La sección sindical UGT-FSP de la Policía Local de Torrevieja expresó ayer su temor a que el Ayuntamiento de esta ciudad deba afrontar el coste del proyecto Viriato, que consiste en la instalación de radares de tráfico y cámaras de videovigilancia a lo largo del término municipal. La intención del equipo de gobierno (PP) es financiar los 1,7 millones del proyecto a través de la segunda edición del Fondo Estatal de Inversión Local (FEIL).
En este sentido, fuentes sindicales manifestaron que, en caso de que el Estado no acepte el proyecto, será la institución local la que deba sufragarlo. Así, consideraron que ese dinero podría haberse destinado a crear puestos de trabajo. "Creemos que el Ayuntamiento deberá desembolsar los gastos de dicho capricho tecnológico", añadieron.
Asimismo, indicaron que "no se tiene constancia ni se ha puesto en conocimiento de los agentes de la plantilla que exista una herramienta, como se anunció, que detecte vehículos sospechosos circulando". El proyecto Viriato incluye un sistema de detección de coches sospechosos que son seguidos a través de las videocámaras. La ruta es recibida por los agentes de Policía Local de manera que puedan localizar más rápido a los delincuentes. Sin embargo, las fuentes mencionadas opinaron que, antes de planificar el proyecto Viriato, el equipo de gobierno debería haber consultado a la plantilla de la Policía Local.
"Esos 1,7 millones de euros se podrían haber empleado en la mejora de las emisoras y en la implantación de una red óptima en las comunicaciones", manifestaron. Según las mismas fuentes, la plantilla de la Policía Local se las tiene que apañar con dos ordenadores cedidos por otros departamentos del Ayuntamiento. Estas mejoras se habrían acometido "en lugar del lavado de cara" realizado por el Ayuntamiento a las dependencias policiales. Así, UGT deseó que el proyecto de videovigilancia no se convierta en el proyecto "Pifiator".

FUENTE: www.diarioinformacion.com

El nuevo parque Noreste, que se construirá en el polígono Canastell, a espaldas del Hospital de San Vicente, será el primero de la localidad en contar con cámaras de videovigilancia. La nueva zona verde será la mayor de la ciudad, con una superficie de 79.183 metros cuadrados, y contará con pistas deportivas y dos lagunas artificiales.
La alcaldesa, Luisa Pastor, ha firmado un decreto por el que se crea un fichero automático de datos de carácter personal con relación al servicio de videovigilancia que se va a crear en este parque. El Ayuntamiento instalará las cámaras en esta gran zona verde para garantizar la "protección de la seguridad ciudadana y del mobiliario urbano".
La captación de imágenes se realizará "automáticamente, guardándose en distintos discos duros durante el plazo máximo de un mes", momento en el que se borrarán "si no se registra ningún incidente". Las cámaras captarán a las personas que accedan a la zona videovigilada, junto con la fecha y la hora.
El documento señala que no está previsto ceder estas imágenes salvo que estén relacionadas con "infracciones penales o administrativas en cumplimiento de la legislación vigente" y la creación del citado fichero se comunicará a la Agencia de Protección de Datos.
Mientras tanto, las obras de urbanización del parque Noreste o parque Canastell se encuentran muy avanzadas. En principio, estaba previsto que esta zona verde, subvencionada con Fondos Feder de la Unión Europea, finalizaran este mes de marzo. Pero todavía no ha concluido la plantación de los 565 árboles y palmáceas de 23 especies previstos en el proyecto. Y también se debe llevar a cabo la creación de 22.638 metros cuadrados de superficie arbustiva o con césped. En principio, se confía en que el parque esté en condiciones de abrirse al público para finales de la primavera o principios del verano.

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UGT ha denunciado este martes mediante un comunicado que el Ayuntamiento de Madrid está utilizando las cámaras de videovigilancia instaladas en algunas zonas del centro de la capital para poner multas de aparcamiento, una acusación que el Ejecutivo local ha rechazado de forma tajante.

El sindicato ha asegurado que "desde hace algún tiempo se vienen utilizando las cámaras de seguridad de la zona Centro --calle Silva, Barco, Colegiata, plaza de la Luna...-- para dar comunicados sobre estacionamientos indebidos a los agentes de Movilidad, de cara a denunciar y cargar los vehículos con la grúa municipal en los casos que proceda".

"El uso que se hace de estas cámaras es, cuanto menos, irregular, ya que el fin de las mismas no es otro que el velar por la seguridad de los ciudadanos que transitan por el centro, como dejó claro el alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, en su inauguración, al resaltar que la implantación de dichos dispositivos venía motivada porque 'el índice de delitos en la zona todavía se encuentra por encima de la media'", ha recordado UGT.

Por ello, consideran que cuando los agentes de Movilidad multan a algún ciudadano de esta manera "pervierten la seguridad, finalidad legítima de las citadas cámaras, para reconvertirlas en instrumento recaudatorio al servicio del Ayuntamiento y no de sus ciudadanos".

Además, el sindicato ha recordado que "no es la primera vez que se hace un mal uso de las cámaras por parte de sus responsables ya que, con anterioridad, las cámaras destinadas a observar el tráfico en las principales vías de la ciudad se utilizaron para acentuar el control en todo momento de la presencia y movimiento de los agentes de Movilidad situados en esos puntos, como medida de presión en época de negociación colectiva".

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