J. A. G. El arquitecto del Edificio Mercantil, Román Ávila, y su familia, han elevado tres comunicaciones a la Agencia Española de Protección de Datos en las que denuncian la «desprotección y la falta de inscripción legal» de los ficheros de datos municipale y pide «el expreso reconocimiento de las irregularidades cometidas por l administración local benaventana.
Después de que la AEPD instase al Ayuntamiento a aportar los datos requeridos por Ávila y su familia, este emitió una certificación de la que los demandantes han deducido presuntas irregularidades.
«Salvo en los ficheros mecanizados o informatizados legalmente inscritos en el Registro de la AEPD y que contienen mis datos personales, que no son otros que Fichero Padrón de Habitantes y Fichero Padrón del IBI Urbana 2010, el resto de ficheros municipales en los también se certifica que aparecen mis datos, como lo es el Fichero Padrón de la Tasa de Agua, Basura, Alcantarillado y Depuración, Fichero Padrón del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica, Fichero Expedientes Recaudatorios de Apremio, alguno de ellos no informatizado ni mecanizado, no se encuentran legalmente inscritos ni protegidos, tal y como parece reconocer el propio certificado municipal», explica de forma individual cada comunicación.
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La mayoría de las consultas tienen relación con el ejercicio del derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición
La memoria del año 2010 que ha publicado la Agencia Española de Protección de Datos desvela que en Toledo se produjeron 60 denuncias de las que tan solo dos acabaron en sanciones. En otros 27 casos se registraron solicitudes de tutela de derechos por parte de ciudadanos que han pedido la actuación de la Agencia para rectificar o anular información que figuraba en alguno de los 20.934 ficheros contabilizados en la provincia de los que se puede extraer datos personales. Además existen otros 1.043 ficheros pertenecientes a 116 entidades públicas.
En el conjunto de España se formalizaron 4.420 denuncias y según la Agencia esto significa que los ciudadanos «cada vez reclaman con mayor intensidad la posibilidad de ejercer un control sobre sus datos personales, incluido el derecho a no figurar» en los distintos ficheros.
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El Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación (INTECO) y la empresa de consultoría Anova han presentado la 'Guía sobre videovigilancia y protección de datos personales' con el objetivo de compaginar la seguridad de la videovigilancia con la protección de los datos y las garantías de la puesta en marcha este método de seguridad, según ha explicado el director general de Inteco, Víctor Izquierdo.
Durante el acto, Izquierdo también ha señalado que este documento también pretende "conseguir una mayor concienciación ciudadana y sensibilizarla acerca del uso de estos sistemas que se están expandiendo". En este sentido, ha incidido en que estos sistemas de videovigilancia tienen "unas connotaciones determinadas debido a que afectan a derechos como la intimidad, la propia imagen y la protección de datos de los ciudadanos".
FUENTE: www.europapress.es
No es la primera vez ni probablemente sea la última. Suele ser habitual pero no por ello cuestionable desde el punto de vista ético. Valerse de un puesto preferente en la escala del Ejecutivo para favorecer la llegada de personas de confianza, familiares o amigos a puestos importantes dentro del escalafón de la Administración Pública.
Es el caso del que será nuevo director de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) para los próximos cuatro años. Se trata de José Luis Rodríguez Álvarez, que podrá acceder a dicho puesto a propuesta del que hasta ahora era su jefe, el ministro de Justicia, Francisco Caamaño. Así lo acordaba el Consejo de Ministros en su reunión del pasado 13 de mayo, en el que se determinaba comunicar al Congreso de los Diputados la propuesta de su nombramiento. Así lo establece la Ley 5/2006 de 10 de abril para la regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado, por el que el Ejecutivo ha de ponerlo en conocimiento de la Cámara, previo paso para su nombramiento efectivo.
Cada vez más casos de personas que dejan deudas haciéndose pasar por otros
Kafka en su novela 'El proceso' no lo habría descrito mejor. Métase en la imaginación del escritor para desarrollar el siguiente argumento: "Una persona de mediana edad empieza a recibir un buen día llamadas en las que se le asegura que debe una cantidad que asciende a unos tres mil euros. "¿Cómo? ¿A quién? Si yo nunca he gastado tal dinero" , responde ella. "Se lo debe a un banco de Internet" , le contestan tajantemente. Así, la llaman durante varios meses. Lo curioso es que no le dicen cómo se ha originado y, mejor aún, ella no utiliza tarjetas y ni siquiera sabe encender un ordenador.
Así que nos decidimos a acompañarla a la sede física de esta empresa. Allí reconocen que han llevado su caso pero que ahora sus papeles no están. A partir de ahí se producen una serie de irregularidades contrarias a la Ley de protección de datos tal y como nos declara Artemi Rallo, director de la Agencia Española de Protección de Datos. Para empezar, se vulnera nuestro derecho de acceso: no nos dejan saber de dónde han sacado esos datos y a quién se los han pasado. Además, aunque la ley les obliga a ello, no nos entregan un documento escrito en el que figure que o estamos o no estamos en esos ficheros. Pero además, tal y como indica la jurisprudencia, ellos desconocen si son ciertas las deudas que nos reclaman. "Simplemente el que nos contrata nos pasa un listado de personas y del dinero que deben, ya está". A partir de ahí, se le llama o se le envían cartas pidiéndole que pague.