La delegada municipal de Promoción Empresarial, Esther Molina, subrayó que el proyecto ya ha sido revisado por los técnicos municipales y enviado a la Subdelegación para que recabe los informes preceptivos que acompañarán la solicitud de la autorización. Policía Nacional y Abogacía del Estado son dos de las entidades que tendrán que avalar este proyecto, que será estudiado en la Comisión de Garantías de la Videovigilancia del TSJA, que tiene un mes para responder la solicitud desde el momento en que la recibe. No obstante, será la Delegación del Gobierno en Andalucía la que emita la resolución final.
Molina considera que la instalación de las 105 cámaras previstas en el proyecto, para controlar los trece polígonos de la ciudad, está más que justificada por el índice de criminalidad y el hecho de no ser una zona habitada.
La delegada municipal de Promoción Empresarial recordó que la actividad en estos espacios está condicionada por el horario comercial y fuera de éste «las calles están prácticamente desiertas porque no hay población residiendo allí».
Este elemento influye mucho en el alto índice de criminalidad de estos espacios, en especial contra el mobiliario urbano: «Aunque se producen robos en las naves, lo más habitual es el robo de alcantarillas y cables para vender el material», apuntó Molina. Además, la fuerte presencia de la prostitución también tiene una incidencia en la inseguridad de estas calles.
Esther Molina explicó que este sistema de vigilancia es una vieja reivindicación de los empresarios con empresas en los polígonos, por los habituales problemas de inseguridad que padecen. En este sentido, aseguró que el Ayuntamiento sacará a concurso la ejecución del proyecto «en cuanto recibamos la autorización».
La inversión prevista ronda los 1,65 millones de euros y contempla la instalación de 105 cámaras en todos los polígonos, para controlar 12,5 millones de metros cuadrados de espacio con 6.000 empresas instaladas. El centro de control estaría en el polígono Guadalhorce y quedaría a cargo de la Policía Nacional, tal y como prescribe el reglamento.
Las cámaras tendrían unas características parecidas a las que ya están funcionando en el Centro Histórico, con un diseño antivandálico y visión nocturna, ya que durante la noche y los fines de semana es cuando se producen más problemas. El área de barrido de las cámaras rondará los 300 metros de radio y tendrán la posibilidad de reconocer matrículas.
Este miércoles han comenzado a funcionar dos cámaras de videovigilancia en el barrio de Arenales, en Las Palmas de Gran Canaria. Con la instalación, el Ayuntamiento ha atendido a la demanda de los vecinos que residen en esta zona céntrica de la ciudad donde hay problemas de delincuencia.
Tanto el Cuerpo Nacional de Policía como la Policía Local llevan a cabo, además, una especial atención en cuanto a controles y seguimiento de la actividad que se ejerce en la zona.El funcionamiento de las cámaras es de 24 horas con grabación continua.
El director de Gobierno y Seguridad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Claudio Rivero, asegura que las ya instaladas en el Puerto son muy útiles para detectar infracciones. En la zona Puerto ya existen seis y antes de que acabe el año se instalará una más y otra nueva en Triana con el fin de garantizar la seguridad de estas zonas de ocio nocturno en la ciudad.
Avisados por unos vecinos que veían como se emitía una sospechosa luz azul intermitente desde una caja eléctrica en el aparcamiento de la barriada de Estiradors, miembros del Col·lectiu Albaïna se acercaron para estudiar el caso. La sospechosa caja eléctrica, fijada en la fachada de una vivienda, sin aparentes conexiones eléctricas y delante de una máquina de ORA, conducía a la presencia más que probable de un cámara oculta.
Se desconoce al propietario del aparato, puesto que los propietarios del inmueble en el que se encuentra fijada la cámara aseguran que desconocen el origen y quien la haya podido colocar, y además no cumple las exigencias básicas que regula la Agencia Española de Protección de Datos para la instalación de un aparato de estas características.
La Instrucción 1/2006 de la AEPD marca, como primera exigencia básica, la obligatoriedad de colocar en zonas videovigiladas el distintivo informativo, según modelo oficial, ubicado en un lugar suficientemente visible, tanto en espacios abiertos como cerrados y la obligatoriedad de tener a disposición de los interesados impresos en los que se detalle la información sobre el fichero y su finalidad.
Esta mañana se ha procedido a la comprobación de que era una cámara de videovigilancia oculta y se ha podido observar como el aparato se encuentra conectado a la red de alumbrado público, además de estar conectada al que parece un módem, el cual estaría retransmitiendo las imágenes a un monitor desconocido.
Ante la posibilidad de que se esté cometiendo un delito de violación del derecho a la intimidad, se está tramitando una denuncia en los Juzgados de Palma para que investiguen el caso, dejando como prueba la cámara y el módem.
De este modo, durante el desarrollo de la rueda de prensa se ha procedido a la retirada de la cámara y del módem, el cual traía adjunto una tarjeta de memoria de 2G.
Pasados pocos minutos de la retirada de la cámara han llegado a la zona varios agentes de la Policía Local, junto con el gerente de la empresa pública Sóller 2010. Los agentes de la policía han identificado a todos los presentes, incluidos los periodistas asistentes a la rueda de prensa. Por parte de los agentes se ha propuesto a los miembros de Col·lectiu Albaïna presentes la entrega de la cámara y el módem a la Policía Local. Finalmente, debido a la dependencia del cuerpo de la corporación local, se ha optado por entregar el aparato a los Juzgados de Palma, junto con su respectiva denuncia.
Desde el Col·lectiu Albaïna denuncian que esta situación crea en Sóller un clima de inseguridad, pudiéndose llegar a un statu quo de hipervigilancia y control.
Además, ante la posible existencia de más cámaras ocultas en el municipio de Sóller, como es el caso de la misteriosa cámara que según se publicó se encontraba situada en la calle del alcalde Simarro, animan a los ciudadanos de Sóller a que las localicen y que se pongan en contacto el Col·lectiu Albaïna para proceder a su denuncia.
El presidente de Portos, Juan José Durán, informó ayer a la alcaldesa de Cee, Zaira Rodríguez, en una reunión mantenida en Santiago de Compostela, de que su departamento acaba de realizar la propuesta de adjudicación del sistema de vigilancia en los puertos. Además, le indicó que en el caso de Brens ese contrato podría firmarse en las próximas semanas.
Las instalaciones de Cee, tal como detalló Durán, contarán con tres cámaras fijas y una móvil con un ancho de banda para transmisión de datos de 8 megabits cada una.
Al término del encuentro, Rodríguez informó de que el mayor escollo que había que solventar en este tipo de iniciativas eran las relativas a la ley de protección de datos, pero que «eso ya está solucionado», con lo que cree que las cámaras serán una realidad en breve.
Estos sistemas, concretamente el intento de implantarlos en el casco urbano, le han traído ya muchos quebraderos de cabeza a los responsables municipales con sucesivas denuncias. La última la interpuso el pasado mes de agosto el Movemento Polos Dereitos Civís y el Concello, con Ramón Vigo, al frente recibió ya varias sanciones. Sin embargo, en este caso, según apuntan desde la Xunta, se cumple con todos los preceptos legales y no se prevén problemas.
Mobotix quiere crecer en el ámbito del retail. La empresa alemana, especializada en sistemas de videovigilancia, ha empezado a comercializar la herramienta de análisis de vídeo MxAnalytics, que registra y analiza los movimientos de los clientes en la tienda, además de contar personas y objetos. La compañía, que opera en España desde 2002, explica que el nuevo sistema está pensado para que lo usen tanto pequeños comercios como grandes establecimientos públicos, como museos o aeropuertos.
La herramienta MxAnalytics registra los movimientos de las personas y de los objetos y los muestra a través de un mapa de calor, a través del cual puede verse cuáles son las zonas más frecuentadas del establecimiento. El sistema también permite contar personas en un periodo determinado de tiempo y saber de dónde venian y hacia dónde se dirigían.
Mobotix asegura que la herramienta tiene como fin a utilizar la información para optimizar los procesos y reducir costes en la gestión de la tienda. Por el momento, la empresa ha empezado a introducirlo en centros comerciales.
El grupo, con sede en la localidad alemana de Langmeil, facturó en los nueve primeros meses de 2012 un total de 59,7 millones de euros, un 16% más que en el mismo periodo del año anterior. Entre enero y septiembre, la compañía obtuvo un beneficio neto de 9,1 millones de euros. Para fin de año, las previsiones de Mobotix pasan por frenar el ritmo de crecimiento y lograr aumentar las ventas entre un 3% y un 10%, como consecuencia de la delicada situación de la economía europea.
La empresa, fundada en 1999, se ha especializado en el campo de la videovigilancia. Sus sistemas de vídeo están en embajadas, aeropuertos, estaciones de tren, puertos, gasolineras, hoteles o autopistas y es ahora cuando la empresa empieza a apostar por otros segmentos de mercado, como el uso doméstico o el campo del retail.
En España, Mobotix opera desde 2002. Dos años después, la empresa alemana abrió su oficina en Madrid, desde la que cubre el mercado español y portugués.