Dos cámaras de video habrían captado los sucesos del 30 de septiembre pasado en el Hospital de la Policía.
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El contralor Carlos Pólit, confirmó la existencia de catorce filmaciones obtenidas por las cámaras de seguridad de ese centro de salud que permitieron conocer a los posibles responsables del 30-S.
Ese material fue localizado por el equipo de auditoría del organismo de control y presentado ayer en la lectura del informe borrador del examen sobre la toma del hospital.
Pólit no adelantó nombres de los posibles involucrados, pero señaló que los videos son reveladores pues ratifican, entre otras cosas, las destrucciones que hubo en la edificación, que causaron perjuicio económico al Estado. Recordó que la Policía suscribió un contrato de reconstrucción del hospital por más de $ 57 mil.
Para Stalyn López, abogado del exdirector del Hospital, César Carrión, si esos videos muestran lo que realmente ocurrió servirán para la defensa de su cliente. “Se verá cómo fue atendido el Presidente”.
Insistió que en el proceso legal que se sigue en contra de Carrión ya se desvirtuaron todas las acusaciones y que él no es el responsable de los daños a los bienes del hospital.
De los cuatro mil bares, discotecas y centros nocturnos registrados oficialmente en el Distrito Federal, sólo 47 se han adherido a la Red de Prevención del Delito de la Procuraduría capitalina que contempla una serie de medidas de seguridad.
El subprocurador Jurídico y de Derechos Humanos de la Procuraduría capitalina, José Ramón Amieva Gálvez, recibió el informe sobre los avances en programas de seguridad de las organizaciones que integran dicha red.
En dicho informe se detalló que sólo 47 establecimientos cuentan con cámaras de seguridad, máquinas destructoras de botellas, detectores de objetos metálicos, luz negra para verificar identificaciones, padrón de empleados y particularmente la restricción de acceso y venta de bebidas alcohólicas a menores de edad.
En entrevista, José Ramón Amieva, señaló que se continúa trabajando con diferentes asociaciones para que más establecimientos se adhieran a esta Red y adopten dichas medidas.
Agregó que el segundo paso es la aplicación del “Operativo Mala Copa” en el resto de los antros para evitar la venta de bebidas alcohólicas adulteradas o falsificadas.
Cada uno de los establecimientos que integran la Red de Prevención del Delito cuentan ya con la certificación de la Procuraduría capitalina y se distingue a través de un sello en el acceso de los establecimientos.
FUENTE: www.cronica.com.mx
Rápidamente en su precaria cabeza se le prendió una pequeña luz y va a proponer a la asamblea legislativa que una de las cámaras se encuentre enfocando la entrada del edificio municipal y así poder comprobar el cumplimiento de los funcionarios comunales a las obligaciones que le trasladó el pueblo.
La otra cámara debería disponerse a la entrada del Concejo Deliberante. La señal emitida debería ser reproducida por la nueva ley de Medios en la frecuencia 66 y que cada hogar colonense la puede decepcionar y así sacar sus propias conclusiones..
El gaucho matrero no sabe si con estas dos cámaras instaladas en lugares estratégicos se logrará una mayor seguridad en la población pero seguramente varios vaguitos deberán concurrir al sitio laboral.
¡No sea que pase como en Catamarca que faltaban sillas y sobraban empleados!
FUENTE: www.colonbuenosaires.com.ar
Hasta el momento 47 discotecas, bares y centros nocturnos del Distrito Federal han incrementado sus medidas de seguridad apegándose al nuevo Reglamento de Establecimientos Mercantiles.
Ismael Rivera Cruces, presidente de la Asociación Nacional de la Industria de Discotecas, Bares y Centros de Espectáculos (Anidice), informó que estos establecimientos ya cuentan con detectores de metales, cámaras de seguridad, máquinas destructoras de botellas vacías y cajas de luz negra para detectar identificaciones falsas.
"La Policía de investigación capacitó a todos los elementos de seguridad de estos establecimientos en detección e identificación de los candados de seguridad de las identificaciones oficiales, visas, pasaportes y cédulas profesionales por medio de la caja de luz negra", comentó Ismael Rivera.
Los dueños de estos lugares también se comprometieron a no vender alcohol en exceso a sus clientes y ofrecer el servicio de Taxi Seguro a las personas que no estén en condiciones de manejar sus vehículos.
José Ramón Amieva Gálvez, subprocurador de Derechos Humanos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), reconoció la labor de los dueños de estos establecimientos e hizo un llamado a los empresarios del gremio para que se apresuren a adoptar estas medidas.
"Se demuestra que es posible desarrollar un esquema de trabajo y colaboración conjunto entre grupos ciudadanos y autoridades, es muy importante para la prevención del delito la participación de este gremio por su relevancia e impacto social", dijó Amieva Gálvez.
Serán cuatro las ofertas que el municipio cipoleño podrá evaluar para poner en funcionamiento el sistema de cámaras de seguridad urbanas. Ayer se conocieron los nombres de las empresas que se presentaron al llamado a licitación, que comprende la provisión, instalación y mantenimiento de todo el equipamiento.
El sistema licitado tendrá algunas ventajas comparativas respecto a otros, entre las que se encuentran el seguimiento simultáneo de diferentes emergencias ya que desde su Centro de Gestión se pueden derivar las imágenes a distintas áreas, como así también la posibilidad de incorporar nuevo equipamiento para extender su capacidad operativa a largo plazo.
Las empresas que ofertaron fueron Vigilen S.A.; F.A.F. Asociados; Inmas y Mauad S.R.L. y SUTEC S.A.. El costo total previsto es de 1.198.457 pesos. Los sobres con las ofertas económicas se abrirán una vez que se evalúen todos los aspectos técnicos incluidos en el pliego de licitación.
El acto de apertura de los sobres técnicos estuvo presidido por el intendente Alberto Weretilneck, acompañado por el presidente del Deliberante, Abel Baratti, el asesor en seguridad, César Chao Monzón, el titular de la cartera de Economía, Isaías Kremer, y el director general Legal y Técnico, Ricardo Apcarián.
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