La comunidad educativa solo acepta las cámaras como último recurso.

 

La comunidad educativa solo acepta las cámaras como último recurso
Los expertos señalan que la videovigilancia debe limitarse a los espacios comunes de colegios con problemas pero nunca debe entrar en el aula // Rechazan su uso como herramienta pedagógica


La videovigilancia dentro de los edificios educativos debe ser un recurso excepcional, autorizado solo en aquellos centros con problemas de violencia y vandalismo y limitado siempre a los espacios comunes, fuera de las aulas y las salas destinadas a fines pedagógicos. Esta es, en resumen, la posición de la comunidad educativa asturiana sobre la tendencia a instalar cámaras dentro de los colegios e institutos revalada por LA VOZ. Pedagogos, directores, padres y profesores asumen que nunca debe confundirse con una herramienta didáctica y reiteran que en el Principado no se dan las circunstancias para generalizar su utilización.

El gran hermano de la seguridad no parecer casar del todo con la educación. Los expertos rehuyen de la idea de convertir los centros educativos en estados de excepción. Prefieren los métodos tradicionales y el contacto directo entre educadores, personal de administración y el alumnado.

Opiniones cualificadas El decano de la Facultad de Formación del Profesorado, Juan Carlos San Pedro, afirma que las cámaras solo deben entrar en aquellos centros que ya hayan sufrido problemas de seguridad, como medida preventiva para que no se repitan esas situaciones. Pero matiza que en Asturias “no parece que se den las circunstancias para generalizar esta medida a todo el mapa educativo” y piensa que decir lo contrario traslada una imagen engañosa, “de los centros como un territorio comanche”. También reconoce que sentirse observado “no es agradable ni en la calle ni en un centro comercial o en un colegio”.

Además, San Pedro saca la videovigilancia del aula, es decir, cree que “nunca puede estar presente en un lugar de trabajo, porque interfiere en el terreno de la pedagogía” y porque se corre el riesgo de descontextualizar lo que pasa dentro de clase. “No se puede pensar en una cámara como en un elemento didáctico”, puntualiza el decano.

El mismo recelo le provoca a Francisco Alonso, el presidente de la asociación de directores, que los colegios y los institutos están funcionando bien sin cámaras y que, además, tampoco es partidario de asumir sin espíritu crítico “la intromisión que suponen para la intimidad de las personas”. Admite, no obstante, que algunos centros han tenido que recurrir a la tecnología porque han sufrido problemas de vandalismo o puntuales de convivencia. Solo en esos casos cree Alonso que está justificada la videovigilancia. En el resto de supuestos “sería desproporcionado”.

Rechaza su utilidad pedagógica. No es partidario de educar a los jóvenes creyendo que deben comportarse correctamente porque alguien los vigila, ya que, entonces, cuando se escapen al control de las cámaras se justificarían hacer cualquier cosa. Alonso dice que el profesorado debe educar en la responsabilidad y enseñar a asumir la culpa cuando se comete un error.

La portavoz de SUATEA, Beatriz Quirós, comparte los mismos principios que Juan Carlos San Pedro y que Francisco Alonso. Quirós reclama “más medidas de carácter educativo y menos gran hermano”. Su solución a los problemas de convivencia en los colegios e institutos es la contratación de más personal, de profesores que puedan hacer guardias, de personal de servicios para la consejería, de técnicos de mantenimiento. En resumen el contacto personal y la transmisión de valores a los estudiantes.

Para la portavoz de SUATEA meter cámaras dentro de los edificios responde a “una concepción errónea de lo que debería ser un centro educativo”, poco didáctica. Como el resto de los especialistas educativos, solo lo puede comprender por vandalismo previo o problemas graves. Sin embargo, también matiza que esas circunstancias no se dan en el Principado, salvo en casos muy excepcionales.

Las familias Solo los colectivos de padres parecen más permeables a la instalación de videocámaras. Javier González, presidente de la FAPA Miguel Virgós, cree que es una herramienta útil para la resolución de conflictos, que se debe utilizar con dos requisitos: la existencia previa de conflictos y el acuerdo mayoritario del consejo escolar de cada centro. González dice que nunca debe ser impuesto desde el exterior.

La directiva de la FAPA Miguel Virgós ha debatido este tema y no ha mostrado un rechazo tajante a la videovigilancia. Javier González señala que su colocación “nunca persigue espiar a los profesores o a los alumnos” pero puede servir para saber “qué está pasando dentro”. El proyecto, además de contar con los padres, tiene que tener el respaldo de los docentes, “que el profesorado no se sienta incómodo”.

 

Recortes en la segunda ciudad catalana | seguridad CIUDADANA
Interior da vía libre a instalar 32 cámaras de videovigilancia


El pasado 26 de septiembre, el conseller de Interior, Felip Puig, no pudo ser más claro al expresar su opinión sobre las cámaras de videovigilancia. Aquel día, la alcaldesa de L'Hospitalet, Núria Marín, le acababa de pedir formalmente ampliar de uno a 10 los puntos de la ciudad controlados con este tipo de dispositivos. «¿Las cámaras? En el campo de la seguridad privada todo el mundo la utiliza. ¿Por qué la policía no puede?», se preguntó el conseller. Pasados dos meses de trámites administrativos y de informes preceptivos, la respuesta de Interior ha sido plenamente afirmativa.

Hasta ahora, solo la actividad de la avenida del Carrilet es observada y grabada por la policía local de L'Hospitalet. Con el nuevo permiso, a ese tipo de control se someterá también la vida cotidiana de zonas como la rambla de Justo Oliveras, la avenida de Severo Ochoa y las plazas Espanyola y de la Llibertat. ¿Por qué ahí? Según el Ayuntamiento de L'Hospitalet se trata de espacios públicos con un gran tránsito de peatones y no siempre fácilmente patrullables por policía a bordo de un vehículo, de ahí la idea de ampliar la red de nuevas cámaras. Son nueve las zonas que se sumarán a la videovigilancia, pero con un total de 32 cámaras en servicio.



Entre otros exámenes, las cámaras solicitadas por L'Hospitalet han sido avaladas por la Comisión de Control de Dispositivos de Videovigilancia de Catalunya, con la condición de que siempre respeten el derecho a la intimidad de los ciudadanos

«A nivel policial, la videovigilancia nunca sustituye a los agentes»

La reciente oleada de robos acaecida en distintos polígonos industriales de la capital segoviana también ha captado la atención del nuevo comisario jefe de la Policía Nacional de Segovia. Aunque «en el tiempo que llevo no ha habido ninguna incidencia, hay un plan específico para los polígonos con coches radio-patrulla y camuflados». Ramón Gómez apuntala que la vigilancia de estos enclaves empresariales «es una prioridad porque están a las entradas de la ciudad». «De momento, la cosa va bien», asegura, aunque percibe una cierta «victimización».

En cuanto a la decisión de instalar cámaras de control, el nuevo máximo responsable de la Comisaría Provincial l respeta. Para Gómez la videovigilancia «es muy interesante en el ámbito del tráfico; en cuanto al nivel policial son instrumentos que ayudan pero que en ningún caso sustituyen la labor que ejercen los agentes».

El gran hermano entra en los colegios.

Los centros de enseñanza asturianos instalan cámaras en el interior para vigilar zonas comunes y evitar robos y conflictos 
El gran hermano de la videovigilancia entra en los colegios y en los institutos asturianos. Hasta ahora las cámaras se reservaban para los accesos, para vigilar el recinto y evitar entradas y salidas indebidas en horario escolar. Ahora ya se instalan en los pasillos. La escasez de personal para mantener el orden en intercambios de clase y recreos, además de resolver conflictos en la convivencia, son las dos causas que mayoritariamente empujan a las direcciones a solicitar al consejo escolar la colocación de los visores.

Esta práctica tiene defensores y detractores acérrimos. Los colegios e institutos que la han adoptado apelan a la falta de bedeles y docentes y afirman que el sistema funciona a la hora de resolver problemas de convivencia. Sus detractores señalan que las cámaras de videovigilancia son un recurso poco pedagógico y que no tiene un efecto educativo sobre los alumnos. El debate está servido.

Las cámaras El Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) publica regularmente resoluciones de la Consejería de Educación del Principado autorizando la creación de ficheros de videovigilancia en institutos y colegios de toda la región, que ya han instalado cámaras dentro del edificio. Cumplen con este requisito para acatar la Ley de Protección de Datos. Otros centros, en cambio, se conforman con el visto bueno mayoritario de su consejo escolar, en el que están representados también los padres. No existe, por tanto, uniformidad en el procedimiento que se ha de seguir para implantar este nuevo método de seguridad.

Dentro de los centros publicados en el BOPA aparecen algunos de Secundaria como el Jovellanos, La Corredoria, el Fernández Vallín, de Gijón; o el Centro Integrado de Formación Profesional de Mantenimiento y Servicios a la Producción, de Langreo. Entre los que tienen alumnos de menor edad, está el colegio de educación Infantil y Primaria Manuel Álvarez Iglesias.
Las resoluciones que la consejería redacta en todos los casos son muy similares. Tan solo varía, en ocasiones, la justificación de motivos. Unos son genéricos y otros más concretos. Así, en el caso del Jovellanos, uno de los primeros, el texto de la resolución detalla que el instituto “consideró necesario un sistema de videovigilancia para evitar sustracciones de objetos personales del alumnado durante las clases de Educación Física, imposibles de solucionar por otros medios”.
También de esa primera época es la decisión del Manuel Álvarez Iglesias. En su caso la motivación es que el centro sufría “desde hace años acciones tales como sustracción de material audiovisual, roturas y desperfectos de mobiliario o desaparición de material, entre otras”. Por eso decidieron recurrir a la tecnología, colocando cámaras en lugares estratégicos que les permitieran disuadir o en todo caso identificar a los autores. Incluso precisan que aplicarán el principio de “proporcionalidad en la idoneidad”, es decir instalar el sistema solo en los lugares más adecuados y vigilando que se cumplan los fines para los que fue pensado.

Otros centros cuentan, incluso, en la resolución que las cámaras “han sido efectivas en la recuperación de bienes hurtados al alumnado, en la identificación y detención de asaltantes por la policía o en la disuasión del acceso ilícito de personas”. Es el caso del Número 1 de Gijón. Por todo esto se hace preciso la creación formal del fichero de datos de videovigilancia.
Otra más reciente es la del instituto de La Corredoria, que se concretó en este verano de 2011. El claustro aprobó la colocación de las cámaras “para el cuidado de las personas y los bienes relacionados con el centro”. 
Una experiencia En cambio, otros disponen de cámaras sin autorización de la consejería y sin la creación del fichero de videovigilancia. En esas circunstancias está, por ejemplo, el instituto de Noreña, en el que el sistema lleva funcionando desde la mitad del curso 2009-2010. Cuenta con la autorización mayoritaria del consejo escolar.
La dirección de Noreña debatió previamente la necesidad de recurrir a las cámaras, consultó el tema con los padres y justificó e informó de los motivos. De hecho, todavía consta en su web oficial un documento en el que se detalla todo el proceso. En el informe el instituto explica que las cámaras son necesarias en el interior del recinto porque durante los recreos habían detectado suciedad en los pasillos, con restos incluso de bocadillos. Además la aparición de grafitis en las paredes obligaba a pintar el centro cada dos años. Las taquillas y el mobiliario (bancos y papeleras) había que renovarlo constantemente. Y en los servicios las averías eran semanales.

Este centro es de grandes dimensiones y cuenta con dos edificios alejados, situados en dos zonas diferentes de Noreña. El bloque más grande está estructurado en una única planta, tiene decenas de pasillos y patios que hacían imposible que los docentes y los bedeles lo vigilaran todo durante los cambios de clase o los recreos. El segundo es más pequeño pero se eleva en tres plantas. Allí donde no llegaban antes los ojos del personal alcanzan ahora las cámaras. Tenían la experiencia previa y positiva del exterior del recinto, donde la videovigilancia había mejorado el control de los accesos y había evitado desperfectos en coches de profesores y alumnos.

En el instituto de Noreña solo los integrantes del equipo directivo tienen acceso a las imágenes, que permanecen grabadas durante, aproximadamente, un mes. Si en ese plazo de tiempo hay algún incidente se localiza la grabación.
La directora, Rosa Ortiz de Galisteo, reconoce que al principio hubo muchas reticencias del alumnado, que llegó a organizar una jornada de huelga. Pero con el paso del tiempo las aguas volvieron a su cauce. Es más Ortiz de Galisteo afirma que se ha revelado como una herramienta muy útil para resolver conflictos sin mayores revuelos.
El debate pedagógico Los usuarios de cámaras en el interior de los centros hablan de las bondades de la videovigilancia, de la aplicación de las nuevas tecnologías a la mejora de la convivencia y al respeto por el bien común. En cambio, también hay quien duda de su utilización por su escaso sentido pedagógico. En ese lado de la balanza está, por ejemplo, Francisco Diego Llaca, director del instituto Alfonso II y vicepresidente de la asociación regional de directores de Secundaria. Diego Llaca afirma que una cámara nunca puede sustituir el contacto entre alumnos y profesores, que una reprimenda a un estudiante cogido in fraganti siempre es mucho más efectiva que un castigo a posteriori porque le han pillado por unas imágenes. El Alfonso II tiene cámaras en el perímetro del recinto para controlar coches y personas Otra cosa diferente es adoptar medidas para evitar que las nuevas tecnologías interfieran en la enseñanza. En su reglamento de régimen interior sí que han incluido aspectos como obligar a apagar los móviles en clase para evitar que chateen.

La directora de Noreña también cree que lo mejor es el contacto entre docente y alumno, pero en el caso de su centro, por su configuración y por la escasez de personal, no pueden estar en todos los sitios. Curiosamente, han descubierto que el recelo inicial de los alumnos se ha traducido en una aparente normalidad, hasta se olvidan de las cámaras y son capaces de hacer travesuras delante de ellas.