Entrevista a José Luis Rodríguez Álvarez
“Los datos en la Red son llaves de acceso a nuestra vida privada”
•Es el director de la Agencia Española de Protección de Datos
•“Las barreras que protegían la privacidad: espacio y tiempo, han caído con los buscadores”
•“Estamos encontrando muchas resistencias por parte de los grandes proveedores de servicios de internet para cumplir con la normativa europea de protección de datos”
•“Los europeos tienen derecho de que estas empresas cumplan con sus obligaciones”
José Luis Rodríguez Álvarez, lleva un año como director de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). Ha hecho balance con Informativos Telecinco, con muchos frentes abiertos. Le preocupan dos asuntos: la facilidad con la que la gente “abre la llaves de acceso a su vida privada” con sus datos y “la resistencia contumaz del buscador mayoritario en España (Google) porque no está a la altura de su responsabilidad con los usuarios”.
La protección de datos en la Red, el derecho al olvido, las grabaciones de vídeo vigilancia, la manipulación de los ficheros de morosos son algunos de los temas que más trabajo les ha generado en este primer año de trabajo. José Luis Rodríguez ha ocupado diversos cargos en la administración desde el año 2002. Licenciado en Derecho y especialista en Constitucional, antes de asumir su cargo como director de la Agencia de Protección de datos en junio del año pasado, fue director del Gabinete del Ministerio de Justicia con Francisco Caamaño.
Pregunta - Lleva ya más de un año en el cargo, ¿qué balance puede hacer de este periodo en la AEPD?
Respuesta - Un año es mucho tiempo. Nos preocupan estas cuestiones porque le preocupan a los ciudadanos en España. La agencia actúa en la mayoría de los casos siempre bajo una petición de un ciudadano. Si la empresa reclamada no atiende a su queja, vienen a la agencia y le pide que tutele su proceso.
P.- ¿Cuáles son los retos de la Agencia?
R.- Son los que traen causa de la evolución de la tecnología. Esos avances dan muchas ventajas, pero también traen consigo algunos riesgos para protección de datos. Si esa tecnología en su desarrollo no ha tenido en cuenta eso; y si nosotros los usuarios no somos conscientes de los riesgos que tiene…
P. ¿Y no lo es?
Con nuestros datos personales que muchas veces nos parecen irrelevantes, estamos cediendo llaves de acceso a nuestra vida privada. con las cesiones que en el día a día hacemos para realizar cuestiones con las administraciones o con empresas privadas.
En la web tenemos información detallada y recomendaciones prácticas sobre cómo proteger los datos y hacer un uso racional de los datos personales.
P.- Redes sociales, buscadores, proveedores de servicios….y la gran mayoría con sedes sociales fuera de Europa ¿Qué se puede hacer ante tanta entrega de datos a tantos servicios diferentes?
R.- La globalización afecta a la actuación de las agencias de protección de datos con las grandes empresas multinacionales. Actúan en muchas ocasiones desde fuera de nuestro territorio, pero la legislación europea les exige que cuando tratan datos de europeos se sometan a la legislación europea. Exigimos que las empresas que ofrecen servicios a residentes en Europa respeten la normativa europea de protección de datos independientemente de donde tengan su sede.
Y aunque encontramos muchas resistencias por parte de los grandes proveedores de servicios de internet, no quiere decir que no debamos exigirles un cumplimiento de nuestras normativas. Los europeos tienen derecho de que estas empresas cumplan con sus obligaciones.
"Los europeos tienen derecho de que estas empresas cumplan con sus obligaciones"
P.- Derecho al olvido, ¿es tan grave como parece o es problema exagerado?
R.- Es un fenómeno relativamente reciente. La memoria digital tiene una capacidad de almacenamiento ilimitado. Todo se puede guardar, nada se borra. La red hace que esta información sea accesible desde cualquier punto. Si a esto le sumamos la actuación de los buscadores, cualquiera de nosotros puede acceder a información de cualquier persona con independencia de cuando sea esa información, de ayer o de hace 20 años. O de que la información se haya generado en un lugar lejano.
Espacio y tiempo eran dos barreras que protegían la privacidad. Han caído en la época actual como consecuencia de internet y de los buscadores. Derecho al olvido es una denominación muy amplia y como tal, algo inequívoca. Evoca mucho más de lo que realmente contiene.
P.- Explíquese
R.- Se dice que con el derecho al olvido se pretende reescribir la historia y alterar las fuentes. Y no es verdad. El derecho al olvido no alcanza a la alteración de las hemerotecas o de los documentos originales. Consiste en un derecho a que se cancele la información si es ilegítima o un derecho a oponerse a que dicha información se siga difundiendo de manera indiscriminada por internet.
Permite bloquear la difusión de la información por los buscadores, pero sin alterar nunca el original. Debemos ponderar entre la relevancia de una noticia y la lesión que se causa al derecho de una persona. Si la noticia no es relevante, debe seguir siendo accesible en la hemeroteca pero no en un buscador. Es lo que le pedimos a los buscadores, que estas informaciones personales no aparezcan en los sistemas de búsqueda.
P.-¿Y como afecta el derecho al olvido a los enlaces a informaciones veraces en blogs o páginas personales?
R.- El derecho al olvido nunca va a alcanzar a la exigencia de alterar una información en la página original. El equilibrio se busca bloqueando la difusión indiscriminada. Cuando se trata de un blog particular, salvo excepciones vinculadas a un medio de comunicación, está amparado a la libertad de expresión pero no ya a la libertad de información.
P.-¿ Parece que los buscadores no les están ayudando con esta idea no?
R.- Tenemos una resistencia contumaz del buscador mayoritario en España que no está a la altura de su responsabilidad con los usuarios y sistemáticamente aquellas resoluciones de la agencia, amparando sus derechos, las impugna. Desconociendo que son resoluciones que la agencia no dicta de oficio. No son procedimientos iniciados por la agencia porque consideren que allí se está produciendo una vulneración. Son ciudadanos los que considerar que esa difusión de información no relevante les está generando problemas. Como el buscador no responde, acuden a la agencia solicitando amparo.
FUENTE:TeleCinco.es
El pasado jueves 21 de junio tuvo lugar en el Ayuntamiento de Torrelodones la última jornada de videovigilancia organizada por la Asociación Europea de Profesionales para el conocimiento y regulación de actividades de Seguridad Ciudadana (AECRA).
En este encuentro, celebrado en la Comunidad de Madrid, participaron ponentes destacados en el mundo de la seguridad privada, expertos en los aspectos jurídicos de la misma, y miembros del Cuerpo de Policía Nacional del Estado y de la Agencia Española de Protección de Datos, AEDP. El acto de apertura estuvo a cargo de la Alcaldesa del Ayuntamiento de Torrelodones, Elena Biurrun, y el Presidente de AECRA, José Iglesias.
La imagen es un dato de carácter personal, y su grabación por cámaras requiere tratamiento legal. Por ejemplo, es necesario que todas las zonas videovigiladas cuenten con un cartel de aviso situado en zona visible- que informe sobre la Ley Oficial de Protección de Datos, LOPD. Lo mismo ocurre con el sonido y su captación por dispositivos de seguridad. En otras palabras, hay que hacer un uso legal de los sistemas de videovigilancia. No obstante, semejante labor entraña gran complejidad. En algunos supuestos, la privacidad prevalece y no está permitido difundir datos de carácter personal como imágenes o sonidos-, mientras que en otros ocurrirá lo contrario. De acuerdo con Javier Sampere Samaniego asesor técnico-jurídico de la AEDP de Madrid-, tras los atentados del 11-S y 11-M se impuso la seguridad frente a la privacidad: proliferaron los escáneres corporales en algunos aeropuertos medida muy polémica pero ya aprobada- y el control de redes sociales en países como Gran Bretaña, lo que tampoco ha estado exento de controversia. En determinados escenarios, por lo tanto, debe prevalecer el Derecho a la Seguridad y, en otros, el Derecho a la Privacidad. Se pone de manifiesto así que existe una difícil relación entre los conceptos de "seguridad y "privacidad", ya que la normativa de seguridad Privada y la de Protección de Datos tienen que convivir. Es por esto que AECRA trabaja para la conciliación del Derecho a la Seguridad y el Derecho a la Privacidad, según remarcó su Presidente, José Iglesias.
En opinión de Elena Biurrun, la AEPD regula la videovigilancia de una manera muy pobre. Sin embargo, su Director en la Comunidad de Madrid, Santiago Abascal Conde, destacó que es necesario establecer una regulación de Seguridad Privada específica en cada caso. Por ejemplo, "cuando alguien, de manera obligatoria, necesita una cámara como medida de seguridad porque la ley o la autoridad lo imponen", "cuando la imagen se usa para la seguridad de infraestructuras críticas porque su ataque puede provocar un desastre nacional", "cuando alguien se dota voluntariamente de cámaras para su protección sin tener obligación de ello", o "si se hace uso de cámaras en espacios privados de uso público". A este respecto, Jorge Salgueiro miembro de la asociación AECRA, Abogado y Director de Asesoría Jurídica de Securitas Direct- quiso puntualizar que, en los casos de actuaciones de carácter de Seguridad Privada producidos en ámbitos públicos, es clara la incidencia de la seguridad privada en el ámbito y entornos públicos. Un caso representativo se encuentra en el escenario hipotético planteado a los ponentes: ¿Cómo debe el Ayuntamiento de Madrid tratar un fichero con datos personales? El Ayuntamiento debe velar por la seguridad de los bienes de carácter público, para lo que contrata instalación y mantenimiento, vigilancia de personas y bienes y, por último, conexión a centro de control.
No existe una respuesta clara. En opinión de Sampere Samaniego, la protección de datos en relación a la Seguridad Privada no es un Derecho Fundamental ilimitado, y cuando choca con otro Derecho hay que hacer un balance de intereses. El broche de la jornada lo puso una mesa redonda, en la que destacadas personalidades tanto del ámbito de la seguridad privada como del de la protección de datos intercambiaron sus puntos de vista acerca de un caso práctico. Algunos de los ponentes acudieron en representación de AECRA, como fue el caso de Óscar Téllez Carbajo Abogado, representante de AECRA y miembro de Asesoría Jurídica de Niscayah/Stanley Security Solutions España-, y otros lo hicieron en calidad de miembros de la Agencia Española de Protección de Datos. AECRA se presenta como una Asociación Europea de Profesionales para conocimiento y regulación de las actividades de la Seguridad Ciudadana, pensada para cubrir todas las necesidades del sector a través de instrumentos jurídicos y prácticos. Con presencia repartida a lo largo de toda la geografía española, la empresa ya había organizado distintas jornadas en varias provincias del país con anterioridad: Murcia Junio 2011-, Lugo Septiembre 2010-, Ceuta Diciembre 2009- y un largo etcétera. Además, existen ya otras convocadas para Madrid, Oviedo, Murcia, Pamplona y Valladolid durante el último trimestre de 2012.
FUENTE:Asturi.as
POLÍTICA
El PSOE estudia demandar ante los tribunales a la ministra de Trabajo
Los socialistas sospechan que Báñez filtró el texto del ERE que acometerá el partido opositor
El PSOE quiere que se abra una investigación para averiguar si la ministra de Trabajo, Fátima Báñez, filtró el contenido del Expediente de Regulación de Empleo presentado el 22 de junio por el principal partido de la oposición para reducir su masa salarial y, según anunció ayer su secretario de Organización, Óscar López, no descarta demandarla ante los tribunales.
Los socialistas basan sus sospechas en una información del diario 'El País' en la que se asegura que el documento, confidencial, fue enviado desde el correo electrónico de la ministra al menos a un periodista. El pasado martes el diario 'La Razón' desveló detalles del ERE que preparan los socialistas y que, en principio, afectaría a más de 180 trabajadores. 'El País' afirma tener una copia del correo remitido desde la dirección de Báñez. «De confirmarse, Báñez debería dimitir», advirtió López en la misma comparecencia en la que anunció su decisión de acudir a la Agencia de Protección de Datos y, si los servicios jurídicos del PSOE lo ven pertinente, a la vía judicial.
En el Ministerio de Trabajo niegan la acusación, pero el número tres del PSOE considera que es «muy grave y no tiene precedentes». Siempre con la salvedad de que la noticia se confirme, López denunció que una filtración de este tipo es reprobable si parte de «quien tiene obligación de velar por los intereses de los ciudadanos». «Este proceso, doloroso por naturaleza -alegó- no debe ser instrumentalizado por el Gobierno que dispone de información confidencial». Una práctica que, dijo, vulneraría los principios del funcionamiento democrático.
FUENTE:Diario Vasco
Una asesora de Báñez elaboró el documento sobre el ERE del PSOE
Los socialistas exigen la dimisión de la ministra por dar datos confidenciales
Estudian acudir a Protección de Datos, a la vía judicial y a la parlamentaria
El documento con los puntos clave del expediente de regulación de empleo (ERE) del PSOE que fue filtrado la semana pasada desde el correo de la ministra de Empleo, Fátima Báñez, fue elaborado en el ordenador de una asesora del gabinete de la ministra, la vocal Nuria Paulina García Piñeiro, según la documentación a la que ha tenido acceso este periódico. El archivo con el nombre ‘ERE nacional.doc’ iba adjunto en el correo electrónico que Fátima Báñez remitió el 25 de junio a al menos un periodista y cuyo contenido detallaba el número de trabajadores que podían verse afectados por la reducción de plantilla y la caída de ingresos por subvenciones del principal partido de la oposición. Fuentes de este departamento han negado el envío de esa información y han retado a que se aporten las pruebas.
Los datos y algunos fragmentos calcados de dicho papel aparecieron publicados en La Razón en la edición impresa del día siguiente al envío del correo, el 26 de junio. El mismo rotativo ya había adelantado el día anterior la noticia del recorte de empleo que preparaba el PSOE, aunque sin esta profusión de detalles. El documento elaborado en el ordenador de la asesora de Báñez, bajo el epígrafe Nota sobre las medidas de regulación de empleo (despidos colectivos, suspensión de contratos y reducciones de jornada) presentadas por el PSOE el viernes 22 de junio, detallaba que alrededor de 186 empleados se podrían ver afectados por los despidos y unos 61 por las suspensiones de contrato o reducciones de jornada.
El PSOE comunicó el viernes 22 de junio al Ministerio de Empleo la apertura de este proceso de recorte de plantilla y el inicio del periodo de consultas con los representantes de los trabajadores, así como la justificación con los motivos técnicos, económicos y organizativos de esta medida. Este tipo de documentos, que ya antes de la reforma laboral debían presentar las empresas que impulsaran un ERE para argumentar la decisión, solo se trasladan a las partes interesadas, por eso tienen acceso a ellas los representantes sindicales.
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La ministra de Empleo, Fátima Báñez, en el Congreso. / ULY MARTÍN
La dimisión de la ministra de Empleo es el precio que el PSOE quiere que pague el Gobierno por la filtración. Además, están estudiando acudir a la vía judicial y parlamentaria y reclamar la intervención de la Agencia de Protección de Datos para que acredite que efectivamente la difusión de la información se produjo desde el correo electrónico de Báñez.
“De confirmarse esta información, la ministra deberá abandonar el cargo con carácter inmediato por haber abusado de su posición para perjudicar al principal partido de la oposición”, afirmó ayer en rueda de prensa el secretario de Organización del PSOE, Óscar López, que no ocultaba su enfado por la situación.
Según explicó, se había desayunado con la noticia de la filtración sobre el ERE del PSOE que tramita el ministerio. López había adelantado que el ERE se pactaría con los sindicatos y que no se aprovecharía de la reforma laboral del PP, a la que el PSOE se ha opuesto, y que recorta los derechos de los empleados.
“Es una información muy grave y sin precedentes”, afirmó el número tres del PSOE. Los socialistas sostienen que lo primero es depurar responsabilidades políticas, lo que implica la renuncia a su cargo de Báñez. Sin embargo, López se guardó bien las espaldas y se apoyó en una coletilla: “Si se confirma la información”.
Aunque el departamento jurídico del partido aún no ha terminado de estudiar lo ocurrido, López justificó una medida tan drástica como una dimisión porque se trata de “un precedente muy peligroso de inseguridad jurídica para los trabajadores y empresas” ante la Administración pública y supone un “uso partidista” de información reservada por parte de la ministra “para perjudicar al principal partido de la oposición”. Por eso, y pese a que aseguró varias veces, a preguntas de los periodistas, que no tenía más datos ni pruebas, insistió: “De confirmarse esta información, la ministra no podría seguir un minuto más en el cargo”.
A la espera de actuar con detalles personales
Cuando el PSOE presente formalmente denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), este organismo deberá iniciar los trámites para averiguar si la filtración incumple la legislación en materia de difusión de información personal.
La agencia, que actúa con independencia de la Administración aunque está vinculada al Ministerio de Justicia, es la entidad encargada de velar por el cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal por parte de los responsables de esa información: organismos públicos, empresas, fundaciones, asociaciones... El margen de actuación de la AEPD, que no se pronunciará hasta analizar el contenido del archivo filtrado por la ministra de Empleo, Fátima Báñez, se circunscribe, en cualquier caso, a los datos personales. Esto es, nombres o información que desvele identidades (por ejemplo, teléfonos, direcciones…). Así las cosas, cuando conozca los detalles del documento sobre el ERE que prepara el PSOE, su función consistiría en proteger a los afectados, si considera que se ha vulnerado su derecho a la privacidad.
La agencia, creada en 1993, instruye habitualmente procedimientos sancionadores, dicta resoluciones de apercibimiento y, si es preciso, acompaña sus peticiones de órdenes judiciales contra entidades que, a su entender, vulneran ese derecho. Algunas de las denuncias más frecuentes en los últimos años afectan a buscadores de Internet. Google, por ejemplo, recibió en el segundo semestre de 2011 43 requerimientos enviados por instituciones españolas, encabezadas por Protección de Datos, para retirar 300 enlaces relativos a “individuos particulares y personajes públicos”.
FUENTE:El País.com (España)
LEER ARTICULO:http://politica.elpais.com/politica/2012/07/02/actualidad/1341258257_922298.html
Protección de Datos investiga el fichero de autorizaciones para las calles peatonales
SIPLA denuncia que la situación del sistema de cámaras no se ajusta a la Ley de Tráfico
La sección sindical del Sindicato Independiente de Policía Local de Asturias (SIPLA) en el Ayuntamiento lleva meses pidiendo aclaraciones sobre la introducción de cámaras para controlar los accesos a 14 calles peatonales y la 'Zona 30'. Sospecha que la pretensión de la jefatura de que el control de las entradas a estas vías estaría regulado por un acuerdo de la Comisión de Gobierno de diciembre de 1993, no se sostiene por ningún lado y no se ajustaría a la Ley de Tráfico.
Algo así ha acabado por reconocer la jefatura del servicio, al impulsar una modificación de la Ordenanza de Tráfico para regular las cámaras y otras novedades, como la 'Zona 30' o los radares. La modificación fue aprobada de forma inicial el viernes, pero ¿qué pasa con las miles de sanciones impuestas desde la entrada en servicio de las cámaras? Ayer, SIPLA, en una nota de prensa aclara que elevó una queja al Defensor del Pueblo, al no recibir respuesta «alguna de la jefatura».
En la respuesta de la institución queda claro que el control de accesos se puede establecer mediante una ordenanza, relata el sindicato, que ha solicitado una aclaración. En ella, añade como documentación que ni las calles son las mismas a las que se refería el acuerdo del 93 (pensado para la peatonalización de El Antiguo) y la norma va mucho más allá pues fija itinerarios, limita recorridos o exige más documentación. El acuerdo del año 1993, ejemplifica, no mencionaba siquiera las bicicletas.
Protección de datos
SIPLA también se ha dirigido a la Agencia de Protección de Datos por si estaba registrado el fichero con los documentos y circunstancias de los ciudadanos que solicitaron autorización para poder circular por esas calles. Al comprobar que «no figura inscrito en el Registro de Ficheros», «puso esta circunstancia en conocimiento de dicha agencia» el pasado mes de septiembre. Protección de Datos, informó ayer SIPLA, instruye en la actualidad un expediente, una investigación.
Para inscribir el vehículo en esa base de datos de vehículos autorizados, detalla el comunicado, «se llega a solicitar documentación como escritura propiedad, IBI o recibo alquiler, en este caso, en el mismo, debe figurar el nombre y DNI del propietario».
«Toda esta regulación, tampoco estaba prevista en el Decreto del 1993». El sindicato anuncia que presentará alegaciones a la modificación de la ordenanza en curso y recuerda que la justicia ha anulado la ordenanza de Zaragoza por causas similares
FUENTE:El Comercio Digital (Asturias)