Una funcionaria muestra una de las plantas que se vigilan en un secadero antes de limpiarlas para pesar los cogollos y remitir los datos al juzgado

Una fuga accidental de agua en el sistema de riego de una plantación de marihuana, mimada en la clandestinidad de una nave industrial de Gamarra, y el penetrante olor herbal que desprendía pusieron al descubierto, el pasado mes de diciembre, una auténtica jungla de cannabis. Nada menos que 692 plantas, el mayor decomiso de "maría" efectuado por la Policía Local en la ciudad. Y, también, el mayor varapalo al narcotráfico en Álava desde la Nochebuena de 2010, cuando un carguero repleto de flores rellenas con dos toneladas de cocaína cultivada en Colombia tomó pista en Foronda.

¿A dónde va a parar toda esa mercancía? ¿Quién la custodia? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Cuál es su destino final? Obviamente, de aquel arsenal blanco que llegó del cielo ya no queda ni rastro. Se encuentran en un secadero que depende del área de Sanidad de la Subdelegación del Gobierno central en Álava, el departamento que se encarga de pesar, analizar, custodiar y destruir todas las sustancias estupefacientes que se incautan en la provincia.

El cáñamo criado en Gamarra no está solo. Comparte suelo con los frutos de otros cuatro decomisos "verdes". En total, en torno a un millar de plantas. Extendidas sobre una superficie de unos cien metros cuadrados, agotan su fase final de deshidratación. En los próximos días, funcionarios y policías se enfundarán unos guantes de crin para "descogollarlas". Esto es, limpiarlas de tallos, ramas y hojas, y rescatar las bolitas que encierran el tetrahidrocannabinol (THC), el principal constituyente psicoactivo en las plantas del género cannabis, la sustancia ilegal. ¿La razón de tan trabajosa tarea? «Pesar la sustancia fiscalizada, que son los cogollos, y remitir un informe al correspondiente juzgado con el peso neto de la droga», explica la responsable del área de Sanidad, quien prefiere no hacer pública su identidad por razones de seguridad. Con esa información, el fiscal podrá determinar la gravedad del correspondiente delito penal.

En las mismas dependencias donde se seca la marihuana, en un paradero que se mantiene celosamente en secreto, una cámara acorazada de veinte metros cuadrados guarda las pruebas de cuatro meses de incautaciones policiales: 60 kilos de hachís, 10 de menudeo de speed, anfetaminas, heroína o ketamina y 400 gramos de cocaína. Están almacenadas en cajas de cartón, escrupulosamente identificadas por sus correspondientes expedientes y controladas de forma permanente por cámaras de videovigilancia.

La habitación blindada, que dispone también de sensores de movimiento, tiene dos cerraduras. Dos funcionarios de Sanidad se reparten las llaves. «Cada uno poseemos solo una. De esta manera, únicamente podemos acceder al interior los dos a la vez. Una vez dentro, cada uno de nuestros movimientos es seguido en directo por agentes de la Guardia Civil. Las imágenes quedan, además, grabadas», detalla la responsable.

Todos esos estupefacientes han llegado hasta allí después de un largo proceso que comienza en la tercera planta de la sede de la subdelegación del Gobierno central, en la calle Olaguíbel. Allí, los dos funcionarios recepcionan todas las sustancias que las fuerzas y cuerpos de la seguridad del Estado aprehenden en la provincia. Desde el hachís que un agente urbano incauta a un menor a la salida del colegio, hasta alijos decomisados a bandas organizadas de narcotraficantes. Únicamente quedan fueran de su jurisdicción las actuaciones que lleva a cabo la Ertzaintza y que derivan en sanciones administrativas. Es decir, que no son constitutivas de un delito. Desde el verano pasado son asunto exclusivo del Gobierno vasco.

En el último año, las distintas policías efectuaron 1.462 decomisos en 916 actuaciones. De ellas, solo 120 tuvieron consecuencias judiciales. En todas esas operaciones se interceptaron 238 kilos de distintas sustancias. El 80% de ellas, hachís y marihuana.

Control en local de alterne

Esta mañana, dos policías nacionales de paisano han acudido a la subdelegación para hacer entrega a la funcionaria de una bolsita con polvo blanco. La acaban de incautar a una mujer durante un control rutinario de extranjería efectuado en un local de alterne del municipio. Acceden a la sala de pesaje, bloqueada también con doble cerradura y vigilada por cámaras desde el techo. La responsable del área pesa la mercancía en una balanza de extrema precisión y sensibilidad. Tanto, que tiene que estar a salvo de la luz solar y de las corrientes de aire para que no alteren un miligramo el resultado final, esta vez de apenas medio gramo.

A continuación, la funcionaria extrae una mínima cantidad, la pesa y la introduce en una bolsita transparente. Es la muestra que se remitirá a un laboratorio ubicado en Gipuzkoa para su análisis. Allí se determinará la identidad de la sustancia y el corte. Es decir, si la droga ha sido mezclada con algún tipo de producto adulterante, como glucosa, yeso o anestésicos locales. Los agentes no abandonarán la sala ni quitarán ojo al proceso hasta que les hagan entrega del acta de recepción.

La prueba "magenta"

En el caso de que la sustancia que llegue a sus manos sea «vegetal seco» -así es como denominan a la marihuana hasta que un análisis lo certifique-, la primera prueba se hará allí mismo. Para ello, colocan un pequeño papel de filtro sobre otro. En el de arriba pone una muestra "verde" y, mediante una pipeta, vierten unas gotas de ciclohexano, un disolvente. Después retiran la capa de arriba y, sobre la de abajo, añaden polvo revelador. Si la superficie se tiñe de color magenta, como así ocurre, no hay duda. El «vegetal seco» es marihuana. Aun así, el laboratorio guipuzcoano se ocupará de efectuar un segundo análisis y confirmarlo.

El gran alijo de Álava que tutela el Gobierno central a través de la Subdelegación solo tiene un destino certero, su destrucción. Se lleva a cabo en una planta incineradora de residuos urbanos e industriales situada en el Valle de la Zoreda, en Asturias. Hasta allí está previsto que, este mismo mes, se desplace un discreto convoy blindado para proceder a la eliminación de la mercancía almacenada en la cámara acorazada de Álava.

Antes de que la droga emprenda el último viaje, los funcionarios pesarán de nuevo las sustancias y redactarán una especie de albarán. La operación se repetirá a la llegada a las instalaciones asturianas, antes de que las sustancias se introduzcan en un horno crematorio. La incineración será presenciada, mediante un sistemas de cámaras, por funcionarios de la subdelegación, policías y en ocasiones también secretarios judiciales.

Fuente: El Correo

El Partido Popular de Getxo ha denunciado este martes que el sistema de videovigilancia instalado en el polideportivo municipal de Fadura se encuentra inactivo, "a pesar de llevar más de un año completamente instalado y actualizado".

En un comunicado, la portavoz popular en Getxo, Marisa Arrúe, ha indicado que, según les han informado, " desde hace tiempo este sistema de videovigilancia, que permite controlar todas las instalaciones del polideportivo, desde las pistas de tenis cubiertas y descubiertas, las de paddel, la pista de atletismo, el campo de rugby, las piscinas, o las zonas interiores de los edificios, como las salas de estudios, no está aún en funcionamiento a pesar de tener todas la instalación terminada y lista para ser utilizada".

Arrúe ha señalado que, "según parece, lo único que falta para poner en marcha el sistema es la firma del alcalde en uno de los documentos" y, en ese sentido, ha dicho no entender "que se esté demorando esta firma".

Dicho sistema consiste en un conjunto de cámaras que vigilan tanto el interior como el exterior de todas las instalaciones del polideportivo municipal, desde los campos y pistas deportivas a las zonas interiores de los edificios. De esta manera, el vigilante de turno tiene acceso, a través de dos centralitas, a las imágenes de todas las instalaciones en tiempo real.

El PP solicitará en la próxima reunión de la Junta Rectora de Getxo Kirolak su puesta en marcha porque "es absurdo tener todo un sistema de vidovigilancia instalado, y plenamente operativo, desconectado".

Según ha advertido, "lo único que conseguirán es que con el paso tiempo se deteriore y tengamos que actualizarlo o instalar uno nuevo cuando el que tenemos en estos momentos está en perfectas condiciones de uso".

"Debemos velar por la seguridad y la tranquilidad de los usuarios de nuestras instalaciones municipales y que mejor manera que empezando por hacer uso de los sistemas de vigilancia que tenemos", ha concluido.

Fuente: 20minutos

La sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, desestima así el recurso de la sancionada, que instaló cuatro cámaras en la casa de su madre, situada en San Felices de Buelna, para proteger la vivienda, habitualmente deshabitada, tras daños intencionados producidos en la misma y amenazas a sus titulares, hechos que fueron denunciados ante la Guardia Civil.

Según consta en la sentencia, cuando los servicios de inspección de la AEDP realizaron una inspección a la vivienda a finales de octubre del año 2010, existían procedimientos judiciales motivados pro la titularidad de los terrenos que rodean a la casa.

Fue el Ayuntamiento de San Felices de Buelna el que, en marzo de 2010, remitió un escrito a la Agencia Española de Protección de Datos (AEDP) sobre una posible infracción por la existencia de videocámaras, una de las cuales, escondida entre unas piedras, enfocaba a un lugar público en el que hay acceso a viviendas y una carretera por la que transitan vecinos.

En el año 2011, la Agencia Española de Protección de Datos impuso a la recurrente una multa de 2.000 euros por vulneración grave de la ley de Protección de Datos de Carácter Personal.

Y ello porque, aunque la expedientada instaló un cartel informativo de zona de videovigilancia en la fachada de la casa donde estaban instaladas las cámaras, ello no le autoriza a captar y grabar imágenes en la vía pública más allá de lo que resulte "idóneo, adecuado y proporcional", ya que en dicho espacio sólo están legitimadas para captar imágenes las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Al respecto, la sentencia señala que salvo una de las cámaras que capta el jardín trasero de la casa, el resto toman imágenes de los viales públicos que rodean el inmueble "de manera desproporcionada" para el fin requerido, y permite la identificación de cualquier persona que transite o circule por la vía pública.

Por ello, la sentencia considera que las cámaras instaladas por la recurrente captan imágenes de carácter general que no son imprescindibles para conseguir la finalidad de vigilancia buscada con su instalación, y vulneran el principio de proporcionalidad exigido por la normativa de protección de datos.

Fuente: iustel

Axis Communications, introduce al mercado local cámaras de red térmicas que crean imágenes basadas en el calor que emiten todos los objetos, vehículos o personas, con su serie AXIS Q19.

Con esta nueva tecnología las cámaras pueden operar a través de una oscuridad total y ofrecer imágenes que permiten a los operadores detectar y actuar frente a actividades sospechosas, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, sin importar las condiciones lumínicas.

Por sus características, estos equipos no requieren fuentes luminosas adicionales ya sean convencionales o infrarrojas, que consumen energía y generan sombras que ponen en manifiesto el lugar en que están instalados. De esta manera, los delincuentes no pueden percatarse de la ubicación estratégica de las cámaras lo que permite registrar todo el perímetro.

“Un sistema de videovigilancia eficaz depende de la detección e identificación precisas de objetos, personas o situaciones, para poder tomar las medidas adecuadas. Sin embargo, las cámaras de videovigilancia convencionales enfrentan dificultades para captar imágenes útiles en condiciones de oscuridad total o en condiciones difíciles, como humo o niebla. Con la tecnología térmica de la serie AXIS Q19, estos incidentes pueden ser detectados de forma rápida, segura y nítida, permitiendo alcanzar un 100% de capacidad de vigilancia”, afirma Juan Pablo Tavil, gerente Regional de Ventas para Sudamérica de Axis Communications.

Fácil instalación y elementos inteligentes

Las cámaras de red térmicas de Axis Communications se instalan de forma rápida y sencilla. Son adaptables a la infraestructura IP existente y, por lo tanto, no necesita nuevos cables.

Los modelos preparados para exteriores resisten condiciones meteorológicas adversas y están listos para instalarse directamente. Además funcionan con Alimentación a través de Ethernet, lo que permite suministrar energía a través de la red, eliminando así la necesidad de cables adicionales y reduciendo los costos de instalación.

Con su gran capacidad de procesamiento, estos equipos ofrecen posibilidades de vídeo inteligente, como la detección de movimiento por vídeo y detección de intentos de manipulación de la cámara, como bloqueos o redireccionamiento de las cámaras.

Asimismo, admiten el registro de audio bidireccional, lo que permite a los operadores registrar el ruido y las conversaciones dentro del entorno de vigilancia, e incluso poder comunicarse directamente con los intrusos.

Amplia gama para cada necesidad

Las cámaras de la serie AXIS Q19 están diseñadas para cubrir las necesidades tanto en interiores como en exteriores:

- Es así que podemos encontrar los modelos AXIS Q1910, AXIS Q1921 y AXIS Q1922; ideales para entornos internos, cuentan con el registro de imágenes en HDTV y múltiples secuencias de vídeo configurables individualmente compresión H.264 y Motion JPEG. Cada cámara tiene características de resolución diferentes de acuerdo a las necesidades de cada proyecto de seguridad.

- Mientras que para exteriores, los equipos AXIS Q1910-E, AXIS Q1921-E y AXIS Q1922-E, están preparados para resistir las inclemencias y cambios climáticos e incluso soportar la  lluvia y la niebla.

Fuente: agenciaorbita