El gobernador de Morelos, Marco Adame Castillo, cesó del cargo al secretario de Seguridad Pública, el general Gastón Menchaca Arias, y colocó en su lugar al general brigadier Gilberto Toledano Sánchez, quien realizaba labores en seguridad privada.
La salida del titular de la SSP de Morelos ocurre a 15 días del secuestro y homicidio de siete personas, entre ellas el joven Juan Francisco Sicilia Ortega, hijo del escritor y poeta Javier Sicilia.
En una conferencia de prensa realizada en Casa de Gobierno, el mandatario morelense anunció, asimismo, la renuncia de la contralora del estado, Patricia Mariscal Vega, y del secretario de Educación, José Luis Rodríguez Martínez, éste último, criticado de manera constante por la oposición política.
El cese del general Menchaca Arias se registra en un momento de crisis política para el gobierno del estado, luego de la marcha nacional "por la paz y la justicia" que realizaron miles de ciudadanos para exigir terminar con la ola de violencia.
Particularmente en Morelos, la marcha tuvo el objetivo de demandar a las autoridades esclarecer el crimen de siete personas, entre ellas cinco jóvenes y dos adultos, secuestrados la noche del domingo 27 de marzo y sus cuerpos encontrados sin vida un día después en un auto abandonado en el fraccionamiento Las Brisas, del municipio de Temixco.
FUENTE: www.eluniversal.com.mxMás allá de la reunión pedida por el jefe de Gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta, la decisión tomada por el Ministerio de Seguridad de la Nación se mantiene firme. En casos conflictivos como el del hospital Piñero, habrá una guardia de la Policía Federal en la vereda, afuera del hospital, porque la misión de los efectivos es cuidar la calle y el barrio. Dentro del Piñero tendrán que recurrir a la seguridad privada –como ocurre en todas las clínicas de la Argentina y en la mayoría de los hospitales–, que son los que tienen que afrontar casos como el de familiares de pacientes que agraden a médicos o enfermeras por polémicas surgidas por la forma de atender a los enfermos. También la seguridad privada está en condiciones de responder ante alguna reacción violenta de una persona con problemas de alcohol o drogas que llega a una guardia. Respecto del diagnóstico sobre la situación en la Federal, es un hecho que el Ministerio está realizando los allanamientos a desarmaderos y prostíbulos, así como las operaciones antinarco, con una mezcla en la que intervienen no sólo la Federal, sino también la Gendarmería y la Prefectura. Antes, todo estaba en manos de la Federal y no resultaba raro que el lugar que iba a ser allanado fuera avisado antes del procedimiento. Quienes rodean a Nilda Garré afirman que no hay marcha atrás en lo que significan las custodias prestadas por policías haciendo adicionales. Podría ser que una comisaría, en virtud de conclusiones surgidas por el análisis del mapa del delito en su zona, decida reforzar las cuadras que están frente a un hospital o en las inmediaciones de un hospital. En ese caso, la dependencia ordenará que efectivos de la Federal estén presentes allí, pero ya no haciendo adicionales, sino como su trabajo normal. Y siempre en la calle, no dentro del edificio.
Las salas de espera de los hospitales porteños estaban vacías, silenciosas y oscuras. Incluso algunas cerradas con llave. Encontrar un médico ayer caminando por los pasillos era casi imposible: la gran mayoría acató la orden de la Asociación de Médicos Municipales que protestó contra el retiro de la Policía Federal en los centros de salud. Los encargados de informarles a los pacientes que llegaban con turno a atenderse eran los enfermeros, residentes e incluso los efectivos de seguridad privada. “Tenía un turno para hacerme estudios prequirúrgicos para una biopsia y me acaban de avisar que no me los voy a poder hacer. Lo peor de todo es que no me dicen cuándo tengo que volver porque no saben hasta cuándo va a seguir el paro. Yo entiendo que un hospital no puede funcionar sin custodia policial pero viajé dos horas desde Glew para llegar a horario”, se quejó Ruth Revilla, paciente del Rivadavia.
En el caso del Pinero, el edificio de los consultorios externos estaba cerrado con llave, con luces apagadas y una persona de seguridad custodiando la puerta. “Este paro nos está perjudicando a todos. Cuando el hospital vuelva a abrir la gente va a tener que venir a las 3 de la mañana si quiere conseguir un turno”, criticó Florencia Bianchi, trabajadora social del hospital.
Pocos médicos fueron a sus trabajos de civil para visitar a sus pacientes más enfermos, como los oncológicos o a recién operados, y se fueron rápido. “Defendemos el paro, es una causa justa. Necesitamos policías en los hospitales porque se mete cualquiera. Cuando vienen familiares de enfermos a veces se ponen agresivos, también hay pacientes psiquiátricos que son muy difíciles de tratar e incluso hubo ocasiones en las que los médicos recibieron golpes”, insistió Andrea Salcedo, instrumentadora quirúrgica del Alvarez.
FUENTE: www.clarin.com
El libro, publicado por Waldhuter editores, explora a fondo un rasgo contemporáneo: en las democracias actuales, donde los lazos sociales destacan por su debilidad, la violencia es menos una transgresión jurídica que un síntoma.
Crettiez es profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Versailles-Saint-Quentin-en Yvelines, catedrático en el Instituto de Estudios Políticos de París y autor, entre otros volúmenes, de "Violence et nationalisme" y "Du papier a la biométrie".
El investigador pone el acento en la ausencia de instancias reguladores -no represivas- que hagan las veces de operadores de la cohesión social.
La ecuación indica que desde la modernidad, la pérdida de esa instancia, `liberó` a la sociedad de tradiciones y esclavitudes, pero también dejó a la economía la regulación y distribución del conflicto social, siendo ésta una cuestión de política.
Crettiez piensa que la "ideología de la victimización" es una consecuencia -incalculable- de la globalización de la economía de mercado, que universaliza la violencia como equivalente general, transformándola en un producto, una mercancía, un riesgo "que no puede gestionarse".
Para el francés, la anomia es precisamente un efecto, un síntoma del malestar en la cultura; por lo tanto, ingobernable y azaroso: una contingencia para la cual se conocen sólo dos respuestas: la represión o la normativa del control social, la más adecuada para formaciones sociales atomizadas.
La violencia deteriora el potencial de desarrollo de Centroamérica, según el reporte “Crimen y Violencia en Centroamérica”, del Banco Mundial (BM), divulgado esta semana en el Woodrow Wilson Center. El crimen en el istmo reduce el Producto Interno Bruto (PIB) regional hasta en un 8 por ciento, después de deducir los gastos médicos y de seguridad, de acuerdo con el BM.
Los índices de violencia centroamericanos son 40 veces mayores que en otros países con tamaños de población similares. Un ejemplo es España, donde hubo menos de un homicidio diario en 2006 (336 en el año), mientras que en el istmo hubo casi 40 diarios. En consecuencia, la red de salud privada y estatal en la región gasta US$831 millones de dólares al año para tratar a las víctimas.
Guatemala gasta más dinero que sus vecinos centroamericanos: US$289 millones. Sin embargo, El Salvador gasta una cantidad equivalente al 1.99 por ciento de su PIB, el mayor de toda Centroamérica. La mayoría de heridos, y tres de cada cuatro homicidios en El Salvador y Guatemala, son atribuidos a las armas de fuego.
Negocios afectados
El Salvador también se lleva la peor parte del costo de la violencia para el comercio. El BM indica que, según cifras de 2006, los negocios salvadoreños enfrentaron las mayores pérdidas en toda Centroamérica. Sin embargo, toda la región pierde más dinero del que gasta en seguridad privada para sus empresas.
FUENTE: www.impre.com