Ceuta:CNP trata de ordenar la videovigilancia ante la proliferación de infracciones
Las sanciones tipificadas como muy graves oscilan entre los 30.000 y 600.000 euros, según la Ley de Seguridad Privada.
La intención que tienen los polígonos del Tarajal de instalar un sistema de videocámaras en sus calles ha generado un debate en el sector de la vigilancia a propósito del cumplimiento de la Ley de Seguridad Privada 05/2014 en la ciudad.
El departamento de Seguridad Privada de la Policía Nacional (CNP) intenta poner freno a la falta de autorizaciones para su montaje ya que, según fuentes del sector, ha detectado una presencia significativa de estos sistemas que contraviene la legislación no sólo de aplicación a las empresas de seguridad, sino también al usuario, es decir, a la persona física o jurídica que contrata estos servicios de seguridad privada.
Este Cuerpo ha registrado en el ámbito exterior la presencia de cámaras, tanto en viviendas como negocios, que vulneran la normativa. Los incumplimientos de los que alerta el sector, en base al artículo 42 de esta Ley, se cometen al tomar imágenes y sonidos de espacios públicos, con la excepción de los supuestos como el de las denominadas ‘infraestructuras críticas’, aquellas cuya interrupción tendría un impacto mayor en el funcionamiento de las instituciones como puede ser el caso de cuarteles y comisarías.
Sin embargo, en cualquier caso requieren del permiso expreso del órgano competente. La Administración General del Estado, a través del Ministerio del Interior y, en el caso de Ceuta, la Delegación del Gobierno, es la encargada de la autorización o recepción de la declaración responsable, inspección y sanción de las empresas de seguridad privada. Asimismo, también corresponde al Gobierno de la Plaza de los Reyes la determinación reglamentaria de las características técnicas de homologación que resulten exigibles a los productos, sistemas, dispositivos, equipos, medios y servicios de seguridad privada como son las cámaras de vigilancia. Dentro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el CNP es el encargado del control de las empresas, entidades y servicios privados de seguridad así como de los medios y actuaciones.
Al margen de los citados planes de inspección, cuando este Cuerpo recibe denuncias sobre irregularidades cometidas en el ámbito de la seguridad privada procedan a la comprobación de los hechos denunciados y, en su caso, a instar la incoación del correspondiente procedimiento sancionador. Sin menoscabo de aquellas medidas cautelares que la autoridad pueda considerar oportunas.
Fuentes del sector de la vigilancia valoran que los infractores “se toman a la ligera” la instalación sin permisos pero, advierten, “lleva asociada sanciones de importancia que pueden llegar a arruinar a un negocio”. Constituyen infracciones muy graves la prestación de servicios de seguridad privada a terceros careciendo de autorización; la instalación o utilización de medios técnicos no homologados; y la contratación o utilización, a sabiendas, de los servicios de empresas de seguridad carentes de los permisos correspondientes, entre otras. Las sanciones a las empresas que desarrollen actividades de seguridad privada, por la comisión de transgresiones muy graves de la normativa, oscilan entre los 30.001 y 600.000 euros además de las posibles suspensiones de actividad.
Mientras que en el caso de los usuarios, dentro de la misma categoría, van de 20.001 a 100.000 euros. Además, es de obligado cumplimiento la Ley de Protección de Datos y la señalización de las cámaras.
Un “tirón de orejas” a quienes ahorran saltándose la Ley
Fuentes del sector de la vigilancia privada apelaron a la “concienciación” de las empresas ceutíes ya que los sistemas de seguridad tienen que estar homologados así como las empresas contar con las licencias pertinentes, un “tirón de orejas” a todas las mercantiles que se dedican a su instalación sin autorización.
“La seguridad conlleva un pago por el mantenimiento como marca la Ley y, todo aquel que intente ahorrar saltándosela, incurre en un fraude”, advirtieron las mismas voces autorizadas. Asimismo, recordaron la obligación de estar inscritas en el Registro Nacional de Seguridad Privada y tener el libro-registro...LEER NOTICIA COMPLETA
Granada:El Ayuntamiento licitará el servicio de videovigilancia en el Albaicín por unos 120.000 euros
La iniciativa ideada incluye unas cámaras con sensores que sólo graban cuando cambia la textura de un monumento o hay movimientos extraños, un sistema que no afectaría al derecho a la intimidad del ciudadano
El Ayuntamiento de Granada espera la documentación oficial para poder licitar el servicio de videovigilancia en el Albaicín que aprobó el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que recibirán en un plazo máximo de dos meses, para adjudicarlo por alrededor de 120.000 euros.
A mediados de este mes, la Comisión de Garantías de la Videovigilancia del alto tribunal informó favorablemente el proyecto ideado por el Consistorio para proteger el patrimonio del Albaicín, barrio declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, y combatir así actos vandálicos y pintadas.
La iniciativa ideada por Ayuntamiento de Granada incluye unas cámaras con sensores que solo graban cuando cambia la textura de un monumento o hay movimientos extraños, un sistema que no afectaría al derecho a la intimidad del ciudadano.
La concejal de Comercio y Ocupación de la Vía Pública, María Francés, ha detallado a Efe que el Ayuntamiento espera el acta oficial del dictamen del TSJA, una certificación que se completará en un plazo máximo de dos meses y que, según ha detallado el alto tribunal, depende de la diligencia de la Delegación del Gobierno en Andalucía.
Francés ha señalado que en cuanto puedan iniciar el proceso, que seguirá las pautas marcadas por la Comisión, publicarán el concurso para adjudicar el servicio de videovigilancia que costará entre 120.000 y 150.000 euros.
El proyecto diseñado por el Ayuntamiento incluye instalar cámaras en cinco puntos del barrio para compaginar el cuidado de los monumentos, el derecho a la intimidad de los ciudadanos y la ley de Protección de Datos.
El expediente que recibió el visto bueno del TSJA describe la colocación de seis cámaras en el barrio histórico que grabarían las puertas de Las Pesas, del siglo XII, Monaita y Elvira, ambas del XI, el Aljibe del Zenete (siglo XVI) y el entorno del Palacio de Dar Al-Horra, que fue casa de la madre de Boabdil y que por sus dimensiones incluiría dos cámaras.
El pleno del Ayuntamiento de Granada aprobó en septiembre del año pasado una moción para combatir las pintadas en el patrimonio de la ciudad por el reducido número de sanciones, con 14 personas identificadas en 2015 y 16 denuncias judiciales o administrativas, y suma el proyecto de videovigilancia como herramienta para cuidar la ciudad, especialmente el protegido Albaicín....LEER NOTICIA COMPLETA
Ceuta:El CNP inicia un procedimiento contra un empresario por poner videovigilancia en los polígonos
La Jefatura Superior interrumpe la instalación de las cámaras que estaban siendo ubicadas en las calles del recinto.
La Delegación del Gobierno confirmó ayer que la Policía Nacional ha abierto un procedimiento contra la instalación de cámaras de videovigilancia en los polígonos del Tarajal. A pesar de la prudencia que rodea este caso, la Jefatura Superior ha adoptado como medida cautelar la suspensión del establecimiento de este sistema en el recinto que alberga los almacenes, tal y como informó la representación de la Administración General del Estado en la ciudad autónoma.
El Cuerpo Nacional inició este procedimiento porque el comerciante que contrató a la empresa encargada del montaje lo hizo, presuntamente, sin cumplir los requisitos establecidos en la normativa vigente. Este periódico intentó contactar con la Comunidad de Propietarios de los Polígonos del Tarajal sin éxito.
La captación de imágenes con fines de vigilancia es una práctica extendida, según recoge el Ministerio de Justicia en un informe sobre la videovigilancia y sus implicaciones jurídicas.
Estos mecanismos generalmente persiguen garantizar la seguridad de los bienes y las personas o se utiliza en entornos empresariales con la finalidad de verificar el cumplimiento por el trabajador de sus obligaciones y deberes laborales. Ambas finalidades constituyen bienes valiosos dignos de protección jurídica, pero sometidos al cumplimiento de ciertas condiciones. La utilización de medios técnicos para la vigilancia repercute sobre los derechos de las personas lo cual obliga a fijar garantías.
La aplicación de la legislación a estos sistemas plantea cierto grado de dificultad en todos los ámbitos, como reconoce la cartera que ocupa en funciones Rafael Catalá.
Por una parte, el responsable debe ser capaz de identificar si el uso que hace de las videocámaras se encuentra sujeto a la ley. Por otra, resulta complejo informar al titular de los datos y hacerlo con criterios homogéneos, comprensibles y fácilmente identificables.
En los polígonos del Tarajal, los intereses empresariales rivalizan con el mantenimiento de la seguridad nacional ya que el paso de mercancías está enclavado en el perímetro fronterizo.
Delegación remite a las leyes de Seguridad Privada, Seguridad Ciudadana y Protección de Datos
La Delegación del Gobierno en la ciudad autónoma, consultada por la infracción en la que, al menos, un comerciante supuestamente habría incurrido con la instalación del sistema de videovigilancia...LEER NOTICIA COMPLETA.
VIDEO VIGILANCIA CON DRONES
Diid lanza un sistema de videovigilancia con drones
La empresa cántabra de seguridad Diid ha lanzado al mercado Xecury Drone, una solución de videovigilancia aérea de grandes superficies en tiempo real a través de un dron, un vehículo aéreo no tripulado.
La presentación ha tenido lugar en el Salón Internacional de la Seguridad de Madrid (Sicur), de la mano de uno de los responsables del producto, Egoitz Aguirre, quien ha señalado que se trata de un “revolucionario sistema de protección de instalaciones” que responde a la “necesidad de dotar a las grandes áreas de un sistema de seguridad fiable, eficaz y en alta definición”.
Esta solución de videovigilancia está basada en un dron dotado con cámaras de vigilancia con sensores de movimiento inalámbricos conectados a la red WiFi que permiten la detección y notificación de la presencia de intrusos en un determinado área.
Además, Xecury Drone posibilita el control integral del sistema desde un dispositivo móvil, con la capacidad de programar múltiples variables, desde la ruta hasta la altura o el tiempo de espera en cada uno de los puntos del camino.
Asimismo, su conexión con un Circuito Cerrado de Televisión Dinámico permite la visualización de imágenes en directo desde todo tipo de soportes.
Con sede en Cartes, Diid es una empresa que provee de material a instaladores de sistemas de seguridad...LEER NOTICIA COMPLETA.
De residentes y trabajadores
1.035 vehículos podrán circular por el casco histórico de Cáceres
1.035 vehículos, de residentes y trabajadores, cuentan con la autorización para circular por el casco histórico de Cáceres, en el que a partir de esta medianoche entrará en funcionamiento el sistema de videovigilancia que controlará el tráfico rodado en la parte antigua.
Los conductores de vehículos que circulen por esta zona sin autorización se enfrentarán a sanciones que van desde los 100 hasta los 500 euros, y hasta cuatro puntos del permiso de conducción.
En concreto, y hasta la fecha, 262 usuarios han solicitado el acceso al casco histórico para 435 vehículos y se ha autorizado además la circulación de otros 600 vehículos.
Según el portavoz municipal, Rafael Mateos, el elevado número corresponde a vehículos de la policía, ambulancias y bomberos, así como a instituciones públicas (como la Diputación de Cáceres) o empresas privadas (como la sede administrativa de Liberbank en el Palacio de Mayoralgo), así como a camiones de carga y descarga.
El también concejal de Seguridad Ciudadana ha pedido hoy "comprensión" ante la puesta en funcionamiento del nuevo sistema, que lleva en pruebas durante meses, aunque ha lanzado un mensaje de "tranquilidad" porque "está todo previsto" y el sistema funciona "correctamente".
Mateos ha subrayado que "en ningún caso" el ayuntamiento tiene "afán lucrativo" con este sistema y ha recordado que durante los primeros días habrá un dispositivo policial encargado de informar a los usuarios de que ya no pueden acceder al recinto intramuros si no son residentes y/o trabajadores, y no tienen autorización.
En concreto, los agentes se colocarán en la zona de la plaza de Las Claras y en la calle General Ezponda, los dos puntos que "más se utilizan para acceder al casco antiguo", ha precisado Mateos.
Por otro lado, las cámaras que controlarán el acceso a la peatonalizada calle San Pedro de Alcántara de la ciudad comenzarán a funcionar el próximo 1 de marzo.
En este caso, se han resuelto favorablemente ya 68 peticiones de residentes que necesitan acceder a los garajes, aunque no se ha facilitado el número de vehículos, y hay 42 expedientes en tramitación...LEER NOTICIA COMPLETA.