La Fiscalía deriva la destrucción de papeles de la Diputación a Protección de Datos
La fiscal jefe archiva la investigación que abrió tras el cruce de denuncias de Antonio Martínez Caler y María Luisa García Chamorro al no apreciar alcance penal en los hechos y descartar las calumnias
Ha sido la propia fiscal jefe provincial, Ana Tárrago, la que ha decidido dar carpetazo al asunto, tras analizarlo en profundidad y descartar que se hayan cometido delitos de calumnias por parte de la dirigente popular o de infidelidad en la custodia de documentos por parte del ex presidente socialista de la institución provincial. No obstante, como explicó ayer a los medios de comunicación, ha acordado que se remita una copia del expediente a la Agencia Española de Protección de Datos "para que valore si ha habido alguna infracción", debido a la información de carácter personal que contienen los documentos que originaron la investigación.
En total son 80 documentos, 60 de los cuales se corresponden con facturas o justificantes de gasto, y de los que la Diputación de Granada "tiene soporte informático de ellos". Los 20 restantes son escritos "sin interés, sobre postales o recortes sobre publicidad".
Según consta en un extracto de la resolución de la Fiscalía al que ha tenido acceso ese diario, los hechos se remontan al pasado mes de junio, cuando la secretaria de los populares, acompañada del diputado provincial José Antonio Robles, ofrecieron una rueda de prensa en la que manifestaron que "camiones se estaban llevando gran cantidad de documentación de la Diputación para destruirla". Este acto motivó la denuncia de Martínez Caler por posibles calumnias, pues aseguraba que esa afirmación del PP era "radicalmente falsa".
Al día siguiente de denunciar el ex presidente -aunque en aquellas fechas aún lo era-, Chamorro presentó su denuncia, por si la Diputación pudiera haber realizado "determinadas actividades contables" sospechosas y por eso se estaban destruyendo facturas. A estas denuncias se sumó una tercera, formulada por la Asociación Justicia de Pobres contra Martínez Caler por presunta infidelidad en la custodia de documentos públicos.
Las tres denuncias se acumularon en un mismo expediente, del que se encargó personalmente Tárrago, quien ha concluido que no existe delito de calumnias, porque "no se ha imputado a persona determinada un hecho delictivo", es decir, cuando Chamorro y Robles comparecieron no acusaron personalmente a nadie, sino que "se limitan a denunciar unos hechos de los que habían tenido conocimiento". Para la fiscal jefe provincial, "no existe certeza de que actuasen los denunciados -Chamorro y Robles- movidos por un temerario desprecio a la verdad, en la medida en que acudieron a los medios de comunicación y a un organismo oficial competente, como es la Fiscalía, para poner de manifiesto unas irregularidades".
En cuanto al delito de infidelidad en la custodia de documentos, la fiscal lo descarta porque el ex presidente de la Diputación no era el responsable de la custodia de los documentos originales y las fotocopias que aparecieron destruidos. "No se puede imputar en vía penal la acción de destrucción de los documentos por parte del denunciado Antonio Martínez Caler, al no tenerlos a su cargo, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa en que se pueda incurrir, sancionable en otra Jurisdicción".
Junto a ello, y dado que se sospechaba que los papeles pudieron salir de la planta de reciclaje, el decreto de archivo resalta que ha quedado constatado, tras la laboriosa investigación policial, "que el papel que llega a la planta de tratamiento y clasificación de papel que es recogido de la Diputación está únicamente destinado a reciclaje y no a su destrucción, al no estar sujetos esos documentos a un protocolo de custodia y confidencialidad".
La Fiscalía ha constatado que efectivamente se produjeron servicios "adicionales" de recogida de papel de la institución debido a la acumulación del mismo, pero de los datos obtenidos por los investigadores policiales no se puede concluir "la existencia de hechos que revelen una actividad irregular".
Tampoco se ha podido determinar quién o quiénes dejaron en la sede del PP el paquete con los documentos, ni que éstos formen parte de los papeles que se retiraron para su reciclaje. En definitiva, como destacó Tárrago, "no se ha podido determinar que se hayan cometido delitos, ni el autor de los mismos".
El líder de los legisladores del PRD reiteró que la aprobación de esta norma no representó una “moneda de cambio” entre los poderes de la Entidad y abundó:
1. En el punto 122 de la Exposición de Motivos contenida en el dictamen, se hace mención de los alcances y efectos que tiene cambiar el término “servidores públicos” por “personas físicas”; pues en el primer carácter, no sería aplicable a personal de algunas entidades paraestatales y empleados de los partidos políticos, que también son sujetos obligados desde la antigua ley.
2. Para el caso del escozor que está provocando en términos de las sanciones a periodistas por la publicación de filtraciones de documentos reservados. La sanción punible, para ser aplicable, requiere en el tipo penal que la conducta: a) cause un daño irreparable; b) que se carezca de la autorización correspondiente; y, c) que sea de manera dolosa. Esto es, sólo procede a petición de parte y cuando se violen las garantías de secrecía y reserva obligadas.
3. Hasta el día de hoy, nadie ha referido por su nombre a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares; sin embargo, algunas opiniones en el tema, hablan de manera general del famoso “derecho ARCO” contemplado en el artículo 22 de este ordenamiento. Para mayor ilustración, dicho acápite ordena que todo ciudadano tenga derecho al Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (ARCO) de sus propios datos personales. Hipótesis en la que caben los supuestos en: salud, bienes y vida afectiva o familiar, entre otros.
4. En lo referente a criterios para la clasificación de información confidencial o reservada; baste decir que la nueva ley se ajusta a las “Recomendaciones para la identificación de información reservada o confidencial por parte de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal”, emitidas por el IFAI y publicadas en el Diario Oficial de la Federación el martes 1º de abril de 2003.
5. Profundizando en los mecanismos de acceso a la misma, por lo que respecta a los procedimientos o procesos deliberativos (ejemplo: averiguaciones previas, auditorias o aprobación de leyes); aun y cuando se reserva la información hasta la conclusión de los mismos; por otra parte, se amplía el catálogo de sujetos obligados y en el caso concreto del Poder Legislativo, se tendrá que publicar como información fundamental, no sólo ya la agenda diaria de actividades del Congreso como tal, sino la de los propios diputados; que, concatenado a que las reuniones son públicas, maximiza la transparencia y el acceso a la información.
6. En cuanto a la falacia de que el Itei ya no tomará parte en el proceso de clasificación de la información, debe decirse que; además de que conserva sus atribuciones respecto a la ley abrogada (lineamientos); se especifica en el recientemente creado Proceso de Revisión de Clasificación de Información que al final del mismo, el Instituto deberá emitir resolución Incombatible sobre la materia de la litis y el sujeto obligado tiene cinco días para acatar la resolución definitiva y notificar de su cumplimiento.
7. En cuanto a que el Catalogo de Información Reservada “es muy general o genérico”, es de insistir en que una característica esencial de las Leyes por su propia naturaleza, es que están deben ser generales y abstractas, es decir intemporales e impersonales. De este requisito puede dar cuenta cualquier constitucionalista.
8. Por último, por lo que respecta a la intervención que se le otorga al Tribunal Administrativo del Estado (TAE). Éste sólo puede estudiar y revocar las resoluciones del ITEI que tengan como objeto o que contengan en el cuerpo de los resolutivos, imponer sanciones a los particulares y únicamente con el alcance de ratificar o modificar sobre los alcances y que las mismas sean proporcionales.
Aprueban Ley para prevenir que jóvenes sean reclutados por crimen organizado.
La Cámara de Diputados aprobó este jueves tres nuevas leyes que presentó la Comisión de Gobernación que preside el político chihuahuense Javier Corral: La Ley Federal de Archivos, la Ley General de la Previsión Social de la Violencia y la Delincuencia y la Ley Federal de Protección Civil.
"En un hecho inédito en lo que va de la legislatura, hoy la Cámara de Diputados expedirá tres nuevas leyes, se trata de una aprobación legislativa importante gracias al consenso unánime en la Comisión de Gobernación, se entregan tres nuevas leyes sobre materias desreguladas", señaló el legislador chihuahuense.
Al presentar el dictamen de la Ley Federal de Archivos que fue aprobada por unanimidad por 310 votos, Corral Jurado señaló: "con la aprobación de esta Ley se cierra la trilogía jurídica y el ciclo imperativo del derecho a la información: Ley de acceso, Ley de protección de datos personales y la Ley para el resguardo de archivos."
Indicó que esta nueva norma de 56 artículos "tiene como propósito el resguardo y la protección de los archivos administrativos e históricos de nuestro país como la fuente fundamental del acceso a la información pública."
El legislador de Acción Nacional indicó para su aprobación definitiva se aceptaron las modificaciones al dictamen hechas por el Senado, entre las cuales resalta "el señalar al Archivo General de la Nación como un organismo descentralizado de la Secretaría de Gobernación, rector de la archivística nacional y entidad central de consulta del Poder Ejecutivo Federal en la administración de los archivos administrativos e históricos de la Administración Pública Federal."
Respecto a la Ley General de la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, aprobada por el pleno con 291 votos, Javier Corral señaló que con esta se "establecen las bases de coordinación de las políticas públicas en materia de prevención de la delincuencia entre los tres órdenes de gobierno."
Mencionó que la Ley que cuenta con 30 artículos, y que tiene su base en la iniciativa que presentó la diputada Alma Carolina Viggiano Austria (PRI), coincide con la necesidad expresada por distintos actores de la vida pública de México "de mejorar la legislación actual para otorgarle un claro contenido de justicia social pues su pretensión más noble es la de prevenir y alentar la participación y organización social en las políticas de prevención del delito."
Indicó el político juarense que es fundamental "prevenir para evitar que los jóvenes sean reclutados por la delincuencia organizada. Es fundamental darles oportunidades de acceso para su pleno desarrollo."
En la presentación de la nueva Ley General de Protección Civil, Javier Corral señaló: "estamos ante un avance legislativo indiscutible, se trata de una Ley que establece las bases de coordinación en materia de protección civil entre la federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios estableciendo que las políticas públicas de protección civil se ajusten al Plan Nacional de Protección Desarrollo."
Mencionó Corral que entre las principales bondades de esta Ley es que desarrolla las facultades del gobierno federal en materia de protección civil de manera más íntegra y contempla la figura de la Gestión Nacional de Riesgos que tiene como objetivos la identificación, previsión y reconstrucción de lo afectado.
Dijo también que en esta Ley, aprobada por 285 votos, "se incluye un Atlas Nacional de Riesgos necesario y moderno, lo cual es posible gracias a los adelantos tecnológicos de la última década y que facilitará el logro de los objetivos del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc)."
La Comisión de Gobernación, que preside el diputado Javier Corral, recibió el reconocimiento de legisladores de todos los partidos. Jaime Cárdenas (PT), Humberto Benítez Treviño (PRI), Alma Carolina Viggiano Austria (PRI), Nazario Norberto Sánchez, Agustín Torres (PAN), entre otros, se sumaron al reconocimiento y felicitaciones.
De las tres nuevas Leyes, las dos primeras fueron turnadas al Ejecutivo para su promulgación y publicación inmediata en el Diario Oficial de la Federación. Por su parte, la Ley de Protección Civil fue turnada al Senado para su ratificación, se pretende que la Colegisladora la apruebe en los próximos días.
Y es que, según la Ley Federal para la Protección de Datos Personales, vigente desde el pasado mes de julio, el IFAI es el encargado de vigilar el manejo de la información de los ciudadanos almacenada en bases de datos de autoridades y empresas y, en su caso, aplicar sanciones e incluso dar vista a la PGR cuando éstas sean materiales.
De este modo, si alguna persona cree que su información ha sido mal utilizada por tiendas departamentales, universidades y empresas industriales u otras, está en su derecho de reclamar una sanción contra el infractor, explicó Jacqueline Peschard, comisionada presidenta del IFAI.
Sin embargo, en México, la mayoría de los negocios está poco informada sobre las auditorías que, en este rubro, iniciarán a partir del próximo año, aseguró Enrique Hernández, especialista en seguridad, gobierno corporativo y control de empresas.
"Se trate de trabajadores o clientes o de cualquier organismo público o empresa que maneje información de terceros, deberá entregar, a partir de enero, una notificación del tratamiento que le dará a esa información", explicó.
Si las diferentes entidades carecen de mecanismos de control de estos datos al ser auditadas, podrían alcanzar multas que van de 19 mil pesos a 15 millones.
Se filtra la nueva ley de protección de datos: aplicar la Patriot Act en Europa será ilegal
Durante los meses de julio y agosto dos noticias mostraban el poder de la denominada Patriot Act y su influencia sobre los datos de los europeos. Microsoft y Google indicaban al mundo como la ley que se había construido tras el 11-S permitía que los datos de cualquier ciudadano europeo registrados en compañías con sede en el país podrían ser enviadas al gobierno sin nuestro consentimiento ni aviso. Bien, Europa está dispuesta a frenar el poder de la Patriot Act con un proyecto de Ley que se ha filtrado hace unas horas y será anunciado en enero. La nueva directiva de Protección de Datos incluirá todo tipo de medidas contra la obtención de datos secretos en Europa.
Y es que tras más de dos años de investigar el alcance y la amplitud de la Patriot Act, de entre cuyas peculiaridades el gobierno de Estados Unidos puede obtener el acceso a los datos europeos, el nuevo proyecto de ley incluirá medidas para contrarrestar la forma de aplicación de ley norteamericana y su posibilidad de adquirir de manera secreta los datos de los europeos.
Hasta ahora, la esta ley chocaba frontalmente sobre la protección de datos de la UE. Aún así, las organizaciones norteamericanas estarían obligadas a revelar aquello que pidiera el gobierno. The USA Patriot Act no sólo permite este acceso, sino que da cumplimiento de ley a impedir que las empresas revelen a los usuarios la entrega de los datos, una controvertida regulación que se estableció como herramienta para la lucha contra el terrorismo (ahora ciberterrorismo).
En el mes de julio fue Gordon Frazer, director general de Microsoft en el Reino Unido, el que lanzaba la noticia donde explicaba que ninguna empresa podía garantizar los datos europeos si la Ley Patriota se utilizaba sobre una compañía norteamericana. Este hecho sumado a la posterior noticia de Google como compañía que podría haber enviado información bajo mandato de la ley, supuso que el Parlamento europeo comenzará los borradores de la nueva legislación sobre protección de datos. Una legislación que Zdnet muestra en primicia e indica como modificará y reemplazará a las actuales leyes dándose a conocer en enero del 2012.
Serán dos proyectos de instrumento legal elaborados por la Comisión Europea. Antes de que se aprueben, podrán ser comentados y modificados en un proceso legislativo de la UE que puede llevar meses a un máximo de dos o tres años para que se convierta en ley.
Estos dos proyectos de regulación serían aplicables a los 27 estados miembros y significan la primera gran respuesta a la ley que se apica en Estados Unidos, un campo de duras medidas contra cualquier empresa que trabaje en Europa y tenga sede en Estados Unidos (o cualquier otro país fuera de Europa) enfrentándose a duras repercusiones financieras si rompen la nueva legislación. De entre las propuestas se destaca:
- Habrá total armonización entre todas las leyes de ptotección de datos en el futuro.
- La regulación obligará a las empresas con operaciones en los estados miembros a la jurisdicción del sistema legal de los estados incluyendo sus leyes de protección de datos.
- Empresas como Microsoft o Google, procesadoras de datos, que almacenan y gestionan datos a través de sus servicios en la nube, estarán bajo las mismas obligaciones que el resto de empresas.
- Las compañías fuera de Europa (como Estados Unidos) seguirán estando sujetas a la legislación europea si tienen oficinas con sede en Europa o clientes europeos.
- Se requerirá consentimiento expreso de los titulares ante cualquier tratamiento de datos de marketing.
- El conocido como “derecho al olvido” será sancionado en Bruselas, una medida que permitirá a los usuarios eliminar sus datos privados de las empresas.
- Si una empresa sufre una pérdida de datos o violación de los mismos, tanto la autoridad de protección de datos como los individuos deberán ser informados en 24 horas desde el descubrimiento.
- Todas las empresas públicas o de más de 250 empleados deberán tener agentes de protección de datos internos.
Todos y cada uno de los epígrafes significan la respuesta de Europa por proporcionar a los ciudadanos europeos un nivel exigente de control de los datos. A la vez significa para Estados Unidos que invocar la Patriot Act en territorio europeo sería ilegal y por lo tanto empresas como Microsoft y Google o cualquier otra compañía con servicios almacenados en la nube chocarían con la nueva legislación.
Por otra parte aparecen las sanciones. Si alguna de estas reglas se rompiera, las autoridades de los estados miembros sobre la protección de datos impondrían multas que podrían alcanzar un máximo del 5% de la facturación anual en el mundo de la compañía en cuestión