Las cámaras de videovigilancia que el Concello de Cee tiene instaladas en el centro del casco urbano siguen dando vueltas.

Poco después de su instalación, una asociación, el Movemento polos Dereitos Civís, denunció que no cumplían con la normativa ante la Agencia Española de Protección de Datos (AGPD). Ese organismo dio la razón a los denunciantes y emitió una resolución por la que obligaba al Ayuntamiento a redirigir los dispositivos hacia recintos propios -no a la vía pública- o a retirarlos.

En un primer momento, desde el Ayuntamiento se dijo que las cámaras iban a ser eliminadas acatando una resolución que no se compartía. Pero el alcalde, poco después, dejó claro que los objetivos se quedaban donde estaban y que, en todo caso, serían apagadas, sin concretar la fecha, mientras se tramitaba su regularización.

Desde la asociación que presentó la denuncia no entienden esa actitud y han vuelto a rellenar papeles para que el caso no se quede como está.

Ahora se han dirigido de nuevo tanto a la Agencia Española de Protección de Datos como a la Delegación del Gobierno explicando que «o Concello de Cee non pensa cumprir coa resolución».

No confían mucho, dice Renato Núñez desde la entidad, en que las hagan caso, de lo que culpa, dice, a la permisividad de la Delegación del Gobierno con ese tipo de dispositivos. Explica también que la Delegación confirmó en su día que las cámaras carecían de la preceptiva licencia, pero no cree que eso vaya a apurar su retirada. «Resulta vergoñento que mentres os cidadáns debemos cumprir todas as normas, a Administración só cumpra as que lle da a gana», dice.

Es más, asegura que si el que pusiera los dispositivos fuera un negocio privado para velar por su seguridad, la multa impuesta ascendería a 60.000 euros.

El caso de Cee, cuenta, no es único, y se han dado situaciones similares, con resoluciones de la AGPD pidiendo la retirada de los objetivos, en ayuntamientos como los de A Coruña y Ares. En los dos casos, siguen en el mismo lugar.

FUENTE: www.lavozdegalicia.es