El ayundamiento espera una gran ayuda del Gobierno central para instalar en otras 14 vías el sistema de prevención de la doble fila
La instauración de la vía prioritaria eficiente, la alternativa diseñada por el gobierno local para suplir la retirada del carril bus, no se limitará al trazado que discurre entre Federico Tapia y la calle San Juan, donde funciona desde hace tres años la plataforma reservada para el transporte público. La Concejalía de Tráfico ya ha cerrado una lista de 14 tramos, que en algún caso coinciden con calles concretas y que en otros agrupa a un conjunto de vías, a los que se extenderá este sistema en los próximos años.
Se trata, aseguran desde María Pita, de las arterias de la circulación, que concentran cerca del 80 % del volumen de tráfico en una ciudad que ve pasar 110.500 vehículos cada día laborable. Por eso, descongestionarlas, aseguran, acabaría con buena parte de los quebraderos de cabeza de los conductores.
Las calles elegidas son la ronda de Outeiro, la ronda de Nelle, Juan Flórez, los Cantones, Sánchez Bregua, Linares Rivas, las avenidas del Ejército, Arteixo y Finisterre, y cuatro zonas comerciales y de ocio: los entornos de la plaza de Lugo, la Marina, el Orzán y la zona de Ramón y Cajal, A ellas se sumará también una calle peatonal como Riego de Agua, donde es habitual que los coches excedan el período de carga y descarga concedido por el Ayuntamiento a primera hora de la mañana y se mantengan estacionados alguna hora más.
Para ello prevén aplicar en estas calles el sistema de videovigilancia presentado esta semana y que, mediante juegos de dos cámaras, permite detectar los vehículos estacionados en doble fila o en zonas vedadas (paradas de autobús o de carga y descarga) y fotografiar sus matrículas para cursar la pertinente denuncia al conductor. A ello se sumará, en las calles donde hay tráfico rodado, la instalación del sistema de onda verde en los semáforos, de forma que estos se abran al paso de los buses cuando estos vayan con retraso respecto al horario establecido. Se busca así garantizar las frecuencias sin necesidad de instalar plataformas reservadas para el transporte público, en calles con una densidad de circulación muy acusada en horas punta.
Y es que estas calles concentran no solo el 80 % del tráfico rodado privado, sino que todas las líneas de buses urbanos atraviesan, al menos, una de ellas, por lo que la instalación de sistemas de prioridad, unido a una disminución de la doble fila, permitiría ajustar mejor las frecuencias de paso, entienden en María Pita.
El teniente de alcalde de Movilidad, Julio Flores, tampoco ha descartado en las últimas semanas la posibilidad de que el modelo actual de carril bus, con separadores y plataforma reservada, se aplique en otras calles de la ciudad, aunque siempre con el condicionante de que se trate de vías amplias y de que así lo aconseje el futuro plan de movilidad que el gobierno local tiene previsto elaborar de la mano de un panel de expertos, por entender que el documento encargado por el bipartito a Salvador Rueda no aborda una verdadera reordenación del tráfico.
Con el plan ya diseñado y preparado para ser puesto a prueba a partir del próximo mes, el gobierno local solo espera a contar con la financiación necesaria para extenderlo al resto de vías prioritarias elegidas. Y es que el sistema no es precisamente barato. Según las cifras avanzadas por Julio Flores, su instalación entre Federico Tapia y San Juan, para sustituir los 1,7 kilómetros de plataforma reservada, tendrá un coste de 250.000 euros, ya que además de adaptar los buses urbanos y semáforos al sistema de prioridad, se instalarán 18 cámaras de videovigilancia contra la doble fila.
Por este motivo, el alcalde, Carlos Negreira, avanzó este viernes que su gobierno espera recibir en los próximos meses del Ejecutivo central una ayuda solicitada para financiar actuaciones en materia de movilidad. Con este dinero, subrayó, se podría empezar a extender el sistema al resto de catorce calles escogidas. A falta de cerrar la financiación, solo queda que la experiencia piloto demuestre si este nuevo sistema para favorecer la movilidad es efectivo.
El gobierno local no ha descartado recuperar el carril bus en otras zonas de la ciudad
La fachada de Derecho es objeto de nuevas pintadas a pesar de las cámaras
La Policía investiga el caso para identificar a los autores de los garabatos, que costarán otros mil euros borrarlos
La Facultad de Derecho de la Universidad de Granada (UGR) no se libra de las pintadas ni de los gamberros ni con cámaras de videovigilancia. Han aparecido nuevos grafitis en la entrada principal del edificio histórico. En el centro universitario se quejan del dineral que deben gastarse y del «mal rato» que pasan cada vez que aparecen estos garabatos.
El edificio monumental -antiguo Colegio de San Pablo- es objetivo de los vándalos desde hace años. Este otoño se colocaron cámaras de videovigilancia para cortar esta situación e, incluso, se habló de que serviría como 'laboratorio' contra los grafitis en la capital. Las cámaras 'protegen' tanto la fachada principal como el resto del perímetro del centro universitario: Jardín Botánico -que se lleva la palma- y calle Duquesa. Ayer, el decano de la Facultad de Derecho, Juan López, confirmaba que han aparecido nuevas pintadas y que «pensaba que las cámaras iban a disuadir más». Eso sí, se mostró confiado en que se pueda localizar a quién haya sido y con la multa se disuada a los grafiteros.
Según los datos aportados por el máximo mandatario de la facultad de la plaza de la Universidad, ayer mismo miembros de la Policía se dirigieron a la UGR -las grabaciones las custodia la Secretaria General- para preguntar si habían algunas imágenes. La Policía, según fuentes de la misma, estuvieron ayer haciendo fotografías a la fachada de la Facultad de Derecho. Ahora, lo que se espera en la UGR y en las fuerzas de seguridad, es que con el visionado de las cintas se pueda localizar quién ha sido el autor de esos garabatos.
Por el momento, en la Facultad de Derecho no saben la cantidad exacta de dinero que les costará quitar la nueva pintada, pero Juan López calcula que pueden ser unos mil euros. Es un edificio histórico y requiere una intervención especial. Estos años atrás, el centro universitario expone que haciendo cuentas tenían que desembolsar una media de unos 18.000 euros cada curso. La Facultad de Derecho tenía previstas, dada esta situación, tres intervenciones a lo largo del año académico: una al inicio de curso, otra después de Navidad y la última a final de curso.
Lo que sí se conoce es el castigo para quien comete un delito de daños contra el patrimonio histórico como es este caso. Conlleva penas de uno a tres años de cárcel y multa de doce a veinticuatro meses. A ello habría que añadir la eventual responsabilidad civil: es decir, el abono de lo que cueste arreglar la gamberrada en cuestión.
Medidas de seguridad
Derecho tomó la decisión de colocar cámaras de videovigilancia por la constatación de que solo se libran de las pintadas aquellos monumentos que están vigilados «a través de medios tanto personales como materiales», según detallaba la Unidad de Policía Judicial adscrita a la Fiscalía Superior de Andalucía en un informe que está recogido en la última memoria de la institución. «Durante el año 2010 -recordaban los agentes en el citado informe- se han efectuado visitas a todos los Bienes de Interés Cultural de Granada (74), pudiendo comprobar que un elemento esencial en la conservación de los mismos está constituido por la existencia o no de medidas de seguridad (...) siendo determinante el hecho de que la totalidad de Bienes de Interés Cultural (BIC) que cuentan con estas medidas de vigilancia no han sido prácticamente afectados por grafitos, aún encontrándose estos en lugares cuyos alrededores son 'grafiteados' de manera constante».
La Facultad de Derecho tomó nota pero, por el momento, los gamberros parece que no se han enterado de que están siendo vigilados. Ahora esperan poder identificar al vándalo y fundamentalmente que no se repitan las pintadas.
Técnicos y representantes de las áreas de Informática, Nuevas Tecnologías, Policía Local y Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Burgos se han reunido esta mañana en una primera toma de contacto, antes de sacar a concurso la adquisición de las 16 cámaras de videovigilancia, que ha autorizado la Delegación del Gobierno en Castilla y León, y que se instalarán a lo largo del 2012 en zonas de ocio nocturno de la ciudad.
La Delegación del Gobierno en Castilla y León comunicó, a principios de noviembre, al Ayuntamiento de Burgos, la autorización para la instalación de cámaras de videovigilancia en el centro de la ciudad y en Gamonal.
La solicitud fue presentada por el Ayuntamiento el día 6 de octubre, y el día 7 del mismo mes fue trasladada a la Comisión de Garantías de la Videovigilancia de Castilla y León. El día 2 de noviembre, la Comisión informó favorablemente la instalación de 16 de las 17 videocámaras solicitadas.
Montera, plaza Mayor, Lavapiés... Y, ahora, Azca. Esta zona se unirá en breve a la lista de barrios de Madrid vigilados con cámaras de vídeo. Los vecinos, hartos de denunciar la inseguridad de la zona, acogen esta iniciativa con satisfacción, mientras que los hosteleros se muestran más escépticos sobre su utilidad e instan a combatir los problemas de ruido e inseguridad luchando contra el botellón y la venta ilegal de bebidas.
El proyecto, que ya figuraba en el programa electoral del PP para las elecciones municipales del pasado mes de mayo, acaba de ser incluido en el presupuesto del Ayuntamiento para el próximo año. En concreto, el Consistorio ha consignado una partida de 376.000 euros para 'blindar' con cámaras de videovigilancia esta conflictiva zona en la que en los últimos años se han producido varios crímenes
La medida, que está en su fase embrionaria, ya cuenta con el apoyo de los vecinos de la zona. "Hay zonas del barrio por las que la gente no pasa o pasa corriendo, así que merece la pena renunciar a cierto grado de intimidad", ha explicado la gestora de la Asociación de Presidentes de Comunidades de las calles Orense-Azca (Comunazca), Laura Morilla. "En este caso, la protección está por encima de la intimidad.
Y eso que, según reconoce la propia Morillas, la situación ha mejorado de forma ostensible en los dos últimos años "gracias a la intervención y la implicación de la concejala de Medio Ambiente, Ana Botella". "Hay más presencia de la policía local y también se ha reducido el número de locales", explica. "Eso ha hecho que en los dos o tres últimos años hayamos pasado de tener cerca de 30.000 personas cada fin de semana a tener casi la mitad".
Los hosteleros, sin embargo, se muestran más escépticos. Desde la asociación de empresarios de hostelería La Viña han preferido no entrar a valorar la medida, aunque han dudado de su utilidad a la hora de prevenir posibles problemas de vandalismo, robos o reyertas. "Puede resultar útil para perseguir delitos a posteriori", han señalado desde La Viña, "pero no creo que alguien que está bebido y que sale a montar follón esté pensando en si le vigilan las cámaras
Eso sí, los responsables de los locales de la zona insisten en que ellos están tan interesados como los vecinos en que desaparezcan los problemas de ruidos, suciedad e inseguridad. Pero difieren en las soluciones. Para ellos, el principal frente de batalla debe ser el combate contra el botellón y la venta ilegal de bebidas. "Los principales problemas de ruidos en Madrid vienen del tráfico, y después, en las zonas de ocio, están los problemas del botellón", explican desde la asociación. "Los locales cumplen con todas las normativas sobre ruidos y sobre seguridad, así que los problemas están fuera y son responsabilidad del ayuntamiento
"Las cámaras generan un debate social sobre la intromisión en el derecho a la intimidad, pero es el ayuntamiento quien tiene que valorar los efectos", recuerdan. E insisten en que los dueños de los locales no deben ser catalogados como 'el enemigo'. "Cualquier medida que vaya contra los hosteleros es un error", señalan. "No hay que olvidar que el ocio es uno de los mayores atractivos turísticos de Madrid".
Accesos controlados
Pero la instalación de videocámaras —que tendrá que ser aprobada por una comisión de Videovigilancia de la que forman parte el ayuntamiento, la Federación de Municipios, la Delegación de Gobierno y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid— no es la única medida proyectada por el área de Medio Ambiente del consistorio madrileño para devolver la tranquilidad a los vecinos de Azca. Además, según han confirmado desde la asociación Comunazca, el ayuntamiento ha pedido a los vecinos de la calle de Orense que vallen sus edificios para que la gente no pueda entrar en las callejuelas, callejones y túneles que componen el laberinto de Azca
El proyecto, que ya está presentado ante el consistorio, prevé mantener todas las puertas abiertas durante el día y cerrarlas por la noche, dejando sólo un par de accesos para que la gente no pueda entrar en lo que los vecinos llaman 'vomiteros' (calles que amanecen llenas de vómitos, orines, suciedad...). "Es una cuestión de urbanismo y de seguridad", han señalado desde la asociación La Viña, "pero suponemos que habrán valorado si las salidas son suficientes para desalojar a la cantidad de gente que se junta allí un fin de semana en caso de que haya algún problema
Una banda de expertos ladrones asaltó hace unos días la cámara donde se guarda la droga intervenida en la provincia de Málaga. Un golpe que ha puesto en entredicho las medidas de seguridad del recinto
Un robo de película. Ejecutado de forma casi sinfónica. Nada al azar. Todo perfectamente planeado para asaltar un depósito que debía ser inexpugnable, pero que presentaba más de una grieta en su seguridad. Un vigilante a media jornada, fines de semana sin presencia alguna, un sistema de videovigilancia que fallaba con asiduidad y un caos de competencia que aprovecharon los expertos delincuentes para abrir la cámara acorazada donde se guarda la droga intervenida en la provincia de Málaga. El objetivo: la cocaína guardada en el depósito judicial del puerto. Los medios: una información privilegiada para desactivar los sensores volumétricos y sísmicos, conocer todos los resortes de la caja fuerte y una lanza térmica con la que doblegar el acero. El botín: más de 320 kilos de esta sustancia con un valor en la calle próximo a los veinte millones de euros.
El robo
El robo se conoció el lunes de la semana pasada por la mañana. El vigilante que iniciaba su jornada descubrió que el bombín de la puerta había sido extraído y vio que en el suelo había droga esparcida junto a alguna bolsa rota. La investigación determina por ahora que los ladrones supuestamente accedieron al almacén la madrugada del domingo, concretamente sobre las 3:30. Sobre esa hora se produjo un apagón en el monitor del sistema de videovigilancia que se encuentra en el puesto de la Guardia Civil situado a unos 400 metros. Una patrulla fue al lugar, pero no observó nada extraño. Todo apunta a que los ladrones ya estaban dentro y que habían introducido la furgoneta que previamente habían robado y en la que posteriormente transportaron la droga.
Las fuentes consultadas informaron de que es muy probable que los delincuentes hayan realizado durante semanas una exhaustiva labor de vigilancia. Los ladrones conocían a la perfección el modelo de la misma, y no se descarta que hubiesen «practicado» anteriormente con una similar, ya que conocían a la perfección los puntos de anclaje de la puerta y fueron los lugares en los que cortaron el acero con la lanza térmica. Al evitar hacer un gran agujero, ahorraron mucho tiempo y no forzaron esta delicada y peligrosa herramienta.
Durante todo este proceso, se piensa que uno de los integrantes de la banda vigiló la carretera del puerto desde una de las ventanas para avisar de cuándo se aproximaba algún vehículo y detener los trabajos para no hacer ruido. Los agentes de la Policía Científica se han esmerado en la búsqueda de huellas y ADN en cristales y persianas.
Los sistemas de seguridad
Los delincuentes tenían un perfecto conocimiento de a qué se enfrentaban. El depósito judicial dispone de siete cámaras interiores y cinco exteriores, así como de alarma durante las 24 horas. La señal de estas cámaras se enviaba vía wifi al central de una empresa de seguridad y después se rebotaba al cuartel de la Guardia Civil. ¿Pudo ser «crackeada» esa señal?
Ante lo inexplicable de que la señal recorra kilómetros y kilómetros de un punto a otro que físicamente están a unos pocos metros, se une que de las 12 cámaras, tres de ellas presentaban señales. En el monitor, como el de cualquier ordenador, que se encuentra en el puesto de la Guardia Civil solo se recibían imágenes en nueve ventanas.
Un topo
La cámara acorazada cuenta con una docena detectores sísmicos colocados en sus paredes, que sirven para registrar vibraciones o intentos de perforaciones en la misma, así como diez puntos volumétricos que se activan cuando se producen cambios en el volumen del aire de una estancia. Nada sirvió para detectar su presencia. Todos los sistemas fueron desactivados y los ladrones «trabajaron» sin el temor de ser detectados.
La existencia de un informador que allanó el terreno es más que una hipótesis, según las fuentes consultadas, que explicaron que, además de inutilizar los sistemas de seguridad con gran facilidad, conocían aspectos que únicamente podían saber aquellas personas muy vinculadas al depósito. Uno de ellos es quien tenía conocimiento de dónde estaba escondido el disco duro donde se almacenaban las imágenes de las cámaras de seguridad, que sustrajeron a pesar de que las habían desactivado.
Otro hecho que no ha trascendido, y que refuerza esta línea de trabajo, es que si las cámaras dejan de operar, hay un intervalo de unos 40 segundos hasta que se active un generador de emergencia que también estaba oculto. Los autores del robo sabían donde estaba y también lo inutilizaron.
Desde que se ha producido el robo se ha tomado declaración al personal del depósito, de la empresa de seguridad, a agentes de la Guardia Civil, trabajadores del puerto y personas que en un pasado reciente hayan tenido algún tipo de relación con el puerto.
Entradas y salidas
Los esfuerzos policiales también se centran en el recorrido seguido por la furgoneta de los ladrones en la entra y salida. Los investigadores no descartan que aprovechasen las obras en los muelles 1 y 2 del puerto para dejar el vehículo aparcado días antes y con el material dentro. El ir y venir de trabajadores en vehículos similares (Foto 2) era una buena manera de pasar desapercibidos, incluso la lanza térmica no levantaría sospechas entre tanto soldador industrial. No se descarta que la furgoneta, que fue hallada calcinada tras el robo, hubiese podido ser decorada con el logo de alguna constructora.
Los agentes han recopilado las imágenes de las distintas cámaras de seguridad para tratar de obtener un rostro y conocer la vía de entrada o huida. Una podría ser por el control situado junto a la Alameda de Colón (Foto 3), que extrañamente no cuenta con barrera de seguridad. Otra posibilidad es que los delincuentes, haciéndose pasar por obreros, utilizasen un camino de tierra alternativo habilitado por los trabajadores de las obras del muelle y que da al Paseo de la Farola. Una tercera vía de escape se encontraría en la continuación del citado paseo (Foto 4), accediendo al Paseo Marítimo Matías Prats a través de una rampa utilizada por los vehículos de los servicios operativos del Ayuntamiento. La cuarta hipótesis, la menos probable, es que saliesen por el antiguo acceso de la Plaza de la Marina (Foto 5). A pesar de que es peatonal y cuenta con pivotes, hay una isleta por la que en casos de emergencia ha entrado alguna ambulancia.
La polémica
El caso ha estado de gran polémica desde un principio. A la Subdelegación del Gobierno, de quien dependía el depósito de la droga, se le ha echado en cara que no hubiese un guardia civil o un policía en el recinto las 24 horas y sí un vigilante privado con horario de oficina. Los sindicatos policiales también han denunciado que las cámaras eran defectuosas y que fallaban con asiduidad. Se han pedido dimisiones.