Estrasburgo (Francia), 2 dic (EFE).- México y Uruguay han expresado su interés en ser estados parte del Convenio europeo de protección de datos, primer instrumento internacional para proteger a las personas contra los abusos del tratamiento automatizado de datos personales, en vigor desde 1985.
El Consejo de Europa informó hoy de que Uruguay ya ha iniciado los trámites para convertirse en el primer país no europeo que ratifique el citado convenio, y aunque todavía no hay fecha para ello, su nombre ya aparece en el listado digital de países que han firmado o ratificado el texto.
En cuanto a México, la presidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), Jacqueline Peschard, explicó hoy a Efe que, tras la aprobación en 2010 de la Ley de Protección de Datos Personales, "el siguiente paso es el convenio".
La Constitución mexicana considera desde 2009 la protección de datos personales como un derecho fundamental, y según Peschard, el IFAI tendrá terminado en 2012 el reglamento con "la regulación secundaria", los procedimientos para la protección de datos y el ejercicio de derechos.
Aparte de ello, México organizó este año la Conferencia internacional de comisionados de privacidad, clave, según la responsable de IFAI, para presentar el tema en un país donde tradicionalmente ha habido "una invasión del estado en la vida privada".
Para la comisionada, si México fuera Estado parte de ese convenio no solo estaría en contacto con los grandes debates y al tanto de los grandes retos, sino que elevaría el nivel de exigencia para el cumplimiento de la Ley de protección de datos.
Así lo afirmó durante la reunión del comité consultivo del convenio, que se inició esta semana en Estrasburgo y que concluye hoy, y en la que ella participa en calidad de presidenta de la Red Iberoamericana de Protección de Datos, que es observadora ante el convenio.
En ese encuentro se busca avanzar en el proceso de modernización de ese tratado, que concluirá a finales de 2012 y con el que busca adecuarse a los cambios informáticos registrados en los últimos 15 años, ser compatible con las regulaciones de la Unión Europea, y continuar siendo un referente internacional.
Aprueban ley orgánica de nuevo Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
El Pleno del Congreso de la República aprobó, por mayoría, el dictamen recaído en el proyecto de ley de organización y funciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, durante la sesión matinal que se desarrolló en el Hemiciclo del Parlamento, y que fue presidida por Daniel Abugattás Majluf.
La propuesta legislativa de reforma de ley orgánica quedó lista para su promulgación por parte del Poder Ejecutivo, después de ser sancionada por 98 votos a favor, cero en contra y cinco abstenciones y exonerada de segunda votación por 93 votos a favor, cero en contra y cinco abstenciones.
La Representación Nacional también dejó pendiente de votación el proyecto que plantear modificar la Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte, que fue sustentada por la presidenta de la Subcomisión de Deporte, Cenaida Uribe (NGP).
Antes de que la reunión se suspendiera a la 1 y 28, el Pleno rechazó una cuestión previa presentada por el representante Alberto BeingoleA Delgado (APGC), a fin de que la iniciativa vuelva a la Comisión de Educación para perfeccionar su engranaje legal.
JUSTICIA
El dictamen aprobado del sector Justicia dispone un cambio de nomenclatura. Es decir, actualmente se denomina Ministerio de Justicia y después de que la norma se promulgue se denominará "Ministerio de Justicia y Derechos Humanos", de acuerdo al texto sustitutorio consensuado por las comisiones de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización del Estado y Justicia y Derechos Humanos.
La propuesta remitida por el Poder Ejecutivo, dentro de su estructura orgánica, crea el nuevo cargo de viceministro de Derechos Humanos, que tendrá seis funciones específicas. Entre las más importantes están formular, coordinar y ejecutar la política de derechos humanos y supervisar a la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales.
El presidente de la Comisión de Descentralización, Mariano Portugal Catacora (AP), al sustentar el dictamen, indicó que está estructurado de 13 artículos divididos en cuatro capítulos, seis disposiciones complementarias finales, una disposición complementaria modificatoria y una disposición complementaria derogatoria.
Señaló que la aprobación del proyecto de ley está de acuerdo con las normas constitucionales, con la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, Ley de Bases de la Descentralización, Ley Marco de Modernización del Estado y con las leyes de gobiernos regionales y gobiernos locales,
El presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, Alberto Beingolea Delgado, destacó el contenido del proyecto y pidió que se sometiera al voto para su aprobación, lo cual fue ratificado por el Pleno.
DEPORTE
Posteriormente ingresó a debate el proyecto de ley que propone la modificación de la Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte, especialmente en lo concerniente a la conformación del Consejo Directivo del Instituto Peruano del Deporte (IPD).
Cenaida Uribe detalló que el IPD estará integrado por un presidente designado por el Presidente de la República, un miembro del Ministerio de Educación, un miembro del Ministerio de Defensa y otro del Ministerio del Interior. También señaló que estaría integrado por un representante del Ministerio de Salud, lo cual fue cuestionado, por lo que tuvo que ser retirado.
La Comisión de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de Tlaxcala (Caiptlax) dio a conocer que el gobierno estatal y los municipios fueron reprobados en materia de transparencia en la primera evaluación que realiza el actual Consejo General, pues el primero tuvo una calificación de 55 puntos sobre 100 y los segundos de 50 en su conjunto.
También tuvieron calificaciones reprobatorias la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UAT) con 56 puntos, el PVEM con 36, el Panal con 20, el PAC con 16, el PAN con 8 y el PRD con 8.
En cambio, el Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) tuvo una calificación de 92 puntos y el Congreso local de 80 puntos.
Este martes, los consejeros de la Caiptlax, Miguel Ángel Carro Aguirre, Mayra Romero Gaytán y Claudio Cirio Romero dieron a conocer los resultados que tuvieron los 137 entes públicos en la Primera Evaluación a los Sujetos Obligados 2011.
En conferencia de prensa, Carro Aguirre lamentó que a pesar de que los 137 entes cuentan con las herramientas necesarias para cumplir con la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, todavía existe un porcentaje de éstos que no acata dichas disposiciones y la mayoría de éstos corresponde a los municipios.
Ante ello, la Caiptlax ya analiza las posibles sanciones a que se harán acreedores los entes obligados que no cumplen con el derecho a la información pública de la ciudadanía, aunque los integrantes de ese organismo esperan aún que les proporcionen un informe de las causas por las que no atienden el marco legal.
La evaluación se realizó entre agosto y septiembre de este año, para lo cual la Caiptlax tomó como indicadores la habilitación del Área Responsable de la Información (ARI) y el conocimiento de esta oficina de los entes obligados. En este ejercicio utilizó la metodología de usuario simulado y cuestionario directo a los encargados de las ARI.
De acuerdo con la evaluación, en los ayuntamientos es donde se presenta el mayor número de indicadores negativos, en virtud de que en varios de ellos la operación de sus ARI no es la óptima y tampoco cuenta con su respectiva página web.
Con base en los resultados, en el Poder Ejecutivo, la Secretaría de Gobierno (Segob) es la que mejor sale calificada con 96 puntos en cuanto al cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de Tlaxcala, en contraparte la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado (Secte) es la peor calificada con un total de 4 puntos. En promedio, el gobierno central tiene una calificación de 55 puntos.
En tanto, el Poder Legislativo fue evaluado como Congreso del estado que tuvo una calificación de 80 puntos en cuanto al cumplimiento de la ley en la materia y como Órgano de Fiscalización Superior (OFS) que salió con 32 puntos en el ejercicio.
Mientras que el Poder Judicial se evaluó como Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) que obtuvo 92 puntos y como Consejo de la Judicatura también con 92 puntos.
En organismos descentralizados el mejor calificado es el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado (Cecyte) con 84 puntos y el peor es el Instituto Inmobiliario de Desarrollo Urbano y Vivienda del Estado de Tlaxcala (Induvit) con un total de 24 puntos.
En organismos desconcentrados, el mejor calificado es el Instituto de Catastro del Estado de Tlaxcala (ICET) con 80 puntos y el peor es el Centro de Estudios Superiores en Comunicación Educativa de Tlaxcala (CESCET) con 16.
En fideicomisos, el mejor calificado es El Colegio de Historia de Tlaxcala con 84 puntos y el peor es el Patronato de la Feria de Tlaxcala con 48 puntos.
En organismos, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje (TCA) obtuvo 16 puntos y El Colegio de Tlaxcala (Coltlax) 12.
A su vez, en organismos autónomos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) obtuvo 72 puntos, la Caiptlax 68, el Instituto Electoral de Tlaxcala (IET) 60 y la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UAT) 56.
De los partidos políticos, el PT obtuvo 88 puntos, el PS 84, el PRI 64, el PVEM 36, el Panal 20, el PAC 16, el PAN 8 y el PRD 8. En el reporte de la Caiptlax todavía considera existente a Convergencia, el cual obtuvo 16 puntos.
En cuanto a los ayuntamientos, el mejor calificado fue el de Benito Juárez con 96 puntos y los peores La Magdalena Tlaltelulco con 16, Santa Apolonia Teacalco con 16 y Totolac con 8. En promedio, este nivel de gobierno obtiene 50 puntos.
La metodología
La metodología utilizada en esta primera evaluación –de un total de seis que aplicará el actual consejo de la Caiptlax– consistió en simular la solicitud de información a las ARI.
De esta manera, en el indicador deatención a los usuarios, el 71 por ciento de las entidades públicas no preguntó hacia dónde se dirigía o no orientaron hacia dónde se dirigía el personal.
En cuanto a la señalética de la ubicación de la ARI, el 54 por ciento de los entes públicos no tenía indicaciones para llegar a la oficina. En indicativo de la existencia de la ARI, en el 48 por ciento de las entidades públicas no existe un letrero.
En el rubro de espacio y equipo de ARI, el 21 por ciento no cuenta con un lugar y mobiliario para que estas oficinas realicen sus actividades. Y en aporte del formato de solicitud de información, el 65 por ciento no proporciona el papel.
En el tema de formalización de la solicitud de información, en el 15 por ciento de los entes públicos no fue posible presentar la petición.
Y en auxilio en solicitud de información, en el 62 por ciento de las entidades públicas no le comentaron al solicitante sobre el procedimiento para presentarla.
Respecto del cuestionamiento de intención de la información, el 29 por ciento de las entidades públicas sí preguntaron al usuario para qué querían los datos que solicitaba a la dependencia, lo cual contraviene a lo que establece la Ley de Acceso a la Información Pública.
Sobre la solicitud de identificación al usuario, el 16 por ciento de las entidades públicas sí pidió al usuario alguna credencial o documento para que pudiera presentar su solicitud de información, lo cual también contraviene la ley en la materia.
Respecto a la orientación en la solicitud de información, el 64 por ciento no lo hizo con el interesado y en tiempo de respuesta de la solicitud de información, el 48 por ciento no dio a conocer a la persona el tiempo en que le proporcionarían los datos.
Sobre los medios para recibir la información, el 57 por ciento de las entidades obligadas no comentaron a la persona sobre la forma como le entregarían los datos. Mientras que en acuse de la solicitud, el 21 por ciento no proporcionó este documento.
En cuanto al recurso de revisión, el 83 por ciento de las entidades públicas no mencionó que en caso de que la información no se le proporcionara o se le entregara de manera distinta a la solicitada, podrían presentar el recurso de revisión y en qué instancia.
Respecto del horario de atención, el 71 por ciento de las dependencias no cuenta con horario de atención al usuario; en cuanto a atención en la ARI, en el 45 por ciento no fue el titular de este espacio el que atendió o no los atendió ningún servidor público en la dependencia.
Las siguientes preguntas fueron hechas al personal de las ARI.
Sobre si sabían que existía un Comité de Información, el 24 por ciento no sabe quiénes son los integrantes de este organismo y en el 24 por ciento no aplicó.
En cuanto a las funciones de las ARI, el 10 por ciento de dependencias desconoce sus funciones y en el 24 por ciento no aplica. En cuanto a los requisitos de solicitud, el 17 por ciento de las dependencias desconoce qué requisitos debe contener ese documento y en el 24 por ciento no aplicó.
Respecto de los tipos de información, el 33 por ciento no tiene conocimiento de la clasificación establecida en la ley en la materia y en el 24 por ciento no aplicó. En cuanto a la clasificación de tipos de información en la práctica, el 51 por ciento no tiene conocimiento de la clasificación y en el 24 por ciento no aplica.
Sobre la reserva de información, el 29 por ciento no tiene conocimiento de la clasificación que establece la Ley de Acceso a la Información y en el 24 por ciento no aplicó. Mientras que sobre la información mínima de oficio, el 20 por ciento no tiene conocimiento de la normatividad y en el 24 por ciento no aplicó.
En cuanto a la actualización de la información, el 18 por ciento no tiene conocimiento de la normatividad en la materia y en el 24 por ciento no aplicó; y en sistematización y publicación de la información, el 17 por ciento no tiene conocimiento de la normatividad y en el 24 por ciento no aplicó.
Respecto al fomento a la cultura de la transparencia, el 21 por ciento no realiza alguna actividad para fomentar entre la población la cultura de la rendición de cuentas y en el 24 por ciento restante no aplicó.
Este estudio servirá para que se mejore la transparencia
El Presidente de la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información, dijo que ante la imposibilidad de que el IFAI pueda evaluar los millones de bases de datos existentes, todos los órganos relacionados con el tema tendrán que trabajar en la construcción de una cultura en la materia para que sean los propios ciudadanos los que cuiden la información personal.
"Vamos a tener que ser coadyuvantes de la protección de datos personales que tienen los ciudadanos en poder de los particulares, por que el IFAI no va a haber manera que se dé abasto con este tema; en este país somos muy buenos para crear leyes e instituciones y muy poco inteligentes para visualizar los problemas derivados de esas leyes", señaló al participar en una sesión del Consejo Rector de la Comisión de Transparencia en Nuevo León.
"Porque la Ley de Datos Personales en Posesión de Privados es un monstruo imposible de cumplir, y ese monstruo va a tener que generar en una política distinta a lo originalmente planteada, y que es la concientización del ciudadano de la importancia de los datos personales, y no tanto la sanción de las autoridades reguladoras en materia de datos personales.
"No va a haber manera de que un organismo, sea el IFAI o llámese como sea, pueda verificar, controlar el flujo de información que se da hoy a nivel de internet, y mucho menos pueda ser objetivamente un juzgador de los grados de seguridad que puedan tener esas bases de datos".
El también consejero del Instituto Estatal de Acceso a la Información de Yucatán explicó que el Instituto Federal de Acceso a la Información debería actuar más bien como un promotor de esa cultura y no tanto como un ente regulador sancionador.
Dijo que ya están detallando los mecanismos a implementar para que, a partir de enero que entre en vigor la nueva Ley, los ciudadanos interesados en hacer vales sus derechos en la materia puedan obtener orientación en los órganos locales sobre la forma de presentar los recursos disponibles.
Castillo lanzó un llamado para que las Universidades puedan impartir entre sus estudiantes materias relacionadas con la protección de datos y el uso adecuado de redes sociales como facebook y twitter.
Difundir nombres de personas sujetas a proceso no viola la ley.
Difundir el nombre y la fotografía de detenidos por la presunta responsabilidad de la comisión de un delito no viola la Ley de Protección de Datos Personales del Distrito Federal, estableció el InfoDF.
El pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal (InfoDF) argumentó que la identificación de los presuntos responsables atiende a una causa de interés público vinculada con la prevención del delito, la seguridad pública y la procuración de justicia.
La decisión fue resultado de investigaciones a tres quejas promovidas ante el organismo por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), relativas a posibles violaciones a la citada ley por la Procuraduría General de Justicia capitalina, al difundir el nombre y la fotografía de presuntos responsables de delitos graves.
En el primer caso, que derivó en la denuncia DDP/004/2011, concluyó que no se violó ese ordenamiento al publicar la fotografía y el nombre completo de una persona en la sección de "Capturados" de la liga de "Los más buscados" de la página de Internet de la PGJDF, en la cual se le señala como presunto responsable de homicidio calificado.
El segundo asunto se refiere a la difusión de un comunicado de prensa de la PGJDF en el que se dieron a conocer impresiones fotográficas, información y delitos relacionados con violencia familiar, secuestro y asesinato por los que una persona es probable responsable.
Un tercer caso, que propició la denuncia DDP/OO7/2011, trata de un presunto clonador de tarjetas bancarias.
En un comunicado de prensa de la procuraduría capitalina se difundió el nombre, las fotografías y los delitos de los que se le acusó al sujeto, lo que también fue considerado por la CDHDF como una posible violación a la Ley de Protección de Datos Personales.
En los tres casos se aplicó el Artículo 11 de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, que establece la excepción al consentimiento de los titulares de los datos para su obtención y tratamiento para el fin específico de una investigación.
Es decir, una persona no tiene que consentir la publicación de sus datos personales, en particular el nombre, el alias y la fotografía, si es presunto responsable de delitos considerados como graves por el Código Penal, circunstancia que persistió en los tres casos resueltos