na empleada de la clínica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) ubicada cerca de la CAPU acudió a presentar una denuncia a la Agencia del Ministerio Público Especializado en Delitos Sexuales y Violencia Intrafamiliar, luego que presuntamente fue víctima de una violación por parte de un guardia de seguridad privada.
Fuentes cercanas a la Procuraduría General de Justicia (PGJ) confirmaron que el sábado la Fiscalía de Delitos Sexuales inició una averiguación previa contra un vigilante de la clínica del ISSSTE, situada en el Camino Antiguo a Santa María sin número, en la colonia Pino Suárez, a dos calles de la Central de Autobuses de Puebla.
Una empleada del instituto, quien se desempeña como afanadora y es menor de 18 años, aseguró haber sido víctima de una agresión sexual por parte del custodio.
Fuentes de la PGJ señalaron que presuntamente la intendente sostenía una relación sentimental con el vigilante, por lo que se indaga el señalamiento de la agraviada sobre la agresión sexual.
El personal del ISSSTE trató de apoyarla y la orientó para presentar la denuncia ante el Ministerio Público.
Las fuentes de la PGJ prefirieron no mencionar los nombres de los involucrados ni los pormenores de la averiguación previa por discreción en las investigaciones, las cuales han arrojado hasta el momento versiones contradictorias en el caso y debido a ello se analiza si la denuncia procederá o no por el delito de violación
FUENTE: http://e-consulta.com
“... no es de la violación de las reglas sino de su aplicación a ultranza de donde surgirán la torsión y el desvío, de la rigurosa vigilancia de una completa rectitud, de la custodia inflexible de una normalidad total y atroz” (sinopsis del largometraje La mirada invisible)
No será a través de preceptores/as como los retratados en la película de Diego Lerman ni estamos bajo dictadura militar, pero la vocación por espiar resiste la temporalidad democrática y encuentra en la tecnología puesta al servicio de fisgones estatales y privados la oportunidad de realización y negocio, al amparo del silencio de los siempre dispuestos a ofrendar libertades, derechos y garantías en el altar de la supuesta “seguridad”.
La ola de robos en la Capital tamaulipeca, al menos los “documentados” por el Ministerio Público y las bajas que se han registrado en el primer semestre del año, está obligando a los 800 socios de la Canaco local exigir recursos al Gobierno federal para proteger sus patrimonios y negocios que tanto esfuerzo les está costando tenerlos de pie.
Federico González Sánchez, vicepresidente de Desarrollo Empresarial de la Cámara Nacional de Comercio en la localidad, expuso que reportan algunas bajas en las ventas, pues los robos están a la orden del día y la idea es, “buscar los elementos para contrarrestar esta situación, si existen medios electrónicos que puedan apoyarnos tenemos que hacer uso de ellos”, dijo el joven empresario.
“…queremos buscar apoyos a nivel de Concanaco, estamos haciendo gestiones, nosotros tenemos créditos para que puedas proteger tu patrimonio, tu negocio que tanto esfuerzo te ha costado, nosotros como Cámara estamos pensando en qué hacer, solicitando también tanto al Gobierno federal, vamos a solicitar, vamos a tocar puertas para que podamos tener los recursos y no nos veamos afectados, vayamos haciendo y levantando la voz, vamos a solicitar la gestión de apoyos en Tamaulipas, apoyos en Ciudad Victoria para tener y que haya el desarrollo económico en la entidad, podamos levantar la mano y exigir se nos tome en cuenta”.
“Dentro de su servicio se dan cuenta qué casas están solas y en cuáles pueden robar”, advirtió Teodoro Servín, vecino de Azul Maguey.
“En lugar de guardias teníamos ladrones”, acusó Belem Serrano, vecina de Real Delta.
Los guardias de esas colonias fueron improvisados. No están en el registro del Municipio ni tienen una preparación adecuada ni acreditación para ofrecer servicios de vigilancia.
México es uno de los países que importa más morteros y lanzagranadas a nivel mundial, según publicó el Instituto de Estudios Internacional y de Desarrollo, con sede en Suiza, basándose en las compras legales de armamento ligero a nivel mundial.
En el periodo 2006-2009, México fue el país que más compró lanzagranadas under-barrel, con 1,419. El segundo puesto lo tiene Letonia con 250 y el tercero Polonia con 123.
También destaca entre los cinco primeros lugares en la importación de morteros con 62, sólo por debajo de Bangladesh con 173 y de Georgia, en Europa, con 105, publicó ese instituto en su informe Armas Ligeras 2011.
El reporte concluye que el valor total por la transferencia legal de armas ligeras durante el último año de mil millones de dólares. Si se suma el valor de la compra de otras armas y las municiones, el monto asciende a siete mil millones anuales.
América Latina, la más armada
Además de las transferencias entre gobiernos, la popularidad de las armas se debe al incremento de la seguridad privada en México y en general América Latina.
Según Armas Ligeras 2011, México cuenta con algunos "ejércitos" en el sector privado con entre 450,0000 y 495,000 miembros. Todos ellos debidamente armados.
Incluso consideran que podría haber casi 600,000 miembros de seguridad privada sin registro.
De hecho, el informe concluye que la posesión de armas por individuo de los agentes de seguridad privada de América Latina es 10 veces superior a la de Europa Occidental.
El total de agentes en activo registrados es de 20 millones en la región, casi el doble de los policías de la región.
Los directivos del reporte aseguran que el fenómeno está ligado a que en Latinoamérica existe la tradición de potenciar la seguridad privada para sustituir a la policía o para atender los altos niveles de violencia.
Centroamérica es la región del continente que más cuenta con agentes privados. Está a la cabeza Guatemala, que tiene 120,000 miembros de seguridad privada, contra 19,900 policías.
En Honduras, hay 60,000 agentes privados y 12,300 policías; en Nicaragua, 19,700 agentes y 9,200 policías o en El Salvador, 21,140 agentes y 16,730 policías.
El informe concluye que la transferencia de armas podría aumentar considerablemente porque la legislación de muchos países no prohibe ni regula el número de armas ligeras que cada agente privado puede portar.
El estudio hecho en 70 países concluyo que los elementos de seguridad privada tienen en total cuatro millones de armas de fuego, obtenidas de manera legal.
FUENTE: http://mexico.cnn.com