El contrato, por cuatro años, cuesta medio millón de pesos. Incluye también hospitales y ex centros clandestinos de detención, que serán vigilados por cámaras y personal. La Defensoría del Pueblo investiga si no se vulneran derechos
El Gobierno de la Ciudad adjudicó, a través de una licitación pública, el servicio de seguridad privada mediante la instalación de alarmas y cámaras de video en 330 edificios de la administración porteña, entre ellas 90 escuelas y jardines de infantes de gestión pública. La vigilancia también alcanza a tres ex centros clandestinos de detención, donde hoy funcionan espacios para la memoria. La licitación, que incluye también la presencia de personal de vigilancia, ya está siendo investigada por la Defensoría del Pueblo, sobre todo en lo que respecta a la instalación de cámaras en establecimientos escolares. El contrato será por cuatro años y representará para la Ciudad un gasto de medio millón de pesos.
La Dirección General de Migración emplazó ayer a varias empresas de seguridad privada para que regularicen la situación de cientos de haitianos que han empleado para vigilar negocios y residencias y brindar protección a sus propietarios, sin ninguna documentación y sin que nadie sepa el lugar de dónde proceden en Haití, ni si tienen antecedentes penales o problemas sicológicos que les impidan portar armas de fuego.
Para discutir la situación, el director general de Migración, José Ricardo Taveras, se reunió ayer con el superintendente de Seguridad Privada del Ministerio de las Fuerzas Armadas, general Bienvenido Cordero Batista, y los representantes de las empresas de seguridad privada que ofrecen servicios de vigilancia y protección en todo el país.
En la reunión en el Ministerio de las Fuerzas Armadas participó el presidente de la Asociación Dominicana de Empresas de Seguridad, Bismack Tavárez, y otros dirigentes, quienes se comprometieron a colaborar con Migración, además de no emplear más extranjeros ilegales para el delicado trabajo de vigilancia y protección con armas.
“Le pedimos a todas esas empresas que contribuyan con el plan para regularizar la mano de obra extranjera, según lo establecido por la ley 285-04”, dijo Taveras al final de la reunión, agregando que deben regularizar el estatus de esos extranjeros, que emplean para la protección de personas y propiedades, utilizando armas de fuego.
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1. Concepto
Se entiende por huelga el cese temporal, colectivo y concertado de la prestación de trabajo , por parte de los trabajadores, comomedida de presión en defensa de sus intereses .
La titularidad del derecho pertenece a los trabajadores, a cada uno le corresponde ejercitar individualmente.2. Servicios mínimos
Cuando la huelga afecte a empresas encargadas de la prestación de servicios esenciales de la comunidad, entendidos como servicios que permiten satisfacer los derechos fundamentales, libertades públicas y los bienes constitucionalmente protegidos, con independencia del régimen público o privado de su prestación, la autoridad gubernativa tiene la potestad y el deber de dictar las medidas necesarias para garantizar el mantenimiento de dichos servicios .
Relación ejemplificativa: Servicios públicos de radiodifusión sonora y la televisión, producción y suministro de energía eléctrica, transporte público, seguridad privada, residencias de ancianos, servicios de mantenimiento y reparación de aparatos elevadores, salvamento marítimo , sector hospitalario, telecomunicaciones, etc.
Los agentes de seguridad privada de América Latina son los más armados del mundo, con una tasa de posesión de armas por empleado diez veces superior a la de Europa Occidental, según un informe presentado hoy en Ginebra.
El “Informe de Armas Ligeras 2011”, publicado por el Instituto de Estudios Internacionales y de Desarrollo, refleja la gran expansión de la seguridad privada en las últimas dos décadas, hasta el punto de que el sector emplea en la actualidad al menos a 20 millones de personas, casi el doble que agentes de policía en activo.
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El director de la investigación, Robert Muggah, afirmó en conferencia de prensa que “Latinoamérica, y en particular Centroamérica, tienen los niveles de violencia más altos del mundo, con unas tasas que multiplican por seis la tasa media mundial”.
De acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción (CPI) de Transparencia Internacional, México tiene una calificación de 3.1 sobre 10 en cuanto a transparencia se refiere. Ocupa el lugar 98 de 178 países y queda como una de las naciones con la peor garantía de derecho a la información en los últimos 10 años.
Durante auscultaciones al respecto, la comisionada presidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), Jacqueline Peschard, criticó la demora de la Cámara de Diputados para dictaminar la iniciativa de reformas a la Ley Federal de Transparencia; es deuda de los legisladores con la sociedad, con la propia transparencia y con la rendición de cuentas.
En entrevista exclusiva para El Punto Crítico acerca de la renuencia de gran parte del segmento oficial a cumplir dicha norma, el analista político Virgilio Caballero considera que “la clase política ya se dio cuenta de que se les fue la mano con esta ley, y debemos atenernos a la información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, o de organismos ciudadanos”.