La Fiscalía General del Estado (FGE) dejará de ofrecer el servicio de protección personal a particulares, y anunció que todos los efectivos que están asignados a ese tipo de funciones, deberán reincorporarse a la Policía Única Estatal para asumir otro tipo de funciones.
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Detalló la dependencia que unos 800 agentes están asignados a protección de personas –la mayoría, empresarios– y edificios privados, mismos que deberán optar por su reincorporación a la Policía, o bien, a contratarse con una empresa privada de seguridad.
Dichos agentes disponen de unas mil 200 armas largas y cortas destinadas a servicios de seguridad privada en Chihuahua, cuyo uso estaba autorizado por la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).
La FGE informó que la propia SEDENA fue la que estableció el plazo seis meses para que los agentes asignados a resguardo de particulares regresen al servicio policial o bien entreguen su arma.
administración universitaria, que negó se tomaran medidas de seguridad adicionales a pesar de éstas ser obvias, pareció prepararse para un ataque de los estudiantes en repudio a sus políticas administrativas que se convirtieron en eje de controversia por el pasado año y medio en el primer centro docente del país.
Cuatro oficiales de seguridad privada custodiaron el proscenio durante los actos, donde se encontraban dos de las figuras claves del conflicto, el presidente del sistema, Miguel A. Muñoz y la rectora del Recinto de Río Piedras, Ana Guadalupe, quien desfiló última y caminó escoltada por tres guardias.
“Medidas de seguridad se toman en todas las graduaciones, es normal, es parte del protocolo, especialmente cuando usted tiene tanta gente reunida...y no es que estemos pensando en la seguridad del Presidente y de los rectores...ha sido lo normal de siempre“, alegó el Presidente.
Justo antes de hacer la entrega simbólica de diplomas, Guadalupe y Muñoz abandonaron la tarima por la parte posterior y no participaron de la guardia de honor que estuvo compuesta por los profesores. Los decanos de las facultades fueron quienes entregaron el documento. “Salimos por la parte lateral no por temor a nada, no es que yo diga que en mi vida no le temo a nadie ni nada, pero no al estudiantado”, justificó el Presidente.
Fue fijada en mil 660 la llamada cuota “voluntaria” que los padres de familia deberán aportar si quieren que un hijo suyo se mantengan estudiando en la primaria del Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec (Cenhch).
A pesar de que no hay obligación de dar dicha aportación, la institución dejó entrever que existe una gran cantidad de padres de familia que podrían pagar dicha cuota “voluntaria”, a cambio de que sus hijos estudien en el centro escolar más grande del país, por lo que quien no esté conforme puede buscar otras opciones.
El comité de padres de familia de la primaria del Cenhch informó que el monto de la llamada “aportación voluntaria” fue fijado luego de conocer los planes de infraestructura que tiene el director general Francisco López Centeno, quien pretende comprar cuatrimotos para entregárselas al personal de seguridad privada que tiene la institución.
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Muy lejos parece quedar en la memoria de la gente los tiempos en que la Argentina era un país seguro, donde caminar tranquilos por las calles de noche era normal y corriente, en el cual el policía de la esquina era visto más como un compañero o un miembro de la familia y no con cara rara como sucede hoy día.
Ya nadie parece quedar afuera de la ola de inseguridad que sacude a la Argentina en todos los sectores de la sociedad, donde un tercio de los ciudadanos ha sido víctima de algún delito en los últimos doce meses y el andar sereno por las calles está destinado a unos pocos privilegiados que viven imbuidos en su limbo de barrios cerrados y cercados por seguridad privada.
Ante el creciente avance de la inseguridad en nuestro país, y luego de los hechos delictivos que vienen siendo portada de los principales medios de la Argentina, las políticas de seguridad encarnada por el gobierno nacional y los provinciales, han vuelto a ser puestas en tela de juicio, reclamándose cambios urgentes que brinden una solución rápida a tan dramático problema que vive la sociedad.
Pachuca, Hgo. La sirena abierta de dos motociclistas de la Policía Federal Preventiva (PFP) es el primer aviso de que la Selección Mexicana Sub-17 se encuentra cerca del estadio. Apenas unos minutos después, aparece uno de estos vehículos motorizados, seguido por dos camionetas de la PFP (una delante y otra detrás del camión), con seis elementos con metralleta en mano en cada una. Dos coches con dos personas de seguridad privada (ubicados de la misma forma que las motos) complementan el convoy que sale desde el hotel de concentración del conjunto dirigido por Raúl Gutiérrez.
Así está blindado el Mundial Sub-17, que se celebra en zonas que en los últimos años se han caracterizado por la violencia como Morelia, Torreón, Guadalajara y Monterrey. Por ello los gobiernos locales, el Comité Organizador y hasta la misma FIFA han blindado a todos los representativos nacionales para evitar problemas.
En total, son 18 los elementos de seguridad, sumando esfuerzos de la PFP y la policía estatal, así como la presencia de hombres contratados por cada una de las selecciones: los encargados de trasladar con bien a los jóvenes futbolistas. A este número hay que agregarle a otros tantos federales que se encuentran alrededor del estadio o campo de entrenamiento al que tenga que llegar la Selección, que el jueves buscará en Pachuca su pase a los cuartos de final.