Volvieron a funcionar las cámaras de seguridad en Bariloche
Luego de la publicación de ANB sobre la deficiencia en el sistema de recepción de imágenes y monitoreo de la transmisión de las 19 cámaras de seguridad instaladas en la ciudad, referentes del Consejo Local de Seguridad realizaron las gestiones para su nueva puesta a punto. El ministerio de Gobierno provincial demora una definición sobre si “aceptará” el sistema o denunciará el proceso licitatorio, realizado durante la gestión anterior.


El funcionamiento de 19 cámaras de seguridad en Bariloche, quedó en medio de una polémica. La Policía provincial, el área de Seguridad del ministerio de Gobierno, y el Consejo Local de Seguridad, participan de un “tironeo” sobre qué hacer con esos elemento ya instalados, teniendo en cuenta que el proceso licitatorio fue cuestionado administrativamente, y hay sectores del Ejecutivo rionegrino que analizan denunciarlo ante la justicia.

Lo cierto es que ninguna autoridad policial ni política recibió formalmente el equipamiento, y fueron integrantes del Consejo de Seguridad quienes, en febrero, acompañaron a representantes de la empresa HSI Networks que instalaron las cámaras y el centro de monitoreo de imágenes.

Desde entonces, el sistema funcionó a “media máquina”, y luego de la publicación de ANB sobre las deficiencias en la recepción de imágenes, referentes de Consejo de Seguridad tramitaron la solución de los “problemas técnicos” que impedían monitorear la ciudad a través de las cámaras.

“No hay nada; hoy por hoy no existe” el sistema de monitoreo con las cámaras de seguridad, resumió oportunamente una alta fuente policial a este medio; y explicó que la Policía “no podía recibir nada porque la fuerza no es contratante” de la licitación. De hecho, es la Secretaría de Seguridad del ministerio de Gobierno -durante la gestión anterior del ministro Diego Larreguy-, el área que comandó la licitación ganada por HSI Network. Esa empresa

El proceso de compulsa y licitación para la instalación de las 20 cámaras de seguridad en Bariloche -expediente Nro. 006394-G- se puso en marcha en marzo de 2010, y concluyó, en octubre del mismo año, con la preadjudicación a la empresa HSI Network, que ofertó 753.591 pesos. Sin embargo, su presentación fue impugnada por la firma Airlink ante “incumplimientos” como la ausencia de una “certificación de Rentas” y otros aspectos formales. En noviembre de 2010 -según pudo saber ANB- el expediente llegó a la Fiscalía de Estado, donde se analiza la impugnación y los posibles incumplimientos de las normas de los procesos licitatorios.

Ahora, con las cámaras funcionando, se esperan las definiciones políticas correspondientes sobre qué se hará con el sistema de vigilancia en la ciudad. (ANB)

FUENTE:ANB

Política
Cámaras de seguridad para vigilar tratamiento de pacientes uruguayos


El Ministerio de Salud Pública evalúa la posibilidad de instalar cámaras de seguridad para vigilar el tratamiento de pacientes y contar con un archivo en caso que se produzcan muertes dudosas.

Lo anterior, consignó el diario El País, luego que dos enfermeros fueran procesados con prisión por asesinar al menos a 16 personas en dos nosocomios de Montevideo. Así lo indicó el subsecretario de Salud Pública, Leonel Briozzo, en conferencia de prensa. "Se maneja la posibilidad de instalar cámaras en lugares estratégicos, que actúen como las cajas negras de los aviones, cuya información sea solamente utilizada para eventos como éstos", informó.

El jerarca agregó que se está elaborando, además, un plan "para mejorar la situación de todos los equipos de CTI, en los cuales esta situación ha generado conmoción". "Estamos apostando fuertemente a cambiar la cultura de control intraequipo", señaló Briozzo. "Lo fundamental es tender al autocontrol del equipo", agregó.

"Tenemos que prever que estamos a sólo meses del comienzo del invierno, donde los CTI son llevados al máximo y por lo tanto tenemos que dar un apoyo estricto a esta situación para no tener una situación de crisis asistencial", consideró el viceministro y según el reporte de El País.

FUENTE:Espanol UPI.com

Exonerando las cámaras de seguridad
Ojalá que esta medida se convierta rápidamente en ley cuando llegue al Senado, y que la ciudadanía comience de inmediato a beneficiarse de estas oportunas exenciones.


El uso de cámaras de seguridad en calles, negocios y residencias familiares se ha extendido en nuestro país, como una de las diferentes respuestas a la ola de delitos y crímenes que afectan al ciudadano.

Gracias a estos equipos, la Policía Nacional ha podido ejercer una vigilancia permanente de algunos sectores de la ciudad y se sabe que muchos actos delictivos han podido ser esclarecidos al quedar registradas imágenes desde esos aparatos.

En los negocios se usan para observar el desenvolvimiento de las actividades, de empleados o clientes, o para prevenir robos o daños a mercancías.

Y en los hogares o residenciales se emplean para ejercer un mayor control de los entornos y para detectar la presencia de intrusos o sospechosos.

Ahora, la Cámara de Diputados ha aprobado en dos lecturas consecutivas un proyecto de ley que exonera de impuestos estas videocámaras y accesorios o sistemas de seguridad visual para hogares, negocios y lugares públicos, lo que constituye un paso atinado.

En la medida en que se facilita o se abarata el costo de adquisición de estos equipos, los comerciantes pueden unirse para instalar este sistema de seguridad en las vías donde están situados y en el interior mismo de sus negocios. Igual pueden hacer los residentes en condominios o vecindarios, como una forma de ampliar los mecanismos de protección y prevención del crimen, en cualquiera de sus expresiones.

Ojalá que esta medida se convierta rápidamente en ley cuando llegue al Senado, y que la ciudadanía comience de inmediato a beneficiarse de estas oportunas exenciones.

FUENTE:Listín Diario

Jacqueline Peschard, comisionada presidenta del IFAI afirma que las autoridades precisan la ubicación de la base de datos y su tamaño, para iniciar el proceso

Con el fin de garantizar la destrucción de la base de  datos del Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Renaut), el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), la Secretaría de Gobernación (Segob), así como la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) integraron un grupo de trabajo que vigilará dicho proceso.

"Estamos esperando a que se publique el decreto para la destrucción de la base de datos. Ya hemos empezado a trabajar con ambas dependencias para avanzar en ese procedimiento", declaró Jacqueline Peschard, comisionada presidenta del IFAI.

A partir de la publicación en el Diario Oficial de la Federación del decreto por el cual se derogan diversas disposiciones que dieron origen al Renaut, la Segob y la Cofetel tendrán 15 días naturales para enviar al Congreso de la Unión un informe sobre las medidas para garantizar el resguardo y eventual cancelación de la base de datos del registro de telefonía.


Es importante recordar que durante los primeros días de este mes, el IFAI ordenó la destrucción de los datos de alrededor de 98 millones de usuarios de celulares en el país registrados en el Renaut, después de que la Cámara de Diputados derogó las disposiciones legales que dieron origen en 2010 a dicho registro.


Por el momento, las autoridades precisan la ubicación de la base de datos y su tamaño, para que el instituto de transparencia se encuentre en condiciones de iniciar el proceso correspondiente de acuerdo con la ley, dijo Jacqueline Peschard.

FUENTE:El Financiero