El primer paso será la adecuada profesionalización y el desarrollo responsable del sector con el aval de CONOCER. Convertir a un inexperto en un profesional, a través de desarrollar las competencias necesarias, para generar valor y dignificar al sector.
El segundo paso será promover los procesos de certificación para el personal que se desempeña en el ramo de la seguridad, promoviendo así que se contraten a empresas responsables que cuente con personal competente, detalló.
La certificación será la cúspide del proceso y paso definitivo. Esto será a corto plazo  para lo cual se preparará a los primeros grupos compuestos por oficiales de seguridad y supervisores de las empresas de la AMESP para que se desarrollen profesionalmente, concluye en un comunicado.

 

 

La seguridad ciudadana es cada vez más un negocio rentable, pues la demanda de servicios de vigilancia a personas, hogares y oficinas crece casi al mismo ritmo que el descrédito de la institución señalada por la Constitución Política del Estado para brindar seguridad interna al país. Muchas empresas hacen lucrativos negocios con la seguridad, pero no todas son legales.

 

En efecto, según datos del Viceministerio de Seguridad Ciudadana, en La Paz de 109 empresas que brindan seguridad privada que se conocen, menos de la mitad tienen registro legal. La reciente preocupación de ese viceministerio proviene de un caso de acoso de parte de un guardia de seguridad privada a una estudiante en un colegio de la ciudad. Tal vez de no haber sido por esa denuncia, las autoridades habrían tardado aún más en enterarse de que la disposición al respecto, contenida en el decreto reglamentario de la Ley 264, del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana para una Vida Segura, no se cumple.

 

El Jefe de la Unidad de Prevención del Delito explicó que corresponde a la Dirección Nacional de Control de Empresas de Seguridad Privada (Dinacep), dependiente de la Policía Boliviana, ejercer tuición sobre estas firmas. Agregó que tras la verificación, se ha dado un plazo de diez días para que los responsables de las empresas no registradas realicen todos los trámites y regularicen su situación; de lo contrario, la Ley 264 establece que primero se les entregará una conminatoria escrita, luego se las sancionará con la suspensión temporal y, finalmente, con la clausura definitiva.

 

Según la citada Ley de Seguridad Ciudadana, entre los requisitos para obtener la resolución y la autorización de funcionamiento están el certificado de Fundempresa, el registro obligatorio de empleadores, una póliza de responsabilidad civil y otra contra accidentes del personal, la constitución de la sociedad y las hojas de vida de las personas que trabajarán como guardias privados, en éstas se deben incluir los certificados de antecedentes de cada uno de ellos emitidos por las fuerzas especiales de lucha contra el Crimen, el Narcotráfico y la Violencia. Una innovación al respecto está en que se prevé la aplicación de multas a aquellas personas que contraten empresas ilegales o no registradas. La vigilancia cibernética y el uso de cámaras de circuito cerrado también deberán ser regulados.

 

 

Más de 25 empresas participaron en la primera Expo Feria de Empresas de Seguridad Privada 2015, organizada por la Secretaría de Seguridad Pública y Atención Ciudadana (SSyPC) con la finalidad de establecer una coordinación entre el sector público y privado.

 

Durante el evento se llevó a cabo la firma de una declaratoria en la que se estableció la coordinación, el acuerdo y el seguimiento de cada una de las partes de la Secretaría de Seguridad y de las empresas de seguridad privada debidamente acreditadas.

 

Dicho documento fue signado por el titular de la SSyPC, Jorge Luis Llaven Abarca y el director general de los Servicios de Seguridad Privada de la Comisión Nacional de Seguridad de la Secretaría de Gobernación, Juan Antonio Arambula Martínez.

 

Llaven Abarca, dijo que actualmente son 67 las empresas acreditadas y supervisadas por la dependencia, y muchas más están en proceso de acreditación.

 

Destacó que realizan la supervisión de aquellas que no cumplen con los requisitos legales para su constitución. De enero a la fecha se han sancionado ocho empresas, algunas han sido cerradas de manera temporal y otras de forma definitiva, dependiendo la falta que incurran.

 

La Secretaría realiza, dijo, una evaluación mensual a las empresas para verificar que sus elementos estén capacitados, certificados con examen de control y confianza, que reciban el registro ante el IMSS y todos los beneficios laborales.

 

 

Del 2010 a la fecha aumentó en la capital del Estado hasta en un 70 por ciento la demanda de elementos de seguridad privada en comercios establecidos y fraccionamientos por lo que además se duplicó el número de empresas que se dedican a ofrecer este servicio. Entrevistado durante la Feria del Empleo celebrada en esta localidad, el Coordinador de PROVISEP, (Protección y Vigilancia en Seguridad Privada), Juan Esteban Ramírez informó que de 10 empresas de este tipo existentes en el 2010 actualmente el número se ha elevado a cuando menos 20 empresas.
Indicó que fue a raíz de que se comenzaron a registrar los problemas de inseguridad en ciudad Victoria, es decir desde el 2010, que empezaron a notar una mayor demanda del servicio de seguridad privada por parte de las empresas establecidas y fraccionamientos.
Informó que la mayoría de los empresarios y propietarios de fraccionamientos lo que más demandan al momento de solicitar seguridad privada es que la empresa esté certificada y cuente con personal capacitado para esta tarea.