El presidente en funciones de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, anunciará este martes en su Discurso de Investidura ante la Asamblea madrileña, que entre las medidas para seguir adelgazando la Administración llevará a cabo la eliminación del Consejo Económico y Social, la Agencia de Protección de Datos y Promomadrid.

Según ha informado el Gobierno regional, esta medida forma parte de un conjunto de iniciativas que pasan por el fomento y la creación de empleo, la reducción del sector público y la austeridad en el gasto, con el fin de garantizar servicios públicos de calidad y culminar el "proyecto liberal" iniciado hace nueve años por Esperanza Aguirre, como ejes de su acción de Gobierno.

Con este fin, avanzará en la reducción de la Administración regional al eliminar organismos "cuyas funciones pueden ser asumidas por otros", como el Consejo Económico y Social, la Agencia de Protección de Datos y Promomadrid, han explicado desde el Ejecutivo autonómico, que ha sido "pionero" en la puesta en marcha de una política de reducción de su sector público empresarial.

El Consejo Económico y Social, presidido por Pedro Schwartz, se creó con el fin de "facilitar la más plena participación de los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social", según se recoge en el artículo 1 de su Estatuto de Autonomía. El Pleno constitutivo del CES tuvo lugar el día 8 de mayo de 1992.

Es un órgano de participación tripartito y de carácter consultivo de la Comunidad de Madrid en materias económicas y sociales, del que forman parte tanto los interlocutores sociales -empresarios y sindicatos- como expertos designados por el Gobierno regional. El CES ejerce sus competencias con total independencia funcional de los restantes órganos e instituciones de la Comunidad de Madrid.

Protección y proyección para Madrid

Por su parte, la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid es una autoridad independiente de control que garantiza y protege el derecho fundamental a la protección de datos personales. Sus competencias versan, por ejemplo, sobre los ficheros de titularidad pública creados o gestionados por la Comunidad.

También contempla los de los entes que integran la Administración Local de su ámbito territorial, Universidades públicas y Corporaciones de derecho público representativas de intereses económicos y profesionales de la misma, en este último caso, siempre y cuando dichos ficheros sean creados o gestionados para el ejercicio de potestades de derecho público.

En el caso de Promomadrid Desarrollo Internacional de Madrid, S.A. es una empresa pública, creada en 2004, con la finalidad de promocionar y desarrollar internacionalmente la Comunidad de Madrid desde el punto de vista económico. Está adscrita a la Consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid.

Su objetivo es apoyar a las empresas madrileñas en sus procesos de internacionalización, atraer y retener la inversión extranjera y llevar a cabo todas aquellas acciones que tengan como fin la mejora de la presencia, percepción y valoración de esta Comunidad, sus empresas, instituciones y su patrimonio cultural y económico.

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Medio centenar de albaceteños presentaron en 2011 denuncias a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) por considerar que se habían vulnerado sus derechos. En ese mismo año la agencia emitió cuatro procedimientos sancionadores en la provincia.
La AEPD ha publicado su Memoria de 2011, en la que se recogen los aspectos más significativos de su gestión. Destaca que las denuncias registradas han aumentado en un 51,6% (7.648) respecto a las presentadas en 2010 (5.045). En Albacete han pasado de 31 a 50.
En cuanto a los sectores o actividades con mayor número de denuncias y actuaciones de investigación, en primer lugar, se encuentra el sector de las telecomunicaciones (especialmente telefonía móvil) con 1.378; la videovigilancia con 871 actuaciones previas ; entidades financieras con 841; servicios de internet con 288 actuaciones previas de investigación; y comunicaciones electrónicas comerciales y spam con 270 actuaciones.
Los problemas más frecuentes vienen siendo la difusión de datos personales en internet; la vulnerabilidad de las medidas de seguridad en internet, y la morosidad, en este caso ligada con frecuencia a casos de suplantación de identidad en la contratación. En cuanto a la procedencia de las denuncias, la Comunidad de Madrid se mantiene en el primer puesto con 1.495, seguida por Andalucía con 780 y en tercer lugar se encuentra Cataluña, con 576. De Castilla-La Mancha han sido 224.
Derecho al olvido
Entre las solicitudes de tutelas destacan, según ha informado la agencia, las relativas al llamado «derecho al olvido» en internet, un derecho cada vez mas reclamado por los ciudadanos.
Las demandas para lograr la cancelación de datos en Internet, y para evitar que los datos personales figuren en los resultados de los buscadores se consolida y amplia año a año: de tres solicitudes en 2007 se ha pasado a 160 en 2011. De las 817 resoluciones de infracción que recayeron sobre el sector privado, 505 resoluciones culminaron con sanción económica, y 312 con un apercibimiento.
En lo que se refiere a la provincia de Albacete, las mayores sanciones impuestas en los últimos meses han sido para empresas de telefonía: una con dos multas de 50.000 euros en un mismo caso a France Telecom, otra de 30.000 a la misma firma; una de 30.000 y otra de 20.000 a Telefónica, siempre por «falta de diligencia» a la hora de comprobar identidades, tramitar reclamaciones o enviar datos a ficheros de morosos.
Destaca también la presencia de tres denuncias distintas por problemas a la hora de conseguir historiales clínicos en el Complejo Hospitalario de Albacete.
En otros casos, las denuncias se han archivado o se han limitado a apercibimientos o sanciones menores.
La Agencia de Protección de Datos (AEPD) recibió el pasado año 160 solicitudes de cancelación de datos en internet o para evitar que los datos personales figuren en los resultados de los buscadores ("derecho al olvido"), un 80% más que en 2010.
Además, las denuncias totales registradas en la Agencia (7.648) aumentaron un 51,6% respecto a las presentadas en 2010 (5.045), según se recoge en la memoria anual de la AEPD, dada a conocer hoy.
Los sectores o ámbitos de actividad con mayor número de denuncias y actuaciones de investigación son las telecomunicaciones (1.378), la videovigilancia (871), entidades financieras (841), servicios de internet (288) y comunicaciones electrónicas comerciales y 'spam' (correo no deseado), con 270, ha informado la agencia en un comunicado.
La Memoria pone de relieve que "el derecho al olvido" en internet se ha configurado como un derecho cada vez más reclamado por los ciudadanos, ya que de las tres solicitudes anuales recibidas en la Agencia en 2007 se ha pasado a las 160 de 2011.
En cuanto a las áreas temáticas en las que se produce un mayor crecimiento de las actuaciones, destacan la difusión de datos personales en internet y la vulnerabilidad de las medidas de seguridad en la red, así como la morosidad.
En este último ámbito, según la Memoria, sobresalen los casos de fraude o suplantación en la prestación del consentimiento en la contratación, que deriva en muchos casos en la inclusión en ficheros de morosidad de los datos de la persona suplantada.
También destacan supuestos de inclusión de los datos del deudor en ficheros de morosidad y de vulneración del deber de secreto en llamadas para el recobro de deudas.
En cuanto a la procedencia del total de denuncias, las Comunidad de Madrid sigue ocupando el primer puesto, con 1.495, seguida de Andalucía (780) y Cataluña (576).
Las solicitudes de los ciudadanos que acudieron a la AEPD recabando la tutela de sus derechos a acceder, cancelar, oponerse o rectificar sus datos alcanzaron las 2.230, lo que supone un incremento del 34% respecto a 2010.
El aumento de las denuncias presentadas en 2011 ha generado un crecimiento en el número de resoluciones declarativas de infracción del 37,7%, con un total de 898, de las que 817 tuvieron como destinatarios a responsables privados y 81 a administraciones públicas.
De las que recayeron en el sector privado, 505 culminaron con sanción económica y 312 con apercibimiento.
El mayor número de infracciones o apercibimientos fueron un año más para la videovigilancia, con 281 resoluciones sancionadoras (un 60% más que en 2010), seguido de las empresas de telecomunicaciones (22) y el sector financiero (58).
El montante total de las sanciones económicas superó los 19,5 millones de euros, lo que supone un aumento del 12% respecto al año anterior.
En cuanto a las administraciones públicas, 32 resoluciones estaban relacionadas con Registros de la Propiedad. De los 99 procedimientos tramitados, 81 finalizaron con una declaración de infracción.
El número de consultas dirigidas al Servicios de Atención al Ciudadano fue de 134.635 (un 28,40% más que en 2010) y la principal vía fue la telefónica (113.579).
Como novedad y pese al reducido porcentaje de consultas (2,50%), destacan las solicitudes de información sobre las posibilidades de exclusión de las listas telefónicas.
Las cifras de inscripción de ficheros en el Registro General de Protección de Datos siguen en acceso y se supera ya la cifra global de 2,6 millones de ficheros inscritos.

Junto a las estadísticas, la Memoria analiza este año "algunos de los retos más relevantes que tiene planteados la protección de datos", tales como la seguridad y la protección de la privacidad en internet, las demandas de "derecho al olvido", el 'cloud computing' (permite ofrecer servicios de computación a través de internet), los riesgos derivados de la geolocalización o el reconocimiento facial.

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Tal y como ha sucedido en Francia, Facua-Consumidores en Acción ha solicitado a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) que "abra una investigación para verificar si Facebook ha publicado mensajes privados de sus usuarios".

La petición llega un día después de la denuncia relizada por los medios de comunicación francesa, y la posterior detección del mismo fallo por parte de los medios españoles.

Hasta este momento, Facebook ha negado la existencia de un incidente en materia de privacidad y afirma que se ha producido un error de apreciación por parte de los medios de comunicación y de los usuarios.

"FACUA considera que la versión de la multinacional no es en absoluto descartable, pero advierte que tampoco debe serlo la de los citados medios y los usuarios que incluso conociéndola insisten en que muchos mensajes que ahora son públicos en su día fueron privados o conversaciones de chat", apunta la organización en un comunicado.

Y añade: "Desde la noche del lunes, Facua está recibiendo numerosos mensajes en Twitter, en su página de Facebook y a través de correos eléctronicos de usuarios que se muestran absolutamente convencidos de que su privacidad ha sido vulnerada".

"En varios casos, el contenido de los mensajes que aparecen en sus muros son muy íntimos e incluso comprometen su vida privada", concluyen desde esta organización.

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La organización de consumidores FACUA ha anunciado hoy que denunciará a la red social Facebook ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) por lo que considera su «escandaloso» agujero de seguridad, después de que mensajes privados de varios usuarios se mostraran públicamente en su muro.

En un comunicado, FACUA ha señalado que el diario francés Metro ha identificado hoy el fallo, que afecta a determinadas cuentas «cuya cifra aún se desconoce y del que también son víctimas internautas españoles».

La organización ha considerado «un auténtico escándalo este colosal fallo de la multinacional estadounidense, que compromete gravemente la privacidad de numerosos usuarios afectados» y ha afirmado que denunciará mañana a Facebook ante la AEPD.

La asociación espera que la empresa dé explicaciones a los usuarios y sea transparente sobre el alcance y motivos de este fallo de seguridad «cuya gravedad es extrema».

Según la FACUA, el error afecta concretamente a los mensajes íntimos de los afectados de los años 2007, 2008 y 2009 y, para verificar si se está afectado, los usuarios han de mirar y eliminar u ocultar «año por año qué aparece publicado por sus amigos con la frase 'X amigos han publicado en el muro'».

La organización ha aconsejado que, para eliminar los mensajes recibidos, es más rápido modificar la configuración de privacidad de la cuenta, para que los que aparezcan en el muro solo sean visibles para el dueño de la misma aunque, en cualquier caso, «los mensajes enviados tendrán que ser eliminados uno a uno por los afectados».

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