Los beneficios del uso de las redes sociales, comoFacebook, Twitter o LinkedIn, entre otras, son muchas, pero, ¿son seguras las redes sociales? Este artículo desvela las claves a tener en cuenta a la hora de navegar en las redes sociales. 

Actualmente existen más de mil millones de usuarios de redes sociales en todo el mundo. En los últimos años, el número de internautas ha ido creciendo de modo que la pertenencia a una red social es casi algo común para todos los usuarios de Internet. 

Sin embargo, y a pesar de los muchos beneficios que permiten las redes sociales, también están cambiando la forma en la que interactúan muchos individuos, y poniendo en evidencia la necesidad de prestar mayor atención a los riesgos a los que están expuestos. 

Como señala en un informe publicado recientemente Mónica Arenas, del departamento legal de Alcatraz Solutions, y experta en protección de datos y redes sociales, las redes sociales son importantes canales de comunicación e interacción pero, ante la gran cantidad de información personal que los usuarios exponen en estas redes (y no sólo concerniente a su privacidad, sino también a la de sus conocidos), se hace necesario prestar atención a la protección de la misma. Esto pone de manifiesto que el binomio tecnología y privacidad del usuario debe saber combinarse con efectividad. Y es que, como se apunta en este estudio, “no podemos prescindir de nuestra privacidad como consecuencia de la implantación de nuevas tecnologías y de los cambios sociales y, mucho menos, por tener a cambio más dinero, más fama o más amigos”. En este sentido, y aunque seamos conscientes de la necesidad de tener protegidos nuestros datos, según los datos de la Memoria de 2009 de la AEPD (Agencia Española de Protección de Datos), un 56,6% de los ciudadanos cree que la protección de sus datos en Internet es baja o muy baja.

FUENTE: www.csospain.es

¿Está Google sometida al derecho español? ¿Puede la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) reclamarle el borrado de información personal? La actividad de la compañía estadounidense -localizar páginas web e indexarlas para ofrecerlas a cada usuario en sus búsquedas- ¿supone en realidad el tratamiento de esos datos? La Audiencia Nacional quiere plantear los principales interrogantes del caso Google al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con sede en Luxemburgo. El pleito enfrenta al buscador con la AEPD por más de 80 reclamaciones de esta última para que elimine los datos de particulares que consideran vulnerado su derecho a la intimidad.

Los temas que los magistrados españoles pretenden plantear al tribunal europeo coinciden, en esencia, con las alegaciones de Javier Aparicio, el abogado de Google. Durante su exposición ante la Audiencia, el pasado 19 de enero, argumentó que ni la AEPD ni los tribunales españoles eran competentes para sancionar al buscador. El abogado aseguró que Google Spain, la empresa contra la que se dirige la agencia española, es un mero "colocador" de publicidad, que no se ocupa de almacenar las páginas web a las que enlaza el buscador. Esa tarea, según Aparicio, corresponde a Google Inc., una empresa situada en Estados Unidos, que no tiene filiales en otros países y que solo está sometida al derecho de California.

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Sólo el 20 por ciento de los ayuntamientos de la provincia de A Coruña cumplen todas las prescripciones de la Ley de Protección de Datos, por lo que la Diputación anuncia que reforzará los cursos sobre esta materia en su Plan de Formación de 2011.

El servicio de Asistencia a Municipios de la Diputación de A Coruña acaba de hacer público el estudio "La protección de datos de carácter personal en los ayuntamiento de la provincia de A Coruña", que ha sido realizado por un equipo multidisciplinar de la Universidad de A Coruña con objeto de identificar los puntos fuertes y debilidades en esta materia.

Se trata de un estudio "pionero a nivel autonómico y nacional", algunos de cuyos resultados reflejan que, a pesar de no ser obligatorio, el 26 por ciento de los ayuntamientos disponen de una ficha o de un inventario interno actualizado de los ficheros con datos de carácter personal que maneja, tanto en soporte informático como no informático.

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«Ni soy, ni he sido nunca cliente de Vodafone». Con esta contundente respuesta contestó J.A.M., un ingeniero técnico bilbaíno jubilado de 76 años, a una carta que recibió en octubre de 2009 en la que se le reclamaba una deuda de 546,57 euros con una compañía telefónica. En menos de un mes, el hombre consiguió que Vodafone España reconociera que se trataba de un error, pero «soy muy peleón», y lo denunció ante la Agencia de Protección de Datos, que inició el pasado mes de enero un procedimiento sancionador contra Seinco, una empresa de intermediación financiera y cobros que se encarga de perseguir a morosos. La multa, que aún tardará en fijarse, puede oscilar entre 60.000 y 300.000 euros.

Tras varias llamadas de teléfono y comunicaciones vía correo, J.A.M. recibió un escrito de Seinco en el que admitía que se había cometido una «confusión en la dirección del envío», por lo que pedían «disculpas». La deuda correspondía a una persona homónima, pero con el número de DNI distinto. «¿De dónde han sacado mis datos?, ¿quién ha suplantado mi identidad?, es gravísimo, peligroso, de juzgado», protestó el hombre. La empresa reconoció ante la Agencia de Protección de Datos que había buscado la dirección del supuesto deudor en las Páginas Blancas.