La diputada perredista Olga Aracelí Flores presentó su iniciativa para una ley de videovigilancia en el estado, con la que pretende normar las cámaras de circuito cerrado de televisión que eventualmente adquirirá el Gobierno del Estado y que se establezca también un padrón con todos los aparatos, aún cuando se trate de sistemas de empresas particulares.
“Deben registrarse tanto las particulares como las de lo que son las instituciones públicas, privadas, las que estén en la vía pública, etc”.
La propuesta contempla la creación de un comité técnico dependiente del Consejo Estatal de Seguridad Pública, en el que los integrantes sean representantes de los tres poderes y que tengan puestos honoríficos, es decir, sin sueldo.
FUENTE: www.notisistema.com
La zona militar en Morelos realizará tareas de seguridad que estaban adscritas a las corporaciones policiacas municipales y al estado, principalmente las de videovigilancia de las 50 cámaras instaladas en Cuernavaca y las operadas por el gobierno estatal.
La determinación fue anunciada a la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano (SPyAC) de Cuernavaca y a la propia Secretaría de Seguridad Pública (SSP), a través de recaderos de la Vigésimo Cuarta Zona Militar.
Y es que después de dos balaceras suscitadas en la tarde y noche del pasado martes en Cuernavaca, en las que escaparon los tiradores y no hubo información ni coordinación con las corporaciones policiacas, el Ejército mexicano determinó tomar los centros de videovigilancia de la ciudad y los manejados por el estado.
El Centro de Control de Vigilancia de la SpyAC, que cuenta con 50 cámaras de video, será coordinado por el Ejército al igual que las cerca de 20 del gobierno estatal, debido a que presumen que son manipuladas por personal que pudiera tener nexos con la delincuencia.
Conforme a fuentes cercanas a Seguridad Pública de la capital morelense, las cámaras de videovigilancia suelen no funcionar en momentos de asaltos, de balaceras y otras actividades violentas.
De igual forma, el Ejército detectó las “irregularidades” en los videos manejados por el estado, sobre todo en donde se han colgado a presuntos integrantes del crimen organizado como en el puente conocido como Galerías, en el libramiento oriente de la carretera México-Acapulco.
“Las fallas” en los momentos críticos fueron el principal fundamento para que la zona militar envíe personal a operar los centros de control de la ciudad y de la entidad, ante las presunciones de su mal uso por el personal que las opera.
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Conexys, la empresa que se quedó con la adjudicación de las cámaras de seguridad del plan de videovigilancia es de capitales rosarinos y ya tiene 10 años de trayectoria en materia de seguridad y tecnología. Con la representación de la marca Bosch, logró presentar el mejor proyecto para instaalr el "gran hermano" en los centros comerciales y ahora va por Puerto Norte.
Según pudo saber punto biz, la firma se encuentra gestionando la seguridad y el monitoreo de la torre corporativa Nordlink, del empresario Aldo Lattuca en Puerto Norte.
Pero no todos los proyectos que desarrolla Conexys le dan la cara al río. Además, la firma se encuentra realizando trabajos para La Segunda donde les proporciona el sistema de control de acceso, de incendio y videovigilancia, enmarcado en el concepto de edificio inteligente.
Dentro del pliego acordado con el municipio, Conexys quedó a cargo de la puesta en marcha de los equipos de monitoreo, que en una primera etapa serían 18 cámaras. Al mismo tiempo, aportará los elementos de Data Center y la capacitación del personal del Centro de Monitoreo durante 60 días.
Según anunció la Municipalidad, se comenzará con una prueba piloto en Córdoba y San Martín durante 75 días, para luego sumar los equipos que restan para completar las 32 en un plazo de 150 días. “Lo interesante de este proyecto es que, por primera vez, se implementará alta definición en lo que es el monitoreo público”, señaló a punto biz el gerente general de Conexys, Gustavo Santoro.
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La solicitud de crédito por mil millones de pesos para seguridad fue remitida ayer por el gobernador Emilio González Márquez a la Oficialía de Partes del Congreso local.
Del recurso, 400 millones serían para video-vigilancia (40% del total), 250 millones para la compra de un helicóptero y 100 millones para el Reclusorio Metropolitano, entre otros conceptos.
El mandatario pretende contratar el empréstito con la Banca de Desarrollo o instituciones crediticias de endeudamiento que ofrezcan las mejores condiciones y la mejor tasa de interés.
El plazo con el que pretende contratar el crédito es a 20 años.
La solicitud se debe a la necesidad de implementar el Programa Especial de Seguridad Pública.
“Lo anterior tendrá como consecuencia el mejoramiento del sistema informático para la seguridad pública en el Estado y la infraestructura de seguridad pública y penitenciaria, así como la seguridad de los Juegos Panamericanos que se realizarán el próximo mes de octubre”, se lee en el texto remitido al Poder Legislativo.
González Márquez solicita al Congreso que adicione un artículo a la Ley de Ingresos del Estado. Con ello, el Gobierno estatal tendrá la opción de afectar las participaciones federales de conformidad con la Ley de Deuda Pública de Jalisco.
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La delincuencia y la inseguridad en algunas calles es una realidad en la mayor parte de capitales del mundo, el actuar con inmediatez es una exigencia de los ciudadanos. Para solucionar estos problemas y mantener vigilado nuestro entorno con eficacia es necesario implementar el sistema de video vigilancia con cámaras IP, debido a la alta calidad de imágenes y su versatilidad para captar objetivos precisos, ya sea en una calle o en a empresa.
A continuación le invitamos a ver la conferencia que se desarrollo en el auditorio de la Municipalidad de San Luis.
FUENTE: www.rtvciplima.com