La falta de empleo y la crisis han ocasionado que se incremente el llamado robo hormiga en los establecimientos comerciales, el cual causa pérdidas económicas hasta de un 5 por ciento al mes, afirmaron líderes del sector comercio y empresariales.

Patricia Araujo de la Torre, presidenta de la Cámara Nacional de Comercio en Victoria informó que una de las principales quejas de los empresarios es el robo a baja escala al que las autoridades no le dan la importancia debida, pero que al dueño del negocio robado le parece una merma considerable.

Añadió que solamente los comerciantes que tienen capacidad financiera instalan equipos sofisticados de seguridad en el interior de sus negocios, e incluso colocan guardias de seguridad privada para evitar este tipo de ilícitos.

Señaló que aun con estas medidas hay muchos casos en que los comerciantes son víctimas de las llamadas falderas, que son personas muy audaces para sacar mercancía sin pagar.

Por ello consideró necesario que por parte de las autoridades se apliquen penas más severas a las personas que son sorprendidas cometiendo este tipo de robos, ya que actualmente la penalidad es mínima y en consecuencia de nada sirve, porque a los pocos días vuelven a seguir con este oficio.

Hasta los sobrecargos tienen su propio grupo criminal: "El Cártel de Galis" (de la palabra "galley", que es el nombre en inglés de la cocineta de los aviones).

Así lo establecen las investigaciones de la Procuraduría General de la República (PGR) sobre una red delictiva que introducía cocaína a España en complicidad con personal de tripulación de Aeroméxico.

En las primeras investigaciones, la Procuraduría ha identificado la participación de un piloto y un sobrecargo que pertenecen a esta estructura, pero no han sido detenidos.

Además, detectaron que en la red también participaban agentes de la Policía Federal.

Cada uno de los integrantes del grupo criminal, que llevaría tres años operando desde la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), recibía como pago por cada cargamento el equivalente en dólares a 600 mil pesos.

Los 445 ex empleados del Registro Nacional de las Personas (Renap) cuyos contratos no les fueron renovados cerraron las oficinas centrales de esa institución y otras sedes regionales, como medida de presión.

Por segundo día consecutivo, miles de personas que desde temprano esperaban a ser atendidas en el Renap —la mayoría, para tramitar actas de nacimiento o inscribir a sus hijos en la escuela—, no pudieron concretar sus solicitudes porque trabajadores y ex empleados de esa institución cerraron las instalaciones.

Sin atención a vecinos

En la sede central, en el edificio Cortijo Reforma, zona 9, los ex empleados obligaron a los guardias de seguridad privada a cerrar las puertas, por lo que el público se quedó sin atención.

Además, bloquearon el paso de vehículos en la 1a. calle, entre 7a. avenida y Avenida de La Reforma, zona 9.

Empleados que poseen contrato permanente con el Renap también se manifestaron, en apoyo a sus ex compañeros, en Quetzaltenango, Suchitepéquez, Quiché y Sacatepéquez, en donde tampoco hubo servicio, porque cerraron las sedes.

Aunque suene increíble y descabellado la ley no obliga a las empresas de seguridad privada a dotar de chalecos antibalas a sus empleados.

Según las investigaciones del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) si el custodio de valores José Luis Vargas Hernández, de 23 años, hubiera utilizado un chaleco antibalas, pudo haber salvado su vida.

Esto porque el disparo le ingresó por su espalda parte del cuerpo que sería cubierta con ese dispositivo en caso de utilizarlo.


FUENTE: www.teletica.com

En la cárcel de Villahermosa fueron recluidos los dos hombres que intentaron asaltar la semana pasada un carro de valores en la Avenida Tercera Norte con Calle 40, donde resultó muerto un guarda de seguridad privada y otro hombre fue herido.

Los procesados son Rulber Fernando Lenis González y Marlon Mauricio Mejía Realpe, quienes fueron detenidos cuando intentaban huir en motocicleta y en un vehículo de servicio público.

El pasado 28 de diciembre varios escoltas de la empresa de valores Interlogística sacaban $190 millones del Banco Agrario de Colombia y en ese momento fueron atacados por los hombres que abrieron fuego, llevándose consigo el dinero en efectivo. En la acción murió el escolta Jamir Erazo Ojeda.

La Fiscalía formuló cargos por los delitos de homicidio agravado, hurto calificado agravado, porte ilegal de armas de fuego y concierto para delinquir. 


FUENTE: www.elpais.com.co