EDA ha puesto en conocimiento de las empresas de Albacete la circulación de una campaña fraudulenta en materia de protección de datos, atendiendo a consultas de los propios empresarios y de acuerdo a una circular de la Agencia Española de Protección de Datos

Ante estos hechos, FEDA ha trasladado a las empresas que la Agencia no realiza requerimientos y advierte a los responsables de ficheros que los reciban para que analicen detenidamente la identificación de los remitentes, a fin de evitar confusiones o presuntas suplantaciones de la Agencia Española de Protección de Datos.

Se ha detectado que diversas entidades envían comunicaciones a responsables de ficheros utilizando denominaciones y formatos de escritos similares a los de la propia Agencia e incluso su logotipo, induciendo a confusión.

Estas comunicaciones suelen presentarse como un requerimiento de la AEPD sobre el cumplimiento de la normativa de protección de datos, con advertencias sobre el régimen sancionador aplicable, ofreciendo un asesoramiento posterior sobre cómo adaptarse a la Ley Orgánica 1571999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos (LOPD).

En cualquier caso, la AEPD analizará las denuncias que reciba sobre estas conductas, reservándose el ejercicio de las acciones legales pertinentes para proteger su imagen, evitar prácticas desleales o exigir responsabilidades penales sobre los responsables de estas prácticas.

 

FUENTE: www.teleroda.es

 

Igual que se 'pinchan' teléfonos para investigar otros delitos, los fiscales especializados en el crimen cibernético están debatiendo sobre la posibilidad de hacerlo con los PC · La Fiscalía granadina ha detectado casos de acoso por e-mail

Quizás sea el fiscal de Granada que más horas pase frente al ordenador. Mientras que para el resto de sus compañeros las nuevas tecnologías son una herramienta de trabajo, para él, su equipo informático es, además de su principal medio para investigar, la puerta de entrada a un universo, el cibernético, donde se cometen los difíciles delitos que persigue y que requieren de una especial preparación: la que él tiene. En la provincia se abrieron el año pasado cerca de 600 causas por delitos informáticos. Muchas de ellas pasaron por sus manos, no todas, pues lleva también otras áreas: Cooperación Internacional, Ejecución Penal y el Sistema de Información del Ministerio Fiscal. En la última memoria del Servicio de Criminalidad Informática, ha reivindicado "la especificidad de la función de los fiscales encargados de este sector delictivo". 

-En su mesa rebosan los expedientes. ¿Tanto trabajo dan los delitos informáticos en Granada? 

-Sí, mucho. Lo dan de dos formas. Lo dan cuantitativamente, porque va aumentando el número de forma creciente, a la vez que va creciendo la concienciación de la gente sobre la posibilidad de reclamar ante este tipo de delitos. Y lo dan cualitativamente, pues los delitos son cada vez más complejos al ser cada vez más complejas la tecnología y las formas de comisión empleadas por los criminales informáticos. 

La Fundación Solventia –en colaboración con la Fundación ACS, Google y el Centro de Estudios Díaz-Bastien & Truan– presentó ayer por la mañana las conclusiones de dos años de trabajo en el proyecto de investigación internacional y multidisciplinar sobre la privacidad de los menores antes las nuevas tecnologías. El nuevo director de la Agencia Española de Protección de datos, José Luis Rodríguez Álvarez; el Director de Representación en España de la Comisión Europea, Francisco Morillo; el Presidente de ACADE, Jesús Nuñez y el Presidente de la Fundación Solventia, Conrado Truan han inaugurado el acto celebrado en la oficina de Representación de la Comisión Europea en Madrid.

El cúlmen de esta labor es la publicación del libro Redes Sociales y privacidad del menor, una obra para el debate y la reflexión, dirigida por José Luis Piñar Mañas, Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad S. Pablo CEU y coordinada por María Ángeles Osorio, Directora de la Fundación Solventia, entidad promotora del proyecto.

El derecho a ser olvidado en Internet también afecta al Boletín Oficial del Estado. El BOE está obligado a usar el robot txt para que los buscadores no puedan indexar determinados textos legales que afectan a datos personales. Así lo ha establecido la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) al resolver un recurso del propio BOE contra un dictamen previo de la citada agencia en el mismo sentido. El BOE no recurrirá, pero su director cree que el empleo de estos robots presenta flancos dudosos.

En su argumentación, el BOE sostenía que los citados robots son ineficaces. Los buscadores pueden ignorarlos. Además, su empleo crea un fichero de personas que han solicitado su cobertura informática, lo que genera otro tipo de visibilidad. La Agencia replica en su resolución que, en el caso de que los buscadores ignoren este robot de bloqueo, la responsabilidad por la publicación del dato ya no sería del BOE sino del buscador y que la visibilidad del citado fichero es incomparablemente menor a la de aparecer en una búsqueda.

Un estudio de la Agencia Española de Protección de Datos alerta de los riesgos de las redes sociales

El exdirector de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPDJosé Luis Piñar ha afirmado que la juventud no es consciente de los riesgos que tiene la privacidad en las redes sociales y que "no se puede saber a ciencia cierta si el 79 por ciento de los internautas que no ve peligrar su privacidad se equivoca o no", según se desprende del estudio 'Percepción que tienen los menores sobre la utilización y la seguridad de los datos que vuelcan en las redes sociales'.

En declaraciones a RNE, Piñar, que ha coordinado este estudio, también ha apuntado que "un 45 por ciento sí conoce a alguien que sí ha tenido experiencias problemas con la privacidad". Por ello, considera que "quizás este segundo dato sí es más de fiar que el primero", ya que ese 79 por ciento "a lo mejor no es consciente o no quiere decir que ha tenido algún problema con su privacidad en las redes sociales".

"Son dos cifras que nos han llamado la atención porque no es que sean contradictorias, pero sí pueden hacer ver una realidad distinta", ha añadido. Piñar, que ha defendido que los padres "deben educar, pero también deben dejarse educar porque también han de ser conscientes de que los jóvenes viven más en Internet y los padres viven más con Internet", ha pedido que "no se satanicen las redes sociales porque se trata de concienciar, ya que tienen elementos muy positivos de integración y contacto social".

Así, ha defendido que "hay que ser conscientes de las enormes potencialidades de las redes sociales" y ha abogado por utilizar estas redes sociales "con muchísima prudencia, pero sin poner puertas al campo porque los jóvenes se sienten muy atraídos por la fruta prohibida". A su vez, ha aconsejado que "no se acepte como amigo en una red social a una persona con la que no hay confianza absoluta ni volcar imágenes o vídeos sin ser conscientes de las consecuencias derivadas de esta acción". En este sentido, ha precisado que en los próximos años "un 25 por ciento de los jóvenes de entre 14 y 25 años tendrán problemas para encontrar trabajo por las conductas en las redes sociales", según un estudio de la Agencia de Protección de Datos del Reino Unido.

"Actualmente, cada vez es más usual que la persona que va a dar un trabajo tenga acceso a la red social del candidato e incluso se ha llegado a detectar que exigen la página de acceso y la clave para poder acceder a la red social de los candidatos. Eso es gravísimo", ha explicado. Por otro lado, ha recordado que España hay una "magnífica" Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) desde 1999 que ampara a todos aquellos que sufren una violación de su derecho a la privacidad, que hay redes sociales radicadas en España "que funcionan muy bien porque tienen que aplicar esa LOPD".

"Lo que ocurre es que las redes sociales e Internet no conocen fronteras y la globalización hace que sea muy difícil definir qué ley se aplica a qué red social en función de dónde opere", ha apuntado. Finalmente, ha asegurado que "hay mecanismos jurídicos eficientes para poder reaccionar contra las redes sociales que violan la privacidad" y que estas comunidades "cada vez adaptan más sus políticas de privacidad, sobre todo ante los jóvenes, para garantizar un uso adecuado de los datos".

FUENTE: www.lavanguardia.com