La versión oficial es que se han desarticulado 148 bandas gracias a un trabajo de inteligencia, pero centrados más en las estadísticas

El jueves pasado, el diario estatal El Telégrafo informó que, de enero a julio de este año, fueron desarticuladas en la provincia del Guayas un total de 148 bandas delictivas. La mayoría de ellas, según las autoridades, asociadas a delitos de asalto y robo a bancos, posesión de armas, asociación ilícita y hurto.

En ese informe, Marcelo Tobar, jefe provincial de la Policía Judicial (PJ), destacó que los trabajos de inteligencia han contribuido significativamente para localizar y capturar esas bandas.

Y es precisamente ese trabajo de inteligencia el que se destaca como un puntal en la neutralización de otras organizaciones a lo largo del país, como ha sido el caso del desmantelamiento hace pocas semanas de una banda dedicada al robo sistemático y el faenamiento en camales clandestinos de ganado (vacuno, equino, etc) en la provincia del Azuay.

Joel Loayza, jefe de la Dirección Nacional de la PJ, le dijo a este Diario que el citado caso se enmarca en un nuevo esquema de gestión que potencia los resultados e implica una planificación rigurosa y un trabajo coordinado con la Fiscalía y otras instancias del sistema judicial.

La inseguridad que se vive, aunado a los atentados a un campus universitario en el estado de México, ha hecho que la Universidad La Salle Victoria, redoble su seguridad invirtiendo más de 1 millón de pesos, informó el Rector Miguel Ángel Valdez García.

“Estamos revisando otra vez el protocolo, ayer recibí ya el protocolo de seguridad contra paquetería explosiva; caso que sucedió en alguna universidad del estado de México. Entonces estamos invirtiendo más de un millón de pesos ahorita en reforzar la seguridad, tanto los accesos”, refirió.

En razón a eso se contrataron elementos de seguridad privada, se instalaron cámaras de forma estratégica y se implementarán algunos protocolos con los alumnos a quienes se les dará información en relación a la cultura de autoseguridad.

“Ahorita nada más estamos revisando protocolos del CISEN, que es para prevenir un poco a estos grupos radicales que puedan hacer algún tipo de envíos como ya se vio. Si estamos en el tema de la seguridad reforzando en tema de los accesos, el control, el sistema de monitoreo de cámaras y, bueno todo esto tratando de infundir una cultura de la auto seguridad en el estudiantado, no solo en el campo sino dentro del campus”.

Valdez García, indicó que los consejos que se han venido dando a los jóvenes son; que avisen siempre donde están, que no pierdan el contacto con sus familiares o sus amigos de a donde trasladarse, buscar no hacer traslados solos, obviamente no hacerlos en horas de la noche y, nosotros hemos adecuado horarios tratando de que las ultimas clases sean a las 7 de la tarde.

FUENTE: www.hoytamaulipas.net

La polémica respecto a que Azalia Ojeda, ex concursante en Big Brother y protagonista del escándalo "Ladies de Polanco", puso bajo la lupa a la policía del estado de México, particularmente a los Cuerpos de Seguridad Auxiliares del Estado de México.

Los CUSAEM, como se le conoce a esta corporación, tuvieron entre sus fila a Azalia durante 62 días, en un cuerpo de élite denominado Ateneas.

Este cuerpo policiaco depende de la Agencia de Seguridad Estatal (ASE) y se ha visto envuelto en varias polémicas, que van desde un probable desvío de recursos, hasta la participación de algunos de sus elementos como guardaespaldas de presuntos delincuentes.

Los miembros de los CUSAEM se ocupan de dar protección a particulares; funcionan como policía bancaria, guardaespaldas, seguridad privada, etcétera.

EL UNIVERSAL Edomex te enlista algunas de los escándalos en los cuales se han visto involucrados elementos de los CUSAEM:

El proyecto de ley que reglamenta la actividad de la seguridad privada, comunmente denominados “patovicas” sigue en comisión. Su autor, el senador Oscar Arletazz (PJ-Colón), confirmó que hubo avances en su redacción, aunque el texto no llegó aún al recinto. 

Para el legislador “es pertinente pensar en su sanción para que Diputados pueda tratarlo. Queremos tener la certeza de que está regulado un sistema que está relacionado con la seguridad de nuestros hijos”, precisó al tiempo que no descartó que en las próximas semanas haya un pronunciamiento del cuerpo sobre su propuesta. 

El colonense espera que su sanción se produzca a la brevedad frente a la temporada estival que se avecina. “Queremos tener la certeza de que está regulado un sistema que está relacionado con la seguridad de nuestros hijos”, dijo el autor del proyecto. 

Asimismo, recordó a Recintonet que el objetivo de su iniciativa es “regular y registrar la actividad de los patovicas, entendiendo como tales al personal civil que desempeña tareas de seguridad”. El proyecto busca ponerle un coto a la violencia injustificada en los espectáculos públicos y privados, en especial en los boliches, donde los jóvenes son víctimas del accionar de personas, que a pesar de estar encargadas de la seguridad, en la mayoría de los casos no cuentan con la preparación necesaria. 

Un poco menos del 1.2% de los 25,055 vigilantes de empresas de seguridad privada registrados en el país han sido inspeccionados por la Policía Nacional Civil (PNC) entre febrero y julio de 2011. Así lo revela un informe reciente de la División de Registros y Control de Servicios Privados de Seguridad de la corporación policial.

“En los últimos seis meses hemos realizado una serie de inspecciones que estuvieron dirigidas a un total de 296 vigilantes privados durante sus jornadas laborales en diferentes establecimientos comerciales, la mayoría en el Área Metropolitana de San Salvador”, confirmó el subinspector Mario López Cañas, de la referida división.

En el país, las estadísticas revelan que existen 274 empresas de seguridad privada que mantienen empleados a 25,055 vigilantes; es decir, un poco más de los 21,000 policías con los que cuenta el Estado, según las últimas cifras proporcionadas por el gabinete de Justicia y Seguridad.

Estas inspecciones son inéditas, según reveló López. El dato fue confirmado por Miguel Gil, directivo de la Unión Nacional de Agencias Privadas de Seguridad.