Piden que seguridad privada se someta a las pruebas de control y confianza
En los exámenes se hace una prueba toxicológica, otra psicológica, poligráfica, investigación socioeconómica y médica
Debido a que en Coahuila hay alrededor de 400 empresas de seguridad privada que operan fuera de la ley, el Congreso del Estado estudiará la posibilidad de obligar a que los miembros de dichas compañías se sometan a los exámenes de control y confianza para determinar si son aptos para desempeñar su cargo.
La diputada del Partido Social Demócrata de Coahuila, Claudia Elisa Morales, presentó ayer una iniciativa de reforma al artículo 282 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública de Coahuila para que además de los elementos de la Comisión Estatal de Seguridad, PGJE, Pronnif y Seguridad Pública de los municipios, también los de corporaciones de seguridad privada se sujeten a las pruebas de control y confianza.
“En nuestro estado existen un gran número de empresas dedicadas a ofrecer este tipo de servicio, lo que desconocemos es si la procedencia es confiable. La intención es crear la obligatoriedad para que las empresas de seguridad privada que laboran en la entidad sean sometidos a pruebas de control y confianza”, señaló.
Las pruebas de control y confianza, señala la exposición de motivos de la iniciativa, sirven para facilitar la identificación del personal competente y confiable, así como para instrumentar un proceso de evaluación riguroso y sistemático del personal en activo.
En los exámenes de control y confianza se hace una prueba toxicológica, otra psicológica, poligráfica, investigación socioeconómica y médica, con lo que se determina si el interesado en desempeñar un puesto de seguridad es apto para hacerlo.
“Lo peor es que no sabemos la procedencia de los integrantes de estas corporaciones”, comentó Morales.
Se propone que el artículo 282 ahora incluya a los elementos de seguridad privada, quienes además se sujetan al Reglamento que Regula la Prestación de los Servicios Privados de Seguridad en Coahuila.