El director de Coldeportes Jairo Clopatofsky reconoció que el Gobierno está pensando en el pago se seguridad privada para proteger los estadios en los días de futbol y quitarle la responsabilidad a la policía.
El argumento del director de Coldeportes es que en ciudades como Bogotá se usan mas de mil policías para apoyar ese evento. “Eso hace que distraiga la atención de la fuerza pública” en otras zonas.
La propuesta, que por ahora es una simple idea sin mayor debate, buscaría involucrar en la financiación a los Alcaldes y los equipos de futbol.
Para Clopatofsky lo que se quiere es la búsqueda de formulas con el sector privado para que el espectáculo se pueda manejar.
La iniciativa se sumaría a la incorporación de detectores de metales y cámaras de video en los estadios. Ya el Ministerio del Interior ya anunció la entrega una partida para tal fin.
Esas medidas se aplicarán una vez se ordene el retiro de las mallas que protejan las canchas de futbol y se enumeren las sillas.
De otra parte, el Gobierno también piensa en un salvavidas económico para que los equipos con problemas financieros. El Gobierno piensa en créditos a cinco años para los equipos.
FUENTE: www.terra.com.co
El Presidente del Consejo Municipal de Participación Ciudadana de Seguridad Pública, Jesús Francisco Favela Cárdenas reveló que en los últimos dos años, se ha registrado un 30% de incremento en el número de empresas que solicitan este tipo de servicio, pero también se observa un aumento en los organismos que quieren brindarlo sin contar con los permisos y peor aún, la capacitación necesaria.
Dos testigos relacionados a la industria de seguridad privada, que testificaron ayer en el juicio que se celebra contra el senador Héctor Martínez y el empresario Juan Bravo por soborno y conspiración, afirmaron que fueron mantenidos a oscuras con relación a los dos proyectos importantes para su industria que se discutían en el Senado.
Estas afirmaciones son relevantes en el sentido de que la fiscalía federal sostiene que los coacusados Martínez y Bravo se confabularon para trabajar dos proyectos de ley en tiempo récord y a espaldas de la industria que afectaba.
Esos dos proyectos fueron una nueva Ley de Detectives Privados y un código de acceso a los centros comerciales.
Martínez y Bravo están acusados porque el primero supuestamente le aceptó al segundo un viaje a Las Vegas, a cambio de trato favorable a esos dos proyectos de su interés. Martínez también enfrenta un cargo de obstrucción a la justicia.
Tarde ayer, el testigo Néstor Medina, hasta el año pasado gerente general de Loomis Fargo, una empresa de transporte de valores, indicó que en la compañía no se enteraron sobre la discusión del proyecto de los detectives privados hasta que llegó a la Cámara, tras ser aprobado en el Senado.
Medina dijo que este proyecto hubiera sacado del mercado a Loomis Fargo y hubiera dejado en el aire una valiosísima cartera de $10 millones en contratos, ya que se contemplaba que el Principal Oficial Ejecutivo de cada compañía de seguridad necesitaba tener una licencia de detective privado otorgada en Puerto Rico.
Datos genéticos y registros de voz de más de 620 mil policías de todo el país, incluyendo elementos de seguridad privada, serán archivados para crear la primera base de datos de su tipo como una medida de control o en su caso, detectar algún vínculo con la delincuencia.
El proceso de recopilación de muestras inició el pasado 21 de febrero y el Centro Nacional de Información (CNI) federal será la unidad responsable de la integración de los expedientes.
A través de un comunicado se informó que este proceso dará mayor certeza y facilitará la identificación de cada elemento de seguridad, además se podrá dar seguimiento al intercambio de policías que entren a las corporaciones del país.
La primera etapa del proyecto se aplicará en Hermosillo, Sonora, con la capacitación del personal que tomará las muestras; de manera sucesiva se replicará el programa a entidades aledañas, hasta llegar al sur del país a finales de 2011.
El CNI advirtió que la entrega de muestras será obligatoria, ya que se sustenta en el artículo 21 de la Constitución y en el artículo 19 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Para garantizar el éxito en la ejecución del programa, se contará con el apoyo de instancias federales como el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Secretaría de Seguridad Pública, así como los Consejos Estatales de Seguridad Pública de las 32 entidades federativas del país.
FUENTE: www.aztecanoticias.com.mx
Tras un paro de 24 horas y varias movilizaciones en los últimos días, los trabajadores de la seguridad privada se reunieron ayer en el marco del Consejo de Salarios y recibieron una propuesta salarial que si bien no contempla sus aspiraciones, "mejora sustancialmente" la oferta inicial.
Luego de escuchar el planteo de las empresas, los funcionarios agremiados en la Unión Nacional de Trabajadores de la Seguridad (Unatrase) realizaron una asamblea que resolvió suspender las medidas, analizar la oferta y responder el viernes al Ministerio de Trabajo y a la patronal si aceptan o no.
El delegado sindical, Héctor Castellano, prefirió no hablar del monto ofrecido, pero aseguró que si bien está "lejos" de sus aspiraciones, es un "avance". Los trabajadores reclaman un salario base de $ 15.400 por 200 horas mensuales. Según Castellanos, lo que sí fue de recibo para las empresas son algunos de los otros puntos de la plataforma: el pago por presentismo y la eliminación de los tickets de alimentación como parte del salario. El pago por nocturnidad, sin embargo, no fue contemplado.
El viernes habrá un plenario de delegados de la Unatrase que definirá el tema. Castellano aseguró que hasta ese día no harán movilizaciones ni paros que entorpezcan el funcionamiento de las empresas de seguridad. "Sólo se harán asambleas para evaluar la propuesta y decidir el viernes en el plenario", puntualizó.
Los guardias de seguridad en conflicto son unos 25.000 en todo el país.
FURENTE: www.elpais.com.uy