El Diputado Nacional Juan Carlos Dante Gullo, “repudió” que la Ciudad entregue los videos de las cámaras de seguridad a los canales de televisión ya que “viola el derecho a la privacidad, a la intimidad y a la propia imagen de las personas”. Además, Exhortó al gobierno de la ciudad a derogar la resolución “que es una flagrante violación de la ley vigente” y responde a “prácticas de corte marcadamente totalitario”.

“Macri viola la ley y quiere convertir las imágenes de las cámaras de seguridad en un show de televisión a expensas de conculcar los derechos de los vecinos” expresó el diputado Dante Gullo al presentar un Proyecto de Resolución que exhorta al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires “a la inmediata derogación de la resolución  314/11”, mediante la cual se posibilita la cesión de los videos a los canales de televisión.

Gullo también manifestó su “desagrado y disconformidad” ante la “sistemática y reiterada conculcación de derechos que el Gobierno local propina a los vecinos” porque constituyen “una acabada muestra de desprecio por las garantías que caracterizan al Estado de Derecho y de la clara afiliación del gobierno porteño a prácticas de corte marcadamente totalitario”.

A continuación, el texto completo del Proyecto de Resolución presentado en el Congreso de la Nación

PROYECTO DE RESOLUCION

LA H. CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION,

Resuelve:

Debido a un enfrentamiento violento entre jóvenes ocurrido la semana pasada en los alrededores de la Escuela Normal Nº 3 de esta ciudad, que terminó con una adolescente herida, las autoridades educativas decidieron intervenir el establecimiento y la comuna local anunció que instalará de cámaras de seguridad en las inmediaciones para controlar las recurrentes peleas.

Estas medidas de seguridad fueron tomadas tras los incidentes de la última semana. El miércoles un alumno de 12 años, cuya identidad no se dio a conocer por ser menor de edad, ingresó en la institución con un arma en su mochila. Una compañera suya fue quien advirtió a la profesora sobre la existencia del revólver.

En diálogo con LA NACION, Nelson Herrera, asesor de la Jefatura Regional dependiente de la Dirección General de Cultura y Educación, indicó que tras ser indagado por las autoridades de la escuela el menor contó, llorando, que alguien ajeno al colegio le había entregado el arma antes de entrar y le pidió que la guardara. Por el hecho, intervino la seccional N° 9, que secuestró el revólver y constató que estaba descargado, y la fiscal de turno Mercedes Catani.

El incidente no finalizó allí. Por la red social Facebook, un grupo de jóvenes, que aparentemente no serían alumnos del Normal N° 3, según dijo Herrera, se convocó el viernes en la puerta del establecimiento para agredir a la adolescente que había avisado a las autoridades que su compañero portaba un arma.

Las cámaras de seguridad llegarán ahora a las inmediaciones de tres escuelas de la región, entre las que se incluye el ex Normal 3, foco de hechos de violencia juvenil en los últimos días. Así lo confirmó ayer la Municipalidad de La Plata, a través del titular del Centro de Monitoreo de La Plata, Juan José Rivademar.  La cámara sería colocada dentro de un mes. Los padres de los alumnos de la institución de 8 entre 57 y 58 tomaron la noticia con cautela.

Las cámaras serán colocadas en la zona de 3 y 58 y en 15 y 51, de La Plata, donde los funcionarios detectaron que alumnos de distintos colegios se enfrentan a golpes con frecuencia. 

También instalarán otro dispositivo en Los Hornos.

Rivademar indicó que las cámaras “permiten estar más cerca del vecino y que cualquier inquietud se puedan acercar a la delegación y canalizar allí sus dudas”. “Esto apunta a la prevención, trabajamos fuertemente en prevenir, pero cuando se realiza algún hecho la justicia o la fuerza policial nos solicitan las imágenes (para esclarecer el hecho)”, afirmó, en diálogo con Radio Provincia. 

Hace largo tiempo que grupos de padres de alumnos que asisten a distintos colegios de la periferia de La Plata y del centro denunciaron que cerca de esos establecimientos sus hijos son interceptados, a la salida de la escuela, por otros jóvenes que les sustraen sus teléfonos celulares, sus MP3, billeteras, entre otras pertenencias.

Los comerciantes del país denuncian que la inseguridad en el país golpea con fuerza sus finanzas.

Un estudio realizado por la Cámara de Comercio de Costa Rica entre 700 de sus 4.500 agremiados, divulgado ayer, revela que entre junio del 2010 y junio del 2011 el sector ha invertido ¢96.383 millones en medidas de seguridad.

Estas van desde la contratación de seguridad privada (guardas y custodios) hasta sistemas de posicionamiento global (GPS), cámaras de vigilancia, alarmas, cajas fuertes y sensores.

“Los niveles actuales de inseguridad se han convertido en obstáculo para nuestro desarrollo”, indicó Arnoldo André, presidente de la Cámara.

André explicó que los costos que las empresas asumen en materia de seguridad los paga el consumidor “tarde o temprano”.

Con él coincidió Luis Fernando Monge, director ejecutivo de la Cámara de Comercio Exterior (Crecex), quien mencionó otro problema: algunas empresas afiliadas han optado por no repartir productos en ciertas zonas del país, ante el temor de que sus empleados sean atacados.

Marta Castillo, vicepresidenta Ejecutiva de la Cámara de Industrias, advirtió que la inseguridad provoca otros efectos: los empresarios no invierten en más empleos, y a algunos de ellos se les complica la contratación de nuevo personal, porque sus negocios están en zonas con alta incidencia delictiva.

Así lo acordaron los representantes de las empresas y autoridades del Ministerio de Seguridad. Los propietarios de los vehículos deberán realizar una importante inversión. Buscan ayuda del gobierno.

Los representantes de la Asociación de Propietarios de Taxis en Mendoza (APROTAM) y el Ministerio de Seguridad acordaron acelerar los plazos para que cada una de las unidades de transporte cuente con su cámara de seguridad para prevenir asaltos y ataques a los choferes. 

Así quedó confirmado luego de una reunión que se realizó hoy entre miembros del sindicato de choferes de taxi, representantes de cada una de las firmas y las autoridades policiales de Mendoza, con el ministro Carlos Aranda a la cabeza, por la ola de asaltos a choferes en los últimos días.

“Aranda nos aseguró que el gobernador ordenó que será obligatorio el uso de cámaras de seguridad”, aseguró a Los Andes On Line Carlos Funez, titular del sindicato de choferes. A partir de esto, las empresas deberán modificar todo su sistema de GPS al de GPRS (los que no lo tengan). 

Esto generará una importante inversión para los propietarios de los vehículos ya que el que no cuente con ese sistema, deberá desembolsar unos 1.500 pesos por unidad. Para ello, el martes próximo habrá una reunión entre los empresarios y autoridades del gobierno para “intentar establecer una ayuda a los dueños de los taxis”, indicó Funez.