Extraña paradoja. El gobierno porteño había puesto todas sus fichas en ser el principal polo de reacción al Plan de Seguridad Integral impulsado por la ministra Nilda Garré.

Ya se sabe que el puntapié inicial de dicha maniobra consistió en prolongar la deuda crónica por los servicios adicionales de la Policía Federal en la Ciudad, para después convertir el corte de esa prestación en un hecho mediático. La jugada parecía una genialidad, ya que posibilitaba un beneficio adicional: el fabuloso negocio que supone contratar vigilancia privada por el triple de la suma que el gobierno del PRO no le pagaba a la Federal.

El eje del asunto es una licitación que incluye entre sus objetivos el enriquecimiento de los propios funcionarios. Pero algo falló. La operación puso al descubierto un sistema de coimas y retornos del que no son ajenas autoridades claves de esa cartera. Ello, de manera irremediable, empezó a llevar a la gestión del ministro Guillermo Montenegro a una crisis de imprevisibles consecuencias.

La teoría del eterno retorno. En su edición del 15 de abril, Miradas al Sur dio cuenta de un extraño encuentro celebrado el 5 de ese mes en una confitería situada casi en la esquina de las avenidas Cabildo y Juramento, del barrio de Belgrano.

Las emergencias de los hospitales traumatológicos y las que están ubicadas en zonas de mayor pobreza en la capital dominicana también son  receptoras de violencia  física y enfrentamiento por parte de familiares de pacientes, vecinos, policías y militares.

La situación afecta  a médicos y enfermeras, quienes han sido abofeteados y golpeados por parte de familiares de pacientes. Casi siempre reclaman atención rápida, buscan vengar a un herido o un muerto o acabar de matar a alguien.

Los hospitales que concentran mayores escenas violentas son el Francisco Moscoso Puello, el Luis Eduardo Aybar y el Darío Contreras. Todos están en la zona periférica, donde hay un alto índice de pobreza y desempleo.

Médicos y empleados de estos hospitales narraron a HOY  que ha habido noches en las que los cirujanos han tenido que abandonar la sala de cirugía pues personas violentas la han penetrado y contaminado el área.

Terror.  En la puerta que da acceso al edificio de hospitalización del  Darío Contreras el personal de seguridad ha quitado decenas de armas blancas, las cuales serían usadas para agredir a pacientes internados en salas y en estado de gravedad. En este centro, además de la seguridad policial que tiene Salud Pública y que se paga con recursos estatales, fue preciso contratar una seguridad privada, por la cual se paga RD$70,000 al mes.

La inseguridad llevó al límite los nervios de los empleados de las áreas de salud municipal y obligó a las autoridades a tomar medidas para poner un freno a la delincuencia en los dispensarios y en los Hospitales de Urgencias e Infantil. En algunos centros asistenciales ya se trabaja a “puertas cerradas” y se restringen los ingresos. Aunque hay custodia policial y refuerzos de una firma privada, para el personal cada vez “hay más robos”.

La secretaria de Salud municipal, Marcela Almagro, reconoció en diálogo con Día a Día que “hay una ola” de delitos, por lo que a los efectivos policiales que ya custodian los dispensarios decidió sumar una empresa privada de seguridad en el Infantil y el de Urgencias. Incluso, en este último hospital colocarán un portón en el subsuelo para que sólo puedan ingresar autos y motos del personal.

En los cuatro dispensarios que trabajan las 24 horas los médicos exigieron policías por la inseguridad. Almagro reconoció que están con las “puertas cerradas”, a pesar de que se trata de centros públicos de atención, para evitar que cualquier malviviente entre. Si bien los ingresos nos están con llave, el portón “arrimado” es una manera, según la funcionaria, de que no haya hechos delictivos.

“Hemos llegado a la situación de que nos llama el médico y nos dice que no abre el dispensario sino tiene un policía para trabajar. Por eso en algunos lugares, como en el Urgencias y el Infantil, hemos decidido reforzar con efectivos y con una empresa de seguridad privada”, explicó Almagro.

La Asociación Nacional de Detectives Privados (Anadepri) exigió ayer servir como auxiliar del Ministerio Público,  la Policía Nacional (PN), la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y otros organismos, aunque haya que modificar el Código Penal, como se hace en casi todos los países del mundo.

Durante una asamblea efectuada en el salón de actos del Centro Bonó, la entidad consideró que en ocasiones es más conveniente que detectives privados investiguen determinados casos y que la mejor prueba es que sus servicios son requeridos cada vez más por el sector privado por su efectividad en la detención de fraudes, robos y otras situaciones.

En una comunicación que fue enviada al Superintendente de Seguridad  Privada, general Bienvenido Cordero Batista, del Ministerio de las Fuerzas Armadas, Anadepri sostiene que igual en otros países aquí se debe garantizar que la práctica de detective se lleve a cabo tanto por vía de persona física como jurídica, como está contemplado en los artículos 40, 41 y 42 del reglamento sobre Seguridad Privada puesto en vigencia mediante el decreto 1128-03.

El presidente de la Asociación de Detectives, Manuel Gutiérrez,  condena el monopolio del Ministerio Público en los procesos de investigaciones.

Modificación

Alfredo Castellanos Castro, director general de Servicios Operativos de seguridad Privada Industrial, considera que el comerciante debe ajustarse a las medidas de protección que ofrecen las empresas de seguridad privada, ya que trabajando en coordinación se podría inhibir el delito de robo y los establecimientos no se verían afectados en sus finanzas.

“Es primordial que en estos lapsos de inseguridad, el comerciante sepa manejar el factor tiempo-dinero, es decir, que el dinero que ingrese al negocio debe ser protegido y retirado de la caja registradora en intervalos de 2 a 3 horas”, explicó Castellanos Castro y añadió que es importante capacitar al empleado para que al enfrentar a un delincuente no oponga resistencia y guarde la calma, para describirlo al momento de presentar una denuncia ante las autoridades judiciales.

El experto en seguridad a negocios argumentó que es necesario que los establecimientos comerciales que registren mucha afluencia de clientes, deben contar con cámaras de circuito cerrado instaladas en puntos estratégicos del negocio, ya que es una herramienta útil para grabar cualquier movimiento que emplee un asaltante y sea más rápida su identificación.

También se deben instalar algunos botones de pánico que estén intercomunicados al sistema de emergencia 066 de la Policía Municipal. Estas condiciones podrían cerrar el círculo de operación del delincuente.

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