Sancionan a empresas de seguridad privada
Cierran 48 compañías durante los últimos tres años; ganancias de hasta $200 mil anuales
Más de 30 firmas de resguardo de bienes y valores fueron castigadas por incumplir disposiciones de la norma del sector en la entidad, a partir de 2009, de las cuales 17 fueron sujetas a procedimientos administrativos por laborar sin licencia, de ellas una fue clausurada de forma definitiva, el resto fueron amonestadas o suspendidas temporalmente.
Alrededor de media centena de establecimientos de ese tipo dejaron de operar en el periodo; nueve abandonaron el mercado durante el año pasado, el segundo con más cierres de los últimos cinco ejercicios. Más de 600 despidos y la concentración del servicio en las grandes ciudades fueron los efectos de dejar inactivo un negocio en una industria con ingresos totales de hasta 200 mil pesos anuales.
El padrón registraba a 64 corporativos autorizados para prestar el servicio en el 2007, seis más comparado con el año pasado. El 85 por ciento de las matrices fueron ubicadas en Tuxtla, Tapachula y San Cristóbal. Mil 911 elementos iniciaron el ejercicio y concluyeron mil 420. Dejaron de funcionar cinco empresas toda con oficinas en la capital en las que trabajaban 30 agentes, en conjunto.
El número de compañías con permiso fue de 61, durante 2008, tres menos que el año pasado. El 91 por ciento de las sedes centrales fueron localizadas en las mencionadas ciudades, alza atribuida a la clausura voluntaria de firmas en Reforma, Arriaga y Huixtla. Cerca de 790 policías empezaron el ejercicio que fue finalizado por mil 761. Cerraron nueve establecimientos con centros de mando distribuidos en seis lugares, de las que dependían 48 vigilantes. El reglamento del sector fue modificado en el lapso.
Los negocios ahora deben solicitar licencia a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) para operar quien verificará que su plantilla esté capacitada, inscrita en el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública y que aplique exámenes toxicológicos, psicológicos y físicos, entre otros mandatos.
El total de corporativos facultados fue de 48, durante 2009, trece menos en contraste con el año pasado. El 91 por ciento de las bases fueron repartidas entre Tuxtla, Tapachula y San Cristóbal. Mil 664 custodios comenzaron el ejercicio para terminar con 869, periodo en el que 19 empresas fueron clausuradas de forma voluntaria con centros de control repartidos en cinco municipios, de los que obtenían sustento 259 uniformados; y en el que 24 empresas recibieron correctivos, de las cuales 15 fueron por estar en la clandestinidad, una de ellas con cierre definitivo.
La cantidad de compañías autorizadas fue de 53 en el 2010, cinco más respecto al año pasado. El 94 por ciento de las oficinas están distribuidas en el trío de localidades expuestas, aumento influenciado por el abandono de las plazas de Palenque y Tonalá. Mil 666 elementos iniciaron el ejercicio para concluirlo 2 mil 213 en un intervalo en el que seis establecimientos dejaron de operar en los que estaban adscritos 60 agentes; y en el que fueron impuestas medidas administrativas a siete negocios, de ellos dos fue por laborar sin permiso.
El global de corporativos con licencia fue de 48, durante 2011, cinco menos comparado con el año anterior. El 89 por ciento de las sedes centrales fueron ubicadas en Tuxtla, Tapachula y San Cristóbal. Aproximadamente 574 policías empezaron el ejercicio para finalizarlo 2 mil 384, los máximos y mínimos sexenales, lapso en el que nueve empresas salieron del mercado en las que trabajaban 195 vigilantes; y en el que dos compañías fueron sancionadas por quebrantos al reglamento.
Instalación, supervisión y monitoreo de sistemas y equipos de seguridad por medios electrónicos; protección, vigilancia de sitios en entradas, interior y salidas; traslado, custodia de bienes y valores son los servicios que prestan los negocios de seguridad privada en el estado por los que el sector recauda hasta 200 mil pesos anuales, de forma general.
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FUENTE:El Heraldo de Chiapas
La seguridad privada
Tradicionalmente, la seguridad privada es tratada como un servicio que se expande en virtud de la incapacidad del Estado para promover seguridad pública, siendo ésta la principal forma por la cual se manifiesta el monopolio legítimo de la fuerza física. Sin embargo, cada vez más las actividades de seguridad privada se consolidan como parte del sector de servicios, insertadas en la lógica de mercado, para las cuales hay demanda suficiente para su crecimiento y fortalecimiento.
Tales servicios de seguridad han crecido vertiginosamente en el país. En muchos casos, el número de empleados de estas empresas privadas superan con creces las plazas de las fuerzas policiales. Estudios recientes ponen en evidencia el crecimiento que la oferta privada de seguridad está teniendo a nivel mundial. En América latina, el crecimiento del mercado de bienes y servicios de seguridad privada en los últimos quince años se estima en un 11 por ciento.
Los reiterados casos de inseguridad que se viven día tras día en la Argentina hacen que dentro de la lista de los gastos que una familia, una compañía o un consorcio elaboran cada mes, deba agregarse también el destinado a pagar el servicio de una de las 850 empresas de seguridad privada que trabajan en el país y que facturan unos 2.000 millones de pesos anuales.
En la provincia de San Juan, están autorizadas a funcionar una treintena de empresas de vigilancia y seguridad privada, las que no tienen ningún control del Estado, por haberse derogado en noviembre del año 2006 un decreto ley de la época de la dictadura militar (N¦1877-G-82) que regulaba la actividad, a través del dictado de la ley Nº 7775 (30-11-2006).
Esta ley de avanzada, hasta la fecha no ha sido reglamentada y por ende no se ha puesto en vigencia. Es decir, a más de cinco años de sancionada la ley de seguridad privada en la provincia, no existe ningún control sobre las personas y empresas que prestan esta actividad, falencia que por cierto no puede atribuirse a la Policía de San Juan, al ser una facultad propia del Poder Ejecutivo, según lo refiere el art.189 inc.18º de la Constitución Provincial.
De ello se deriva, que los poco más de 1.500 vigiladores, porteros, custodios y guardias privados que operan en la provincia, registrados ante los organismos tributarios, se desconozca si reúnen los mínimos requisitos para la actividad, ya sea que posean capacitación suficiente o que carezcan de antecedentes penales (incluidos Derechos Humanos) o contravencionales. Igual situación se produce con respecto a los responsables técnicos de las empresas y el servicio de alarmas domiciliarias con monitoreo electrónico.
Felizmente en la provincia y frente a la descrita situación, no se han producido hechos graves que involucren al personal de estas empresas, no obstante que en la mayoría de los casos no posean estudios de nivel medio, como se ha previsto en las modernas legislaciones y como regía según la ley Nº 7775.
Es indudable de la importancia de estos servicios, en cuanto coadyuvan a la acción estatal de brindar seguridad, pero deben estar sujetos a una estructura de reglamentación sólida y efectiva a fin de garantizar que la seguridad privada sea ejercida dentro de límites legales y con mandatos más claros, disminuyendo el riesgo de convertirse en una actividad contraria a la ley y a la seguridad pública de una forma general.
En este sentido, basta tener presente que en la actualidad nuestra provincia es la única en el país que no ha puesto en vigencia su ley de seguridad privada, lo que implica inseguridad jurídica y un factor disuasivo para la radicación de empresas nacionales lo que atenta contra la oferta del sector.
No obstante este panorama, anima enterarse que una empresa sanjuanina: "El Guardián", fue seleccionada en exclusiva para brindar seguridad en vestuarios, anfiteatro y lugares cerrados en la Fiesta de la Vendimia que finaliza ayer en la provincia de Mendoza, con la presencia de cien vigiladores durante los días que se desarrolló este mega evento
FUENTE:Diario de Cuyo
Al parecer fue víctima de parroquianos de antro, en Cancún
Un empleado de seguridad privada del bar “La Oficina, ubicado en la avenida Talleres, en la Región 92, fue asesinado a golpes con una piedra al parecer por dos clientes del establecimiento que se negaron a pagar su respectiva cuenta. Las primeras versiones indican que dos parroquianos del citado negocio
consumieron varias bebidas, y al momento de cobrarles la cuenta, éstos se negaron a pagar y salieron del lugar con el fin de darse a la fuga, por lo que el empleado de seguridad los siguió y al momento de darles alcance, los presuntos homicidas tomaron una piedra y lo golpearon hasta matarlo.
La segunda versión indica que el ahora occiso era perseguido por dos sujetos, quienes al alcanzarlo, a unos cuantos metros del bar, lo golpearon con una piedra y un machete, dejando el cuerpo inerte en medio de un charco de sangre.
Cabe destacar que ningún trabajador del bar se atrevió a dar información de los hechos, aunque se sabe que los asesinos huyeron del sitio en un taxi.
Hasta el cierre de esta edición el occiso estaba en calidad de desconocido
FUENTE:Diario de Quintana Roo
Necesaria, una nueva cultura sobre protección de datos personales: IFAI
El comisionado del IFAI comentó que el 36 por ciento de los adolescentes mexicanos que navegan en la web publica fotos “provocativas.
El 36 por ciento de los adolescentes mexicanos, de entre 12 y 18 años de edad, que navegan en internet, asegura haber publicado fotos suyas en “poses provocativas”, señaló el comisionado del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), Ángel Trinidad Zaldívar, al plantear la necesidad generar una nueva cultura de la protección de datos personales.
De acuerdo con registros sobre el uso de internet en nuestro país, el universo de internautas ubicados en ese rango de edad es de aproximadamente 10 millones, por lo que los menores de edad que dicen exponer sus imágenes en esas condiciones sería de 3.6 millones, dijo.
Trinidad comentó que el 45 por ciento de niños, niñas y adolescentes tiene la computadora en su habitación y el 30 por ciento publica datos personales, como: dirección, teléfono, nombre de la escuela y fotos familiares; asimismo, 43 por ciento no considera peligroso ir a una cita con una persona que conoció en internet.
Al participar en el evento en el que el “Bufete Quijano” y la firma “Piñar Mañas y Asociados” informaron de su asociación para brindar asesorías sobre el ejercicio profesional en México y en España del derecho a la protección de datos, Ángel Trinidad recordó que tuvieron que pasar nueve años para que México contara con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.
El comisionado del IFAI citó parte del dictamen que dio origen a esa Ley en el cual se señala: “cada día dejamos un largo rastro de información personal, consultamos páginas de internet, enviamos correos electrónicos, hacemos compras con tarjeta de crédito, llamadas desde nuestro celular y gracias al flujo de información, grandes compañías obtienen al mes un promedio de dos mil 500 detalles de cada uno de nosotros”.
En ese sentido, indicó que los retos en materia de protección de datos son grandes, por lo que el Estado debe proveer lo necesario para hacer efectivo ese derecho fundamental, y crear leyes e instituciones, como el IFAI, que lo garanticen.
Por último, Ángel Trinidad dijo compartir la iniciativa para reformar la Ley General de Educación, presentada recientemente en el Congreso de la Unión, en la que se incorpora el tema de la protección de datos personales como obligatorio en los programas de educación primaria.
En el evento participó el secretario de Comunicaciones y Transportes, Dionisio Pérez-Jácome, quien manifestó que su dependencia trabaja con el IFAI en los casos de empresas del sector que requieran de una regulación específica en la protección de datos personales.
“Estamos en la mejor disposición de seguir trabajando de la mano con el IFAI, aplicando esta importante ley que permite ejercer los llamados derechos ARCO (acceso, rectificación, cancelación y oposición) y vamos a estar cuidando cuáles son las mejores prácticas internacionales, en particular, en temas tan novedosos y complejos, como los que tienen que ver con internet”, señaló el funcionario.
Por el IFAI, asistieron también al evento: la comisionada María Elena Pérez-Jaén, el secretario de Protección de Datos Personales, Alejandro del Conde, así como la directora general de Autorregulación, Lina Ornelas; por el “Bufete Quijano”, Carmen Quijano, y por “Piñar Mañas y Asociados”, José Luis Piñar Mañas.
FUENTE:Vanguardia.com.mx
Un hombre murió tras recibir cinco balazos.
El sujeto fue encontrado por un oficial de seguridad privada hoy en la madrugada en vía pública en la urbanización La Eulalia, en San Diego de Tres Ríos.
El fallecido fue identificado por las autoridades como de apellido Valverde, de 36 años.
Nils Ching, director regional de la Fuerza Pública de Cartago manifestó que el sujeto estaba aún con vida cuando llegó la Cruz Roja al sitio.
“Un guarda de seguridad privada nos alertó que había visto a un hombre herido en la calle. Al llegar la Cruz Roja al sitio lo encontró con vida, pero minutos después falleció. El sujeto tenía antecedentes por infracción a la Ley de Psicotrópicos”, agregó Ching.
FUENTE:La Nación Costa Rica