Osuna Milla, gobernador de BC, dijo que lo que está viviendo México sólo se resuelve trabajando en equipo; Guillermo Padrés revela que hay patrullajes en Sonora
Los gobernadores de Baja California, Baja California Sur y Sonora condenaron el ataque al Casino Royale en Monterrey en donde fallecieron 52 personas.
En conferencia de prensa, previo a una reunión privada de seguridad convocada por la Tercera Zona Militar en esta capital, los mandatarios se solidarizaron con los familiares de las víctimas y reiteraron su condena a estos actos de violencia.
José Guadalupe Osuna, Marcos Covarrubias y Guillermo Padrés reiteraron su respaldo a las fuerzas armadas en el combate a la delincuencia organizada y señalaron que la respuesta del estado mexicano debe ser contundente.
Osuna Millán manifestó que en Baja California, bajo un esquema de colaboración con las fuerzas armadas, se ha conseguido avanzar en el combate a los delitos y la disminución de los índices de violencia.
TRAS los hechos sucedidos anteayer en Monterrey, el presidente del club Rayados de Monterrey, Jorge Urdiales, señaló vía telefónica que redoblarán esfuerzos para que la gente que asista al estadio Tecnológico disfrute tranquilamente de un buen espectáculo deportivo. "Tenemos la seguridad permanente en todos los partidos, obviamente ante las situaciones que se han presentado habrá una precisión mayor, un detalle mayor como ya se tuvo el martes pasado en el juego de Concacaf y se redoblarán los esfuerzos de vigilancia para que todo mundo esté más tranquilo, con relación a que pueden ir y venir al estadio con su familia con tranquilidad. Nosotros esperamos que esté lleno, como en todos nuestros partidos".
Los encargados de poner el orden y salvaguardar a los asistentes al estadio serán la policía del Estado, Municipal y Privada, precisó el dirigente. "Como siempre ha estado a cargo de la Seguridad Pública del Estado, con el apoyo de la policía regia, que es el municipio al que pertenecemos nosotros, y con seguridad privada que prevé el club. No puedo dar una cifra a detalle, eso lo determina la autoridad y ellos son quienes dicen cuántos elementos son los que destinan a cada juego".
El gobernador Cesar Duarte logró prórroga mediante la cual los empresarios de Chihuahua continuarán con el actual esquema de guardaespaldas y no tendrán que contratar a guardias de empresas privadas.
Y es que por disposición de la Secretaría de la Defensa Nacional los policías estatales no pueden fungir como guardias de seguridad privados, que es el esquema que desde hace años permanece en Chihuahua.
Esto preocupó a los empresarios puesto que tendrían que acudir a particulares para contratar su seguridad.
Pero la principal preocupación es que tendrían que acudir a empresas que ni conocen y que les asignarían personas que ni siquiera son de Chihuahua.
Cesar Duarte fue quien tras varias pláticas logró esta prórroga.
FUENTE: www.tiempo.com.mx
El director general del Comité Organizador de los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011 (COPAG), Carlos Andrade, refrendó su compromiso por hacer una justa excepcional tanto por su calidad como por el blindaje en la seguridad.
En el marco de los sucesos de violencia que han salpicado al deporte y a la sociedad, Andrade Garín aseguró que hay una coordinación plena para cumplir el objetivo.
"Hay un blindaje completo para el evento; Ejército, Marina, seguridad privada y policías estatales estarán custodiando en todo momento el desarrollo de las actividades en una tarea que además compete a los diferentes niveles de gobierno", sostuvo.
Asimismo, señaló que ya están detallando planes de logística en materia de seguridad y explicó que los estacionamientos de las sedes donde se realizarán las competencias, así como sus alrededores no están habilitados para uso público, además para acceder se tendrá que pasar por diversos cinturones de seguridad.
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En buen momento llegó la noticia de que por lo menos hasta el final de este año, los escoltas y guardias de seguridad privados podrán mantener la licencia colectiva de portación de armas, bajo las mismas condiciones que existían antes de la disposición emitida por la Secretaría de la Defensa Nacional de ser desarmados antes de septiembre.
Los lineamientos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) habían establecido seis meses para que los estados del país aseguraran el armamento utilizado en tareas de seguridad privada; sin embargo, el anuncio de esta medida causó inquietud entre los empresarios, dado que muchos de ellos emplean custodios armados para su seguridad personal.
La postura de los empresarios era totalmente justificada ya que el delito de secuestro aún es recurrente en el estado, así como la extorsión, el asalto y robo de vehículos a mano armada. Resultaba un contrasentido en estas condiciones desarmar a los escoltas privados.
El Diario fijó su postura al respecto en este mismo espacio, al advertir que la deficiente actuación de las policías es lo que ha llevado a los empresarios a contratar los servicios de escoltas armados y ahora resulta que por disposiciones de la Sedena, estos vigilantes debían ser desarmados.