El Grupo Parlamentario de UPyD en la Asamblea de Madrid ha presentado siete Propuestas de Resolución al Debate sobre la Orientación Política General del Consejo de Gobierno, para su debate y votación ante el Pleno de la Asamblea, entre las que destacan:
1- Nuevo Pacto Constituyente.
UPyD considera que hay que enmarcar a la Comunidad de Madrid dentro de la crisis política e institucional que vive el país, y que ha agravado la actual crisis económica. Hay que reformar la Constitución, para definir claramente las competencias entre el Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos.
La Comunidad de Madrid puede suprimir la estructura actual que duplica la Administración del Estado, asemejándola a un miniestado, y eliminar las duplicidades que tiene con los ayuntamientos, y éstos entre sí. En este sentido, también es urgente la supresión de órganos duplicados con el Estado como el Consejo Consultivo, el Consejo Económico y Social, la Agencia de Protección de Datos y la Unidad de Representación de la Comunidad de Madrid en Bruselas.
UPyD pide a la Comunidad de Madrid, además, que proponga una reforma de la Ley Electoral que garantice la igualdad de voto de los ciudadanos; que reduzca a 70 el número de diputados en Madrid y que favorezca la reforma del Reglamento de la Asamblea para que los ciudadanos y los periodistas puedan seguir los Plenos en un horario racional y que fije la obligación de la Presidenta de la Comunidad de comparecer ante el Pleno.
2- Reforma de la Administración autonómica: reducirla a través de la austeridad selectiva y aumentar su capacidad y profesionalidad.
La Administración autonómica y las locales necesitan una profunda reforma que garantice un tamaño adecuado, estabilidad en su funcionamiento y profesionalidad de sus cargos directivos.
UPyD propone fijar en seis el número máximo de Consejerías; la reducción de las Viceconsejerías, Direcciones y Subdirecciones Generales; la supresión de entes y fundaciones públicas; la limitación de la libre designación de puestos directivos; la evaluación de los empleados públicos y de su carrera profesional; la eliminación de los cargos de confianza del Gobierno regional, excepto dos para Presidencia y uno para cada Consejero y la supresión de todos los coches oficiales excepto el del Presidente del Gobierno.
3- Sostenibilidad de las infraestructuras de transporte y hospitalarias.
Las necesidades financieras de las infraestructuras y transportes públicos de la Comunidad de Madrid se han incrementado exponencialmente en los últimos años de gobierno de Esperanza Aguirre en la región.
Este incremento tiene su origen en una gestión basada en el día a día, en cálculos electorales y en la fantasía de un crecimiento económico continuo y desmesurado, más que una gestión basada en la movilidad y en la sostenibilidad de las infraestructuras en el medio y largo plazo.
De esta forma, a día de hoy, nos encontramos con un gravísimo problema de mantenimiento de las infraestructuras o de viabilidad financiera de algunos operadores del sistema público de transportes, como el caso de la compañía Metro de Madrid, problema que no puede derivarse ahora a los ciudadanos.
Por ello, UPyD solicita a la Comunidad de Madrid que realice un estudio realista del coste- beneficio y la previsión de usuarios, e identificar a los beneficiarios de las infraestructuras. También revisar el actual sistema tarifario para que el usuario pague por lo que recibe, y establecer una estrategia para incrementar el número de usuarios.
UPyD pide al Gobierno regional que presente un informe sobre los costes- beneficios de los nuevos hospitales creados entre 2006 y 2012, y la capacidad de la Comunidad para su mantenimiento sin desatender otros servicios básicos.
4- Depuración de responsabilidades por la gestión de Caja Madrid.
UPyD recuerda que las cúpulas de los partidos políticos han ocupado las Cajas de Ahorros y han nombrado a sus consejos de administración, por lo que han actuado como “administradores ocultos”.
De acuerdo a la Ley de Cajas de Madrid, la Comunidad tiene competencias administrativas en materia de supervisión, inspección y control de la actividad económico- financiera y benéfico- social de las Cajas de Ahorro de Madrid.
Por ello, UPyD solicita a la Comunidad que inicie los expedientes de investigación y sanción por la gestión de Caja Madrid; se ejerzan las competencias sancionadoras contra los responsables de las posibles infracciones administrativas; se ponga en conocimiento del Ministerio Fiscal los datos de los expedientes citados y se destituya al Consejo de Administración de Caja Madrid.
El Grupo Parlamentario de UPyD ha presentado otras tres Propuestas de Resolución:
- El aumento de los ingresos, la transparencia presupuestaria y combatir el fraude fiscal.
- El mantenimiento de Servicios Públicos esenciales en materia de educación y sanidad
- El mantenimiento de Servicios Públicos esenciales en materia de justicia gratuita, servicios sociales y vivienda
La Audiencia Nacional considera que TELEFONICA (TEF.MC)y Telecinco actuaron correctamente en sendos envíos masivos de sms publicitarios, al incluir en sus respectivas web información. En el año 2010, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) multó a Telefónica y a Telecinco, con 100.000 euros al considerar que las empresas habían mandado incorrectamente casi 50 millones de sms publicitarios.
Según la AEPD, los sms no incluían información de contacto que posibilitase al destinatario oponerse al envío de más mensajes, de forma sencilla, informa el despacho de abogados especializados en protección de datos, www.salirdeinternet.com.
Telefónica y Telecino recurrieron ambas multas. Telefónica no fue multada por haber incluido en los sms el nombre de su web. La Audiencia Nacional consideró que cualquier destinatario interesado en obtener información podría acudir a la web de Telefónica e informarse rápidamente de como dejar de recibir sms.
Según la misma fuente, en el caso de Telecinco, la compañía no había incluido en el sms el nombre de su web, pero sí un correo electrónico de Telecinco al que escribir para dejar de recibir mensajes. La Audiencia Nacional ha considerado que no se podría sancionar a Telecinco, no por hacer constar su correo electrónico, sino porque la web de Telecinco recogía la información legal.
Para www.salirdeinternet.com, estas dos sentencias consolidan, junto a otras, "un importante criterio de la Audiencia Nacional, en una materia de marketing muy sensible a las multas, que dice: ninguna irregularidad supone el hecho de que el modo de cancelación de los datos y de revocación del consentimiento aparezca no en cada mensaje sino en la pagina web de la entidad prestadora del servicio".
En estos momentos, ya tienen el sistema Eurocop en funcionamiento las Policías Locales de Ávila, Arévalo, Aranda de Duero, Miranda de Ebro y Burgos, Astorga, Ponferrada, San Andrés del Rabanedo, Villaquilambre y León, Salamanca, Ciudad Rodrigo, Béjar y Santa Marta de Tormes, Segovia, Soria, Medina del Campo, Benavente y Zamora. El objetivo de la Junta de Castilla y León es que el Sistema EUROCOP se encuentre operativo en los 26 principales Cuerpos de Policía Local de Castilla y León.
El sistema es, básicamente, una aplicación informática que conecta una red interna (Intranet) exclusiva para Policías Locales, que permite en tiempo real compartir datos e información relevante de que dispongan todos los Cuerpos, y la homogeneización de plantillas y documentos. De esta manera, por ejemplo, todas las Policías Locales que estén conectadas al sistema pueden consultar listados de vehículos sustraídos que estén denunciados ante cualquier Policía Local, personas desaparecidas, personas que se encuentren en búsqueda y capturada, denuncias... Al mismo tiempo, el sistema da la oportunidad de que los boletines de denuncias y otros documentos de trabajo diario de las Policías Locales sean homogéneos, iguales para todos los Cuerpos.
El sistema se denomina EuroCop Millenium y ofrece servicio de gestión informática para cada Cuerpo de Policía Local, creación de una intranet a través de Red Privada Virtual para compartir información, creación de un portal corporativo de Policías Locales, sistema estadístico regional, y gestión on line entre policías. El sistema permite ampliar sus capacidades con servicios como policía on-line, tramitación de denuncias, geolocalización en seguimiento de víctimas, GPS...
Los servidores de datos permiten compartir informaciones del tipo padrón por habitantes, padrón de vehículos, callejeros, personas buscadas o desaparecidas, delincuentes. Y dan la posibilidad a cada Ayuntamiento de gestionar sus propias plantillas de agentes, con información sobre turnos de trabajo, horarios, registro de armamento, equipo asignado a cada agente, registro de entrada y salida de documentos, órdenes de servicio, contabilidad, boletines de denuncia o gestión de diligencias. Todos estos documentos son de carácter interno, no compartidos en la red local.
El sistema de gestión policial con que se está dotando a los Cuerpos de Policía Local de Castilla y León forma parte de las políticas de la Junta de Castilla y León en materia de seguridad pública. En concreto, por la Ley 9/2003, de coordinación de policías locales, coordinación que queda definida por el establecimiento de marcos de actuación integrados dentro del sistema de seguridad pública, dirigidos al funcionamiento homogéneo de los Cuerpos de Policía Local. En la práctica, esto se lleva a cabo de distintas maneras, como por ejemplo la fijación de medios y relaciones que hagan posible la información y asistencia recíproca entre Cuerpos, la homogeneización técnica y la acción conjunta, de forma que se tienda a alcanzar la integración de las actuaciones parciales de cada Cuerpo en la globalidad del sistema.
Otro de los temas que se abordaron durante la reunión mantenida entre el director de la Agencia de Protección Civil, Fernando Salguero, y el alcalde de La Bañeza, José Miguel Palazuelo, fue la integración de la Policía Local de La Bañeza en el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León. Dicha integración se hará próximamente y gracias a ella la Policía Local de La Bañeza recibirá los avisos de emergencia procedentes del centro 112 en tiempo real y por vía telemática, lo que permitirá mejorar los tiempos de respuesta al evitarse las comunicaciones por teléfono y la demora que ello conlleva.
Además, la central de la Policía Local tendrá acceso en cualquier momento a toda la información disponible sobre las emergencias que gestionen, tales como números de teléfono e identidad de los alertantes, lugar en el que se produce la emergencia y toda la información que los distintos organismos que intervienen en una emergencia aportan al 112.
De esta manera, la Policía Local de La Bañeza pasará a disponer de las mismas herramientas de gestión de emergencia con que trabajan los principales Cuerpos de Policía Local de Castilla y León, y podrá así mejorar el servicio que presta al municipio.
Eldiario.es ha tenido acceso en exclusiva a dos informes internos de diversos organismos del estado con recomendaciones para la mejora del texto legislativo. Los documentos -que sí han sido enviados a los diputados- no son accesibles desde ninguna de las correspondientes webs institucionales. Aquí se pueden leer en su totalidad.
Son el resumen realizado por el Ministerio de Presidencia de las casi 3.700 aportaciones recibidas en la consulta pública y el informe de la Agencia de Protección de Datos, consultada por el Gobierno antes de aprobar el Proyecto de Ley el pasado 27 de julio y enviarlo a las Cortes. De su análisis se desprende cómo el ejecutivo no hizo caso a las principales sugerencias ciudadanas y avanza la que será la gran batalla una vez la ley entre en vigor: el choque entre acceso a la información y protección de datos.
Estos dos documentos, junto con el dictamen del Consejo de Estado (que sí es público y puede consultarse también más abajo) han ayudado a modificar las tres versiones que ha habido hasta ahora del texto y cuyos cambios se pueden comprobar gracias a la web tuderechoasaber.es aquí y aquí. Ahora, las cartas están sobre la mesa de los grupos parlamentarios, que desde el martes pueden presentar enmiendas antes del debate en la Comisión Constitucional. Tras la aprobación de esta ley, España dejará de ser el único gran país de Europa que no garantice el derecho a que cualquier persona puede acceder a la información y documentos de las instituciones públicas.
La paradoja es que los informes internos (como estos) seguirán siendo inaccesibles para la ciudadanía si la ley se aprueba con la redacción actual.
Informe sobre la consulta pública
Este documento es lo más cercano que tenemos a ver qué decían las 3.683 sugerencias enviadas durante los 15 días que estuvo abierta la consulta pública el pasado marzo. El Gobierno se ha negado a publicarlas, alegando que no había pedido permiso de antemano. Sí aseguró que las modificaciones realizadas gracias a ellas fueron "significativas". Este documento demuestra que no hizo caso a las principales demandas y a su vez destaca la poca precisión en la cuantificación del apoyo a cada sugerencia:
- En la página 2 se anota que “un significativo número de observaciones señalan la necesidad de configurar el derecho de acceso como un derecho fundamental regulado, por tanto, por una norma de rango orgánico”. Con su actual redacción, la ley sigue siendo ordinaria y ante un conflicto, normalmente prevalecerían otros derechos fundamentales (como la protección de datos). La vicepresidenta Soraya Saénz de Santamaría dijo que habría que modificar la Constitución para llevar a cabo este cambio. Sin embargo, esto no sería necesario si se siguiera lo que dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que reconoce el derecho de acceso a la información como parte inherente de la libertad de expresión, como apuntan expertos como Access Info Europe y la Coalición Pro Acceso.
- Hubo un interés expreso en que la Casa Real o “todos los receptores de fondos públicos, incluidos ONGs, partidos políticos, sindicatos o patronal” estuvieran incluidos en el alcance de la ley. Ninguno lo está. Con respecto a la Casa Real, la vicepresidenta señaló que la Constitución no la considera una Administración pública y que monarquías como la británica no están sometidas a esta ley en su país. Un simple vistazo a su página web demuestra que de por sí, es mucho más transparente que la española.
- El silencio administrativo sigue siendo negativo, a pesar de las “numerosas observaciones” recibidas pidiendo que se cambie (página 6).
- “Todas las observaciones” sobre la agencia que se encargará de velar por el cumplimiento de la transparencia señalan sus " problemas de independencia”. Ahora mismo sigue dependiendo del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y no es un organismo independiente, como sí lo es la Agencia de Protección de Datos.
Hay que decir que sí se hicieron algunos cambios gracias a las aportaciones ciudadanas, como la inclusión de los colegios profesionales, los contratos menores o la aplicación de la prueba de interés público.
Informe de la Agencia de Protección de Datos
Este documento de 41 páginas se centra principalmente en argumentar la necesidad de añadir matices en el artículo de la ley que habla sobre protección de datos (antes artículo 11, ahora artículo 12) y que luego se trasladaron mayormente al Proyecto de Ley.
Sin embargo, gran parte de su valía reside en plantear la antesala de la batalla constante que habrá entre protección de datos y el acceso a la información (ya sea solicitada o publicada de manera proactiva). Se hace mención a varios casos concretos para poner en relevancia la importancia de vigilar el no mostrar datos especialmente protegidos en la publicación de la información, como pueden ser las identidades de drogodependientes que han recibido ayudas (páginas 35 a 38).
Y en esa enumeración de ejemplos se deja entrever cómo la transparencia en nuestro país podría distar mucho de la de que tienen nuestros vecinos. Este informe hace referencia a otro anterior en el que la Agencia de Protección de Datos aconsejó no publicar en internet los ficheros con las facturas debidas por las entidades locales a los proveedores (y que suman unos 9.300 millones de euros que ya han sido pagados).
Mencionando a un caso europeo sobre la publicación de la identidad de las personas físicas beneficiarias de ayudas a la agricultura, la Agencia considera que la “transparencia no precisa de la publicación exhaustiva en Internet de la lista de contratistas acreedores” ya que la información “puede revestir igual relevancia si las cifras constan de forma agregada”. A pesar de no ver problema con las personas jurídicas, el resultado es que esta información no se publicó en detalle. Por el contrario, en el Reino Unido, las entidades locales están obligadas a publicar proactivamente en sus páginas todo gasto por encima de 500 libras (unos 630 euros) desde enero de 2011.
Informe del Consejo Estado sobre la Ley de Transparencia
A pesar de haber intentado mostrar las principales claves de estos informes, puede haber muchas más cuestiones en ellos. Te animamos a que nos cuentes en los comentarios si ves algo de interés.
Después de que la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) haya hecho pública su resolución en la que considera que el alcalde de Valencia de Don Juan, Juan Martínez Majo, cometió una infracción grave al utilizar los datos postales de 150 alumnos del colegio público Fray Bernardino Pérez para hacer llegar a sus familias una carta con claro contenido electoral, el PSOE de la localidad ha exigido exige explicaciones al regidor popular.
En primer lugar, y según la nota de prensa remitida a este periódico, el PSOE asegura que «el regidor coyantino ha mentido a la AEPD, al Procurador del Común, a la corporación coyantina, y lo más grave, a los ciudadanos». Para el portavoz del PSOE en la localidad, Jorge Mateos, Martínez Majo, «las direcciones no las obtuvo cotejando los listados de los alumnos con ningún listín telefónico, tal y como ha argumentado, puesto que es imposible que los menores sean los titulares de las líneas telefónicas. Además, todo el mundo sabe que en las guías telefónicas nunca figura el piso ni la puerta de las direcciones».
Mateos considera que «después de haber pedido en reiteradas ocasiones a lo largo de este año que se retracte del contenido de la carta y después de haber exigido conocer de dónde obtuvo o quién le facilitó los datos de los 150 menores, y al no haber obtenido respuesta alguna por parte de Martínez Majo, desde el PSOE entendemos que este puede ser el momento oportuno de que lo haga ante los tribunales».
Por este motivo, los socialistas consideran que al tratarse de una infracción grave que no prescribe hasta transcurridos dos años, «invitamos a los padres que inquieran a la Agencia de Protección de Datos a que el Alcalde les explique de dónde obtuvo la dirección de su hijo».
Para el portavoz socialista en el Ayuntamiento coyantino, la carta remitida en campaña electoral por Majo a los alumnos supone lanzaba «el más furibundo ataque a la enseñanza pública y al colectivo de los maestros realizado por un político leonés que se recuerda».