Los mandos militares asumen que la piratería va a ser un fenómeno delictivo de larga duración porque hay muchos grupos interesados en su pervivencia: piratas, intermediarios, aseguradoras, compañías de seguridad o señores de la guerra. Sobre esta base consideran que la solución no sólo debe ser militar, sino que requiere una respuesta integral en tierra.
La operación Atalanta y la seguridad privada en los atuneros ha evitado nuevos alakranas, pero no ha disuadido a los grupos piratas de seguir con su actividad criminal. Sólo desde marzo la Armada ha notificado siete incidentes con piratas.
Un reciente informe del Instituto Elcano señalaba que, a corto plazo, no se temía que los escarceos entre los grupos piratas y las fuerzas navales derivaran en un enfrentamiento armado. Pero existe el temor a una escalada de la violencia.
FUENTE: www.diariodeleon.es
Un tribunal de apelación estadounidense ha determinado este viernes que el juez federal que sobreseyó la causa contra cinco guardias de la empresa de seguridad privada estadounidense Blackwater Worldwide acusados de haber matado a catorce civiles en 2007 se equivocó, de manera que se restablecen los cargos en su contra.
Los tres magistrados del tribunal han tomado esta decisión por unanimidad y han remitido el caso otra vez al juez para que continúen los procedimientos. El recurso había sido presentado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Los cinco guardias estaban acusados de catorce delitos de homicidio, 20 de intento de homicidio y uno de violación de las normas sobre armas en relación con un tiroteo ocurrido en Bagdad en 2007 que provocó un deterioro de las relaciones entre Estados Unidos e Irak.
El tiroteo se produjo el 16 de septiembre de 2007 cuando los guardias de Blackwater escoltaban un convoy de cuatro camiones en los que viajaban diplomáticos estadounidenses. Los guardias, veteranos del Ejército estadounidense, estaban respondiendo a un atentado con coche bomba cuando se produjo un tiroteo en una intersección llena de gente.
El juez de Distrito Ricardo Urbina afirmó en su fallo de diciembre de 2009 que los fiscales vulneraron los derechos constitucionales de los acusados y que el caso estaba contaminado porque se habían usado las declaraciones que hicieron los guardias ante investigadores del Departamento de Estado después de ser amenazados con perder sus puestos de trabajo.
Impotentes, desprotegidos, abandonados y desesperados. Así es como se sienten los agricultores del Campo de Cartagena ante los continuos robos que sufren, casi a diario, en fincas, naves agrícolas y casetas de riego, algo que para ellos ya se ha convertido en cotidiano, por desgracia. El último de los asaltos lo sufrió, en la madrugada de ayer, José Roca, un agricultor de Pozo Estrecho. Eran las ocho de la mañana cuando llegó a su propiedad y vio que por segunda vez en menos de dos semanas le habían vuelto robar otro grupo electrógeno.
Los ladrones lo tenían todo planeado y sabían perfectamente lo que querían. De una finca cercana a la de José Roca robaron un tractor de una nave, que abrieron forzando la cerradura. Con el vehículo se trasladaron a la propiedad de ese agricultor y engancharon el remolque en el que estaba cargado el grupo electrógeno (de 2.500 kilos), y se lo llevaron.
A unos cinco kilómetros, ya en la pedanía de El Jimenado, en Torre Pacheco, los cacos pararon en medio de una finca de almendros y desguazaron el motor, dejando allí el tractor, el remolque y restos de chapas del grupo electrógeno. José Roca cree que los ladrones tuvieron que utilizar otro vehículo para llevarse los restos extraídos del motor, que dice venderán en los próximos días en desguace de la comarca, al igual que hacen con los aperos de labranza, vallas de fincas y materiales de riego, que a diario desvalijan en el campo.
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Agentes de la Guardia Civil y efectivos de seguridad privada se movilizan este fin de semana para proteger el aeropuerto de una amenaza incierta. La convocatoria de un fiesta «rave» a través de una red social, a la que se adhirieron más de 21.000 personas, ha obligado a desplegar un dispositivo de salvaguardia en torno a la infraestructura. Nadie es capaz de precisar cuánta gente acudirá entre hoy y mañana al aeropuerto. Las autoridades ya han advertido de que no se permitirá el paso.
Lo que empezó como una broma en internet se ha convertido en una seria preocupación para los responsables del aeropuerto de Castelló, que han pedido a la Subdelegación del Gobierno que actúe. Fuentes gubernamentales confirmaron ayer a este diario que se han previsto «efectivos suficientes para garantizar la seguridad de los bienes y personas». También para preservar y controlar las dos vías de acceso a las instalaciones: la autovía CV-10 y la carretera CV-13.Las mismas fuentes subrayaron que no ha habido ninguna solicitud oficial para celebrar ningún tipo de evento y que el aeropuerto está cerrado al público.
La seguridad se multiplica por 15
Aerocas también prevé un notable incremento de la seguridad privada en el recito. El director general de la sociedad, Juan García Salas, aseguró que la cifra de efectivos «se ha multiplicado por 15 para garantizar que nadie penetra dentro el perímetro de 12,5 kilómetros del aeropuerto». García Salas destacó el despliegue que realizará la Guardia Civil para evitar que se ocasionen daños. «Han preparado una acción de protección importante, tanto en el aeropuerto como en las carreteras de acceso. Espero que no pase nada», apostilló. El director de Aerocas subrayó que los riesgos no se limitan al aeropuerto, ya que organizar una fiesta o acampar en la pinada cercana entraña peligro de incendio.
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