El Gobierno y el PSOE tienen más que asumido que el 20 de noviembre sufrirán una histórica derrota electoral, que dejará al partido en una situación muy delicada. Por ello, están dedicando los últimos meses en el poder a recolocar y blindar a cuantos más cargos mejor. Secretarios de Estado, jefes de Gabinete, directores y subdirectores generales... todos esos puestos serán renovados tras las elecciones generales y, previsiblemente, será el Partido Popular el encargado de decidir quién ocupa esos cargos de responsabilidad. De manera que, antes de que se queden en la calle, el Gobierno está buscando acomodo a los suyos desde hace meses y lo está haciendo con poco disimulo.
El último recolocamiento fue el de Luis Díez Martín, jefe de Gabinete de la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Elena Salgado, hasta hace poco más de un mes. A mediados de septiembre, el Ejecutivo decidió proponer a Díez –que también había sido jefe de Gabinete de Pedro Solbes de 2004 a 2009– como consejero de la Comisión Nacional de la Competencia, cargo que está blindado y en el que permanecerá los próximos seis años, con independencia de quién gobierne España.
Otro organismo regulador, la Comisión Nacional de la Energía, ha sido uno de los preferidos por los socialistas para recolocar a sus altos cargos. El PSOE pactó con el PNV y CiU la renovación de los miembros del Consejo, cuyo mandato expiró en julio. Cinco vacantes fueron ocupadas por personas propuestas por los socialistas –que eligieron a una subdirectora general del Ministerio de Industria, Mª Teresa Baquedano, y a Joan Batalla, muy vinculado al PSC–, mientras las dos restantes las eligieron los nacionalistas vascos –que colocaron a la ex vicelehendakari Idoia Zenarrutzabeitia– y catalanes –que nombraron a su ex diputado en el Congreso Josep Mª Guinart–. Como presidente del órgano regulador fue nombrado el hasta entonces presidente de Correos, Alberto Lafuente, quien ya había ocupado puestos de gran responsabilidad en los Gobiernos de Felipe González. Su relevo en Correos se lo dio Ángel Agudo, ex consejero de Economía de Cantabria, convertido en mero diputado autonómico tras la victoria del PP en la región en las elecciones del 22 de mayo.
Por su parte, José Luis Rodríguez Álvarez, jefe de Gabinete de Francisco Caamaño desde su designación como ministro de Justicia en febrero de 2009, fue nombrado director de la Agencia Española de Protección de Datos el pasado mes de junio, en vista de lo difícil que sería seguir en el Ministerio después de las generales del 20-N.
También antes del verano, el Ejecutivo buscó acomodo a dos de sus secretarios de Estado. El de Telecomunicaciones, Bernardo Lorenzo, fue designado en abril presidente del Comité del Mercado de las Telecomunicaciones, cargo también blindado por seis años, tal y como establece la Ley de Economía Sostenible aprobada esta misma legislatura. Por su parte, el entonces secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, fue el elegido para relevar a Victorio Valle al frente de la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas), en otra controvertida decisión, puesto que Ocaña había sido protagonista en el proceso de recapitalización de las cajas emprendido por el Ejecutivo de Zapatero.
Los favores del Gobierno a socialistas en apuros alcanzaron también a Mª Luisa Araújo, vicepresidenta de Castilla-La Mancha y consejera de Economía y Hacienda de la región hasta que el PP de Mª Dolores de Cospedal desbancó a los socialistas del poder tras los comicios autonómicos. En julio, Araújo fue nombrada secretaria general de Turespaña, institución que depende directamente del Ministerio de Industria.
En la lista de recolocados podría incluirse también a la ex ministra de Igualdad, Bibiana Aído, a quien el Gobierno consiguió un puesto en la ONU como asesora de la directora de Mujeres. Y en la Unión Europea logró el Ejecutivo situar al secretario general de Presidencia del Gobierno. Bernardino León fue designado enviado especial de la UE para el Mediterráneo Sur el pasado mes de julio.
FUENTE: www.intereconomia.com