El Juzgado Penal de San Carlos dictó anoche seis meses de prisión contra un guarda de seguridad privada de apellido Narváez, como sospechoso de matar al taxista informal José Andrés Cerdas Rodríguez.
En este caso a Narváez la Fiscalía le abrió un proceso penal por los delitos de homicidio calificado, robo agravado y resistencia agravada.
La víctima desapareció el 7 de marzo pasado cuando salió del centro de Cañas, Guanacaste, para realizar un servicio a Palmira de Cañas. El vehículo que conducía el taxista fue localizado el miércoles anterior cuando era conducido por Naváez en el centro de Los Chiles, Alajuela.
Posteriormente, testigos ayudaron a localizar los restos del Cerdas que estaban en sacos en un lote baldío en Cuatro Esquinas de Los Chiles.
FUENTE: www.nacion.com
Asimismo, recorren las salas de pediatría, neonatos y hospitalización para entregar a las madres, personal de médicos y enfermeras pautas de seguridad que deben conocer con el fin de evitar ser engañadas por delincuentes.
Inicialmente la campaña se realiza en la capital quindiana, para luego extenderse a todos los municipios del departamento.
“La Policía Nacional agradece la acogida, apoyo y acompañamiento que las directivas de los centros hospitalarios de la región han brindado a los policiales que trabajan en generar conciencia en los habitantes sobre las diferentes maneras de combatir este delito”, aseguraron desde el comando de la policía.
FUENTE: www.cronicadelquindio.com
Sólo 37 de las 164 empresas de Seguridad Privada detectadas en León ya cumplieron con todos los requisitos, y tienen autorización de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado para su funcionamiento y operación.
De las 164 empresas 74 tienen autorización del Municipio, pero no todas han recibido la aprobación definitiva del Estado.
Dentro de estas empresas autorizadas a nivel estatal se ubican algunas de seguridad privada, además de otras que ofrecen la protección y custodia en el traslado de fondos y valores, instalación y funcionamiento de dispositivos o mecanismos indispensables de seguridad y alarma en bienes muebles e inmuebles.
La lista puede consultarse en la página de Internet de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, bajo el rubro “Prestadores de servicios de seguridad privada con autorización estatal vigente”.
La Secretaría de Seguridad Pública del Estado aprueba el funcionamiento y operación de los servicios de seguridad privada en la entidad; corresponde a la Dirección Jurídica, de Visitaduría Interna y Derechos Humanos recibir y tramitar las solicitudes de las personas físicas y jurídico-colectivas.
La lista se integra de 54 empresas de seguridad privada, 37 operan en León; el permiso de vigencia está marcado para el 31 de diciembre de 2011.
Se puede consultar el nombre de la empresa, modalidad del servicio que ofrece, número de autorización y registro, vigencia de la autorización, domicilio, teléfono y en los municipios donde trabajan.
El miércoles el presidente de la comisión de Gobierno, Régimen Interior y Seguridad, Raúl Márquez Albo, dio a conocer las cifras de las empresas de seguridad privada que operan en León, explicó que de las 164 empresas detectadas sólo 74 operan con el aval del Municipio.
Urge a poner orden
El regidor José Arturo Sánchez Castellanos, señaló que no es alentador que el Municipio tenga detectadas 164 empresas de seguridad privada y sólo 37 ya tengan permiso de la Secretaría de Seguridad del Estado para operar.
De las 164 empresas en León 74 están aprobadas por el Municipio, pero no todas han recibido la autorización del Estado para operar, sólo 37 están legalmente aprobadas.
Sánchez Castellanos aseguró que urge que se ponga orden en las empresas de seguridad privada en la ciudad.
“Los números no son alentadores, son preocupantes, eso habla de que hay una proliferación de esas empresas sin el más mínimo requisito para que empiecen a funcionar, ya cuando las sorprenden entran en orden.
“Aquí lo que hace falta es que haya sanciones mucho más fuertes para una empresa de seguridad que preste el servicio y no se registre, pero eso se tendrá que modificar desde el Congreso del Estado, porque no es facultad del Municipio; lo único que podemos hacer es realizar una propuesta para que se modifique la ley estatal y se apliquen sanciones fuertes a este tipo de empresas”, dijo.
a.m. publicó ayer que empresarios exigieron a las autoridades mayor control de los servicios de seguridad privada en la ciudad, y el regidor coincidió.
“Las mismas cifras que se han proporcionado por parte de la autoridad habla de que no hay una supervisión adecuada, de qué sirve decir que sí hay elementos revisando este proceso cuando el propio encargado del proceso, el comandante Manuel Sánchez, reconoció ante la comisión que no tiene más personal y es el único encargado de llevar el registro y el padrón de estas empresas”.
FUENTE: www.am.com.mx
Un guardia de seguridad privada de una escuela fue asesinado a puñaladas en horas de la madrugada de ayer, presuntamente por mondaha. Se llevaron su arma de fuego.
Ocurrió en el interior del Centro Educativo Santa Catalina, situado sobre la avenida Alejo García y Cnel. Franco, de esta ciudad. Se trata de José Domingo Quiñónez Ayala (41), domiciliado en el barrio 23 de Octubre, de esta ciudad.
El hallazgo del cadáver se produjo alrededor de las 07:20, por parte de Ramón Florentín Zárate (24), encargado del sitio, quien encontró al seguridá, de posición decúbito ventral (boca abajo), ensangrentado, con heridas a la altura del corazón y el hombro lado derecho, sin signos de vida. Intervinieron la fiscala Andrea Servián y el forense Abilio Obregón.
FUENTE: www.diariopopular.com.py
El subprocurador de Justicia de León, Manuel Ángel Hernández Hernández, aseguró que los guardias de seguridad, en general, son quienes obstaculizan el avance de las investigaciones relacionadas con robos dentro de fraccionamientos privados.
“En la cuestión práctica y no hablemos de las (empresas de seguridad privada) irregulares, sino de las que están funcionando, hemos encontrado que en ocasiones los mismos vigilantes callan información, yo no sé si sea porque están coludidos, porque temen alguna represalia de orden laboral, porque son amenazados, lo desconozco, pero ése es el principal obstáculo que encontramos”, dijo.
Explicó que en una investigación no siempre los vestigios localizados en el lugar de los hechos son suficientes elementos de prueba, sino que en ocasiones se requieren los testimonios.
“De ahí que el obstáculo lo presentan ellos mismos, porque callan u omiten información”, añadió.
Asimismo, dijo que no era competencia del Ministerio Público confirmar si los guardias trabajaban para empresas regulares (con todos los permisos) o irregular.
Y que más bien, quienes deben estar atentos al contratar los servicios de una agencia de seguridad privada, son los colonos de los fraccionamientos residenciales.