Los polígonos industriales plantearán un cerramiento.

 

La Asociación de Parques Empresariales de Sevilla mantendrá el próximo martes 8 de noviembre una reunión con el alcalde, Juan Ignacio Zoido en la que pretenden debatir los términos del Plan de Modernización de Polígonos Empresariales. En este sentido, los empresarios plantearán a Zoido, en materia de seguridad, la necesidad de cerrar aquellos polígonos o calles no necesarias por la noche y de la implantación de videovigilancia para ayuda a las rondas de la Policía Local.

Así, piden que se cierren por las noches para evitar problemáticas relacionadas con el fenómeno de la prostitución o la celebración de «botellones» que recurrentemente derivan en altercados en las inmediaciones de locales de ocio nocturno. También piden instalar en los polígonos los centros de formación que precisan zonas necesitadas de transformación social.

En las sedes de la Diputación Provincial de Zaragoza “existen vigilantes sin la preparación ni los permisos adecuados” y un sistema de videovigilancia “controlado por personas que no han sido habilitadas para esa función”.

Lo indica un informe la Secretaría Sectorial de Seguridad de UGT, desde donde también aseguran que el problema se comunicó en su día a la anterior administración. “Nos reunimos con el que era subdelegado del Gobierno en Aragón, Juan José Rubio, para informarle sobre lo que estaba ocurriendo. Se comprometieron a hablar con Javier Lambán y regularizar la situación, pero aún continúa igual”, afirma uno de los encargados de realizar el informe, Antonio López Rueda.

Él asegura que no se ha denunciado la situación “a la espera de que todo se solucione de buena forma”, como sucedió con la Universidad de Zaragoza. “Ellos tenían un funcionario que realizaba tareas de seguridad para las que no estaba preparado y decidieron cambiarlo a otro puesto, y contratar personal calificado”, cuenta López Rueda.

Tres 'mossos' implicados en un accidente trataron de ocultar el vídeo.

 

Tres agentes de los Mossos d'Esquadra implicados en un accidente mortal de tráfico trataron de conseguir antes que nadie las imágenes del suceso, que habían sido captadas por las cámaras de videovigilancia de una empresa cercana. Esa conducta irregular fue revelada ayer, en el juicio contra Luis Murteira, un cabo acusado de imprudencia grave por arrollar a Alberto González, un motorista de 26 años, tras saltarse un semáforo en rojo.

El acusado dijo que instó a sus compañeros a "preservar las imágenes" y la agente femenina admitió que pidió el DVD a un responsable de Indra. Dos agentes de la Guardia Urbana llegaron cuando se estaba entregando el vídeo y advirtieron de que eran ellos quienes debían disponer del material para investigar el caso.

Pese a que los atestados señalan que Murteira cometió la infracción de tráfico, este insistió en que estaba "convencido" de que llegó al cruce entre las calles de Roc Boronat y Tànger, en el 22@ de Barcelona, con el semáforo en verde. El coche patrulla en el que viajaban él y otros dos

Según el fiscal y las acusaciones particulares -que piden tres y cuatro años de prisión, respectivamente- los policías "tenían prisa" porque "llegaban tarde a un juicio" en el que debían declarar como testigos. Y decidieron encender las luces para que los otros coches les dieran paso. El acusado lo negó -"los juicios siempre se celebran con retraso"- pero no pudo dar una explicación coherente sobre las luces: "Yo no las puse. Lo he pensado mucho, pero no sé cómo pasó. Quizá apreté un botón en vez del otro", dijo al juez

Videovigilancia en el punto limpio de Silleda

 

El punto limpio de Silleda contará a partir de hoy con un sistema de videovigilancia. El equipamiento quedará instalado y supondrá la grabación durante las 24 horas. Se trata de cámaras de alta sensibilidad y de visión nocturna a través de sistemas infrarrojos y cuyos campos de visión son la zona de residuos peligrosos y la oficina. Además, otra de las cámaras ofrece una grabación panorámica de todo el recinto. Los datos, que se pueden almacenar 28 días, serán procesados por la Policía Local, que se encargará de realizar el control. En un futuro habrá conexión directa con el departamento policial. Estos trabajos son financiados con cargo a una ayuda de 3.775 euros de ayuda de Medio Ambiente, con los que también se ejecuta una mejora de la iluminación consistente en la instalación de placas solares. En este caso, se colocaron dos paneles fotovoltaicos

La videovigilancia irrumpe en los conflictos vecinales

Unas cámaras de vigilancia estratégicamente instaladas en los espejos retrovisores de un coche la sorprendieron in fraganti. Una joven se sentó ayer en el banquillo del Juzgado de lo Penal 1 de Vigo acusada de rayar el vehículo de una vecina de su edificio con plaza de garaje contigua a la suya. La principal prueba de cargo contra la mujer es la grabación aportada por la dueña del turismo, quien ante los continuos daños en su Renault Clio contrató a una empresa de seguridad para instalar un equipo de videovigilancia y descubrir así al autor de los destrozos.
En Vigo hay antecedentes de juicios por hechos similares en los que también fueron los afectados quienes decidieron aportar grabaciones cuyas imágenes desvelaron al culpable. En el caso de ayer, la acusada es vecina de la dueña del coche. Esta última explicó que era su hija la que usaba el turismo y que instalaron las cámaras ya que "durante años" aparecían periódicamente "golpes y rayazos" en el vehículo. "No sabíamos quién podía ser el autor", declaró.
El sistema de videovigilancia costó 1.200 euros. Una empresa colocó dos cámaras en los espejos retrovisores que permitían grabar los laterales del vehículo cuando estaba estacionado. El 15 de febrero de 2010 una grabación desveló el misterio: en la misma se veía como una joven daba vueltas agachada y rayaba el turismo con una llave. "En el caso del portón derecho, [a la acusada] solo le faltaba saludar a la cámara", afirmó la fiscal, que atribuye a la imputada un delito de daños y, además de multa, pide que indemnice a la perjudicada con 2.500 euros.
La acusada solo admite ser la autora de los daños que se ven en el vídeo –no los de anteriores ocasiones–. Afirmó que actuó así porque estaba cansada de que le rayaran a ella su vehículo. Su abogado pidió la nulidad del proceso al estimar que la grabación no es válida por atentar contra un derecho fundamental: la intimidad. Alega también eximente de trastorno mental transitorio y atenuantes de arrebato u obcecación. Y dice que los daños que se aprecian en el vídeo no superan los 400 euros, por lo que sería falta y no delito.