En buen momento llegó la noticia de que por lo menos hasta el final de este año, los escoltas y guardias de seguridad privados podrán mantener la licencia colectiva de portación de armas, bajo las mismas condiciones que existían antes de la disposición emitida por la Secretaría de la Defensa Nacional de ser desarmados antes de septiembre.
Los lineamientos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) habían establecido seis meses para que los estados del país aseguraran el armamento utilizado en tareas de seguridad privada; sin embargo, el anuncio de esta medida causó inquietud entre los empresarios, dado que muchos de ellos emplean custodios armados para su seguridad personal.
La postura de los empresarios era totalmente justificada ya que el delito de secuestro aún es recurrente en el estado, así como la extorsión, el asalto y robo de vehículos a mano armada. Resultaba un contrasentido en estas condiciones desarmar a los escoltas privados.
El Diario fijó su postura al respecto en este mismo espacio, al advertir que la deficiente actuación de las policías es lo que ha llevado a los empresarios a contratar los servicios de escoltas armados y ahora resulta que por disposiciones de la Sedena, estos vigilantes debían ser desarmados.
Consideró incongruente que mientras las autoridades tratan de desarmar a los escoltas, las policías en su ineficaz desempeño permitan que anden sicarios armados en las calles, transiten por ellas en vehículos, incluso cometiendo infracciones viales, sin que nadie se atreva a detenerlos.
Las nuevas disposiciones de la Sedena fueron motivo de preocupación para los empresarios, quienes solicitaron al Gobernador César Duarte Jáquez su intermediación para que la Secretaría permitiera que sus guardias personales usaran armas autorizadas.
La petición fue hecha en el encuentro de algunos de los hombres de negocios más prominentes del estado con el mandatario estatal y el secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Seguridad, Juan Manuel Alcántara Soria, celebrada el miércoles 24 de agosto pasado. Ahí le pidieron que los permisos se prolongaran por lo menos hasta que termine este año.
Esta modalidad de escoltas privados había permitido durante años que los empresarios contrataran a escoltas que, previo pago al gobierno y capacitación por parte de la Fiscalía, portaran armas y fueran habilitados como agentes de seguridad pública estatal.
La licencia oficial colectiva número 166 concedida por la Sedena a las autoridades estatales especifica que el uso del armamento autorizado es exclusivo para tareas de seguridad pública y no para servicios a empresas, personas e instalaciones privadas.
Bajo el argumento de que las armas que usan estos escoltas son para seguridad pública, se emitió la disposición de que esas armas tenían que regresar a la función pública; sin embargo, hay que tomar en cuenta que estaban entrenados y habilitados por la autoridad estatal.
Según estimaciones de la Fiscalía General del Estado, serían aseguradas aproximadamente mil 200 armas largas y cortas a servicios de seguridad particular en Chihuahua y reasignadas a policías locales, con lo cual 800 elementos dejarían de laborar como escoltas y agentes estatales.
Los escoltas inhabilitados como tales tenían tres opciones para su futuro: reactivarse como policías preventivos; incorporarse a una empresa de seguridad privada acreditada o renunciar como agente estatal.
Sin embargo, merced a las gestiones realizadas, el Gobernador César Duarte anunció ayer que por lo menos hasta final del año, los escoltas y guardias de seguridad privados mantendrán la licencia colectiva de portación de armas, sin que ello signifique que puedan tener un arma superior a la que ya portaban.
Duarte Jáquez informó que el logro fue posible gracias a la disposición del secretario de la Defensa Nacional, general Guillermo Galván Galván, por lo que se va a seguir usando la licencia colectiva que hay en el estado y con ello quedan acreditados los cuerpos de seguridad que utilizan las diferentes empresas, bajo las mismas condiciones establecidas hasta antes de la nueva propuesta.
La rectificación por parte de la Sedena es oportuna y acertada, y favorece las medidas de protección que los ciudadanos pueden emplear para enfrentar esta ola de criminalidad que azota al país y en particular al Estado de Chihuahua.
Es menester advertir que la seguridad empresarial es una de las condiciones necesarias para no ahuyentar la inversión privada.
FUENTE: eldiariodechihuahua.mx