jornada “Videovigilancia y Protección de Datos” organizada por La Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid (APDCM). El acto tendrá lugar en el Auditorio de la Real Casa de Correos de Madrid (Puerta del Sol) entre las 9.15 y las 14.00h y abordará cómo la videovigilancia puede compaginar el objetivo de cubrir la seguridad pública y el de respetar el derecho fundamental a la protección de datos personales al mismo tiempo. En particular, se pretende analizar lo dispuesto en la Instrucción 1/2007, de 16 de mayo, de la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid, sobre el tratamiento de datos personales a través de sistemas de cámaras o videocámaras.
Como se ha puesto de manifiesto en los últimos tiempos, se está produciendo un gran despliegue de sistemas de cámaras y videocámaras con la finalidad de mejorar la seguridad de los inmuebles, instalaciones, vehículos y medios públicos de transporte así como de las personas que viven, trabajan y se desplazan en ellos. Por este motivo, la APDCM ha convocado, por segunda vez, una jornada con la intención de formar, difundir y concienciar a los gestores públicos para la implantación de las necesarias políticas que hagan compatible la seguridad de las personas que trabajan y acuden a sus distintas sedes y de los inmuebles e instalaciones en las que desarrollan sus actividades con el respeto al derecho fundamental a la protección de datos personales.
Entre los contenidos que se abordarán en el transcurso de dicha sesión destaca las obligaciones en materia de protección de datos que conlleva la instalación de cámaras de videovigilancia y el tratamiento de datos personales obtenidos a través de sistemas de cámaras o videocámaras. Igualmente, está previsto el análisis de casos particulares como los relativos a la instalación de cámaras en la vía pública por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y las dedicadas a la vigilancia del tráfico de vehículos.
Otro de los objetivos previstos para la sesión es el poder compartir las experiencias de las distintas AA.PP. del ámbito territorial de la Comunidad de Madrid en la adaptación de las instalaciones de videocámaras a lo que establece la legislación de protección de datos personales. Además, se pretende promover la adopción de buenas prácticas en estos tratamientos de datos personales para salvaguardar mejor la privacidad de los ciudadanos de la Comunidad de Madrid, así como poner en contacto a los responsables de ficheros de datos con la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid e informarles de los distintos servicios que la misma pone a su disposición.
En cuanto a los asistentes, está previsto que participen en el acto personalidades como la asistencia de la Consejera de Presidencia y Justicia de la Comunidad de Madrid, Regina Plañiol de Lacalle o el Director de la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid, Santiago Abascal Conde.
La Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid es una autoridad independiente de control que garantiza y protege el derecho fundamental a la protección de datos personales. Sus competencias versan sobre los ficheros de titularidad pública creados o gestionados por la Comunidad Autónoma de Madrid, Entes que integran la Administración Local de su ámbito territorial, Universidades públicas y Corporaciones de derecho público representativas de intereses económicos y profesionales de la misma, en este último caso, siempre y cuando dichos ficheros sean creados o gestionados para el ejercicio de potestades de derecho público.
La defensa de la edil del Partido Popular (PP) Margarita Horrach argumenta que no existen víctimas, ni delito, en el caso de la filtración de fichas médicas de pacientes del hospital de Inca con fines electorales. Horrach, asistida por Fernando Mateas, ha solicitado el sobreseimiento libre de las diligencias instruidas en un juzgado de Inca.
Leer más: La defensa afirma que no existen víctimas de la filtración de datos en el hospital de Inca
El juzgado de instrucción número 5 de Inca investiga, desde noviembre del 2010, la comisión de presuntos delitos contra la intimidad, revelación de secretos y uso de datos sanitarios privados para otros fines, relacionados con un presunto entramado electoralista del PP de dicha localidad. El caso, desvelado por DIARIO de MALLORCA, versa sobre la presunta utilización, con objetivos partidistas, de listados de pacientes de Inca. Los sospechosos de ese mal uso de datos extremadamente confidenciales son ediles del PP de Inca y personal del hospital público del Ibsalut en dicha localidad.